La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la Sra. Susana Giménez el pasado 28 de febrero en medios televisivos y gráficos, por consistir sus expresiones una clara vulneración a pilares y garantías elementales de nuestro orden constitucional.

Señor presidente:

El día 28 de febrero pasado, a raíz del asesinato de un florista y decorador que trabajaba con ella en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, Susana Giménez, la famosa conductora de televisión, profirió una serie de declaraciones vinculadas a la pena de muerte y al menosprecio de los derechos humanos.

Específicamente, Susana Giménez manifestó que "El que mata tiene que morir" (sic); "basta de derechos humanos para los que matan"(sic), entre otras lamentables declaraciones.

Estos dichos, si bien pueden pasar inadvertidos cuando son emitidos por cualquier ciudadano, revisten especial importancia cuando se trata de una persona que, por ser altamente conocida en ámbitos nacionales e internacionales, tiene un fácil y rápido acceso a los medios de comunicación. Por ser una figura pública, carga con una mayor responsabilidad social de la cual no puede desligarse.

El motivo de esta preocupación radica en la rápida y excesiva difusión mediática que tuvieron estas manifestaciones, las cuales atentan contra una de las garantías más sagradas de nuestro orden constitucional: la prohibición de la pena de muerte. Esta prohibición se desprende no sólo del art. 18 de nuestra Carta Magna, sino también del art. 4 inc 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sobre este tema, es importante recordar que las penas no deben tener un fin neutralizador sino todo lo contrario, ya que su norte debe ser la disuasión de la sociedad a la comisión delictiva, y la reintegración social del condenado tal como lo plantea explícitamente nuestra Constitución Nacional.

Asimismo, la alusión a la derogación de derechos humanos para un determinado sector social (convirtiendo a ese sector social en "no-ciudadanos"), implica también no sólo la vulneración de garantías elementales para un Estado de derecho, como son el principio de igualdad, el principio de proporcionalidad, el derecho a la dignidad, entre otros, sino la vuelta a una línea de pensamiento que, en materia de política criminal, alude a penas más severas, a un mayor crecimiento de las cárceles, a menores garantías durante el proceso judicial, e incluso a la utilización de la privación de libertad como forma de protección en el caso de los menores de edad.

En síntesis, implican un regreso a las políticas criminales que aluden a la tolerancia cero, que tantas violaciones a los derechos civiles generaron en los países en los cuales se aplicaron (Vid. WACQUANT, LÖIC, Las cárceles de la Miseria, Manantial, 1998).

Es por ello que este tipo de declaraciones, si bien pecan de una profunda ignorancia sobre la cuestión de la seguridad, no pueden encontrar justificación bajo ningún pretexto; y es precisamente porque fueron emitidas por una persona que conoce el alcance mediático que pueden obtener.

Aquí nunca se dudará del derecho a la libertad de expresión que garantiza la propia existencia de un Estado democrático, pero este derecho, en manos de figuras públicas, implica un incentivo a una mayor responsabilidad a la hora de emitir opiniones, sobre todo cuando se trata de áreas tan sensibles como son la seguridad y los derechos humanos.

A la hora de estar frente a un micrófono, las figuras públicas deben asumir su función social de manera seria y responsable, y por ello sus dichos deben tratar de fortalecer pilares democráticos más que transformarse en portavoz de ideas que dejan traslucir una clara degradación de garantías constitucionales, verdaderas esencia de un sistema democrático.

Para constituir una verdadera nación y un Estado democrático, hay límites que no se pueden transponer y en eso precisamente radica el valor de los derechos fundamentales anclados en nuestro derecho positivo nacional. Esperemos que nunca más declaraciones de esta naturaleza vuelvan a proferirse por ninguno de los habitantes de nuestro país.