La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Emilio Fermín Mignone, cofundador y primer Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al conmemorarse el 30° aniversario de su fundación, el 14 de marzo de 2010.

Señor presidente:

I. ¿Quién fue Emilio Fermín Mignone?

Emilio Fermín Mignone fue uno de los líderes más importantes del movimiento de derechos humanos que surgió espontáneamente en la Argentina durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Cuando volvió la democracia siguió dirigiendo y guiando el movimiento dando a conocer en el país y el extranjero las decenas de miles de crímenes y atrocidades cometidos por la dictadura durante los años del terrorismo de estado. También contribuyó al esfuerzo para juzgar a los perpetradores de esos crímenes para asegurar que un régimen de terrorismo de estado nunca más volviera a la Argentina y para asegurar y fortalecer la democracia en la Argentina.

Su trabajo en derechos humanos fue reconocido internacionalmente. En 1983 recibió el Premio de derechos humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies en Washington, D.C. Posteriormente recibió el premio Roger E. Joseph Award otorgado por el Hebrew Union College en New York y el premio Derechos Humanos otorgado por el Lawyers Committee for Human Rights de Nueva York. También sirvió en cargos directivos en numerosas organizaciones internacionales dedicadas a los derechos humanos, incluyendo el Kellogg Institute of the University of Notre Dame, Article 19 y el Center for Justice and International Law.

El compromiso de Emilio F. Mignone con los derechos humanos se remonta a su juventud. En la década de los cincuenta critico los fusilamientos por ley marcial decretados por un gobierno militar para suprimir un levantamiento de sus opositores. En esa ocasión predijo que la violencia del gobierno contra la oposición llevaría a la ola de violencia que sumergió al país en los sesenta y setenta como ocurrió trágicamente.

El compromiso de Emilio Mignone con los derechos humanos estaba basado en su fe. Toda su vida fue un católico laico dedicado a la vida de la iglesia. A principios de los setenta comprendió que una de las misiones de la iglesia era denunciar las injusticias y proteger los derechos humanos. En la madrugada del 14 de mayo de 1976, Mónica, hija de Emilio que tenía 24 años, fue secuestrada de la casa de Mignone y nunca más fue vista. Mónica fue uno de miles de detenidos-desaparecidos durante los años del terror del estado y que nunca más fueron vistos.

A partir del 14 de mayo de 1976 Emilio dedicó su vida a buscar a su hija. Escribió cartas abiertas a los generales que gobernaban el país, visitó los cuarteles, se entrevistó con funcionarios del gobierno, sacerdotes, obispos y cardenales de la iglesia católica. Al mismo tiempo ayudó a organizar las nuevas organizaciones de derechos humanos que se establecían en el país. En 1976 fue designado Vice Presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). En 1980 fundó con otros padres de detenidos desaparecidos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). También contribuyó al desarrollo del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y apoyó desde sus comienzos a las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo, movimientos emblemáticos de la lucha por los derechos humanos en la Argentina durante y después de la dictadura.

Su contribución institucional más importante fue su liderazgo frente al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que jugó un papel clave en la documentación de los crímenes de la dictadura y proveyó pruebas en el juzgamiento de los perpetradores del terrorismo de estado. El CELS también ayudó a muchas personas en el esfuerzo para que el sistema judicial respondiera a sus necesidades.

Durante la dictadura Emilio se quedó en la Argentina con su esposa e hijos defendiendo los derechos y arriesgando su vida y fue detenido por el régimen en enero de 1981 que felizmente tuvo que soltarlo por efecto de la presión internacional. Aunque Emilio residió en el país, al darse cuenta que el régimen nunca daría información a los familiares sobre los miles de detenidos- desaparecidos, también desafió la dictadura viajando por el mundo para obtener solidaridad internacional para la causa de los derechos humanos, sin embargo siempre volvía al país.

Emilio Mignone fue uno de los dirigentes más eficaces del movimiento de derechos humanos contra las desapariciones, la tortura y los miles de asesinatos políticos realizado por el estado. Ayudó a documentar los crímenes, asistió a las víctimas y los familiares por medio del sistema judicial y utilizo todos los componentes del sistema internacional para la protección de los derechos humanos, incluyendo primero y ante todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchas organizaciones no gubernamentales: Amnesty International, the Washington Office on Latin America, the Lawyers Committee for Human Rights y Americas Watch (actualmente llamado Human Rights Watch), por nombrar unas pocas.

Emilio fue testigo en los juicios que condenaron a cinco militares de alta graduación por violar los derechos humanos en 1985, se opuso a los esfuerzos de una administración democráticamente elegida para restingir el enjuiciamiento de los militares por la violación de los derechos humanos y escribió libros sobre la reforma constitucional, educación y derechos humanos y las relaciones entre la iglesia y el estado durante el gobierno militar. A lo largo de su vida Emilio escribió mucho sobre temas sociales, educacionales y derechos humanos en diarios, periódicos especializados y libros. Entre estos últimos se cuentan Iglesia y Dictadura (1) y Derechos Humanos y Sociedad (2) . El primero fue traducido y publicado en inglés, francés, italiano y portugués.

Emilio fue Director General de Enseñanza de la provincia de Buenos Aires (1949-1952), subsecretario de educación de la nación (1969-1972); Rector de la Universidad Nacional de Luján (1973 -1976); Director de la Oficina de Buenos Aires de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) (1977-78) y fue incorporado a la Academia Nacional de Educación en 1994. Uno de sus proyectos se hizo realidad cuando se creo el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria la primera entidad creada en la Argentina para acreditar universidades de la cual fue presidente hasta su fallecimiento. Mignone pensaba que la educación era un pilar para el movimiento de derechos humanos y esto lo llevó a escribir libros de texto sobre las ciencias sociales y un Manual sobre la Constitución Argentina de 1994 (3) .

Emilio Fermín Mignone murió de cáncer en Buenos Aires el 21 de diciembre de 1998. Desde entonces su memoria ha sido recordada en su país y en el extranjero.

II. ¿Cómo se gestó el CELS? (4)

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se fue gestando y comenzó a funcionar a lo largo de los años 1978 y 1979, hasta constituirse formalmente por un acta trasladada a escritura pública el 14 de marzo de 1980. Sus creadores como Emilio F. Mignone, Augusto Conte, Boris Pasik, Alfredo Galletti y José Federico Westerkmnp, pertenecían a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o como Angélica P. Sosa de Mignone, Carmen Aguiar de Lapacó y Elida Bussi de Galletti, integraban las Madres de Plaza de Mayo. El objetivo de su gestación, realizado en el domicilio del primero de los nombrados, fue complementar las tareas que realizaban las otras organizaciones de derechos humanos en campos que, por diversas razones, las mismas no alcanzaban a cubrir. A diferencia de las mencionadas con anterioridad no es una institución dedicada al activismo ni de tipo representativo, sino más bien de prestación de servicios y de interrelación.

El CELS se autodefine como un equipo de trabajo multidisciplinario y pluralista, integrado por personas comprometidas en la defensa de los derechos humanos y el sistema democrático. Es una organización no gubernamental constituida en forma de asociación civil, sin fines de lucro, con personería jurídica reconocida por resolución número 000556 del 19 de septiembre de 1985 de la Inspección General de Personas Jurídicas del Ministerio de Educación y Justicia e inscripta en el registro Nacional de Entidades de Bien Público del Ministerio de Salud y Acción Social bajo el número 2857. Funciona en la calle Rodríguez Peña 286, piso 1, 1020 Buenos Aires, teléfono 40-9968 y fax (541) 362- 4956 (5) . Su estatuto establece los siguientes fines: 1) Realizar investigaciones y estudios en el ámbito de las relaciones entre el derecho y la sociedad, dirigidos a la defensa de la dignidad de la persona humana, de la soberanía del pueblo, del bienestar de la humanidad -en particular de los sectores más desprotegidos- y del medio ambiente; 2) Promover o ejecutar acciones administrativas y judiciales destinadas a procurar la vigencia de esos principios y valores; 3) Bregar contra las violaciones, abusos y discriminaciones que afecten los derechos y libertades de las personas y de la sociedad por razones religiosas, ideológicas, políticas, gremiales, raciales, culturales o por causa del sexo o la edad; 4) Apoyar toda iniciativa tendiente a afianzar la paz entre los pueblos y oponerse a cualquier forma de belicismo. Durante la dictadura militar el CELS desarrolló tres programas fundamentales que todavía, con ampliaciones y perfeccionamientos, constituyen su principal línea de acción, Uno de carácter jurídico, destinado a llevar adelante causas individuales ante la justicia, particularmente de tipo modelo (leading cases). Otro de documentación, estudios y publicaciones, Y un tercero de cooperación nacional e internacional. Se trata de actividades que en aquella época fueron propuestas a la APDH y que ésta, por distintas razones, decidió no encarar. La labor del CELS ha dado excelentes frutos. El poder judicial, aún en el período de la dictadura militar, respondió en forma inesperada a los requerimientos y se avanzó en forma considerable en la investigación de diversas situaciones, estableciéndose en algunos casos una nueva jurisprudencia. Estos procesos fueron de gran utilidad en la labor de la futura Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Justicia a partir del advenimiento de la democracia. En materia de documentación el CELS ha logrado reunir el repositorio mas completo de la Argentina, que es mantenido al día. Se lo puede consultar a través de un sistema de codificación computarizada y en 1990 se ha dado comienzo a su microfilmación. Ello permitirá disponer de copias que podrán ser vendidas a instituciones interesadas en el país y en el exterior. Alcanza en este momento a unos l00.000 documentos. Este archivo ha facilitado la elaboración de estudios y publicaciones por el personal del CEL5 y por parte de numerosos investigadores, académicos, estudiantes y periodistas, tanto argentinos como extranjeros. Finalmente el programa de cooperación ha prestado ingentes servicios a las organizaciones hermanas, partidos políticos, iglesias, gobiernos, universidades e instituciones del país y del exterior, entre ellas la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADFP), la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Internacional de Juristas y Amnistía Internacional.

El origen del CELS está vinculado con algunos acontecimientos que no quiero dejar de relatar. En abril de 1979 la Association of the Bar of the City of New York (Colegio de Abogados de Nueva York) envió a la Argentina una misión de letrados presidida por Orville H. Schell, antiguo presidente de la entidad y cabeza de un importante bufete e integrada por Marvin E. Frankel, ex-juez federal de Nueva York; Harold H. Healy, Stephen L. Kass y R. Scott Greathead. El impulso para el envío de la delegación provenía del entonces naciente Lawyers Committee for Human Rights, bajo la animación de su director ejecutivo Michael H. Posner. Tenía por objeto averiguar la veracidad de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y las trabas al ejercicio de la profesión de abogado en la Argentina. Se trataba de un conjunto de distinguidos letrados del foro neoyorkino, algunos de ellos miembros de prominentes estudios y vinculados a empresas multinacionales. Por esta circunstancia el embajador de la dictadura militar argentina ante la Casa Blanca, Jorge Aja Espil, aceptó la propuesta de la visita considerando, equivocadamente, que dicha condición garantizaba el apoyo a un régimen vinculado con los grandes intereses económicos y con la oligarquía financiera y forense local. No contaba con la probidad y adhesión a los valores de la dignidad humana de los integrantes de la misión.

En siete días la delegación cumplió una labor excepcional. Entrevistó a las autoridades, a las organizaciones profesionales y de derechos humanos, a víctimas de la represión y sus familias y se formó un panorama exacto de la situación. El resultado fue un objetivo y documentado informe difundido en octubre del mismo año que causó sensación por cuanto acreditaba sin lugar a dudas las graves violaciones ocurridas y responsabilizaba de ellas al gobierno de las fuerzas armadas. Incluía como anexo una lista de más de 191 abogados arrestados sin proceso o detenidos-desaparecidos (6) . La influencia de este testimonio fue enorme en la opinión pública y el gobierno de los Estados Unidos, dada la imparcialidad de su origen, insospechable de marxismo, como el régimen dictatorial argentino calificaba a sus críticos. Me tocó acompañar y orientar, junto con otros abogados con quienes estábamos formando el CELS, a los integrantes de la misión. A lo largo de esas conversaciones se fue gestando la idea de lo que sería nuestra institución.

Al escribir estas líneas deseo rendir un emocionado homenaje a Orville H. Schell, fallecido hace algunos años y cuyo nombre lleva -merecidamente- el Centro de la Universidad de Yale que patrocinó el seminario sobre transición a la democracia en la Argentina que tuvo lugar en New Haven, Estados Unidos, del 4 al 8 de marzo de 1990. Prominente abogado de Wall Street, Orville Schell consagró la última década de su fecunda vida a la causa de los derechos humanos, poniendo al servicio de la misma su inteligencia, capacidad de trabajo, sabiduría y prestigio.

Poco después arribó a Buenos Aires el abogado estadounidense Leonard Meeker. Retirado como director de la asesoría jurídica del Departamento de Estado y ex-embajador en Rumania, Mecker concentraba su actividad en el Center for Legal and Social Research, ubicado en Washington D.C. y dirigido a promover causas judiciales para evitar los abusos contra las personas y el medio ambiente. Nos sirvió de inspiración para la labor proyectada y para nuestro nombre. Pese a que el CELS se encontraba en embrión, Mecker creyó en nosotros y como su institución contaba con algunos fondos para proyectos en el Tercer Mundo, nos proporcionó los primeros y valiosos recursos para iniciar nuestra tarea en una modesta oficina de un solo ambiente en la calle Viamonte 1365, piso 4, D, facilitada por Noemí Fiorito de Labrune, que colaboraba con nosotros en el sector de estudios y documentación. Nuestra primera secretaria fue María Cristina Caiati, actualmente a cargo de la oficina de Prensa de la institución y redactora de su boletín.

Finalmente la iniciación del CELS se encuentra íntimamente ligada con la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Esta visita fue demorada durante mucho tiempo por el gobierno de las fuerzas armadas, con la complicidad del entonces secretario general de la O.E.A., el argentino Alejandro Orfila. La dictadura aceptó finalmente su venida por la presión ejercida por el gobierno del presidente Jimmy Carter, a quien manifesté personalmente mi reconocimiento y el del pueblo argentino por su política de derechos humanos, que salvó muchas vidas en nuestro país, en ocasión de su visita a Buenos Aires en octubre de 1984. Esta interpretación, que vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, ha sido confirmada por el testimonio aportado por la investigadora norteamericana Kathryn Sikkink, que dice así:

En setiembre de 1978 el vice-presidente Mondale (de los Estados Unidos) y el presidente Videla de la Argentina, mantuvieron una entrevista privada en Roma para discutir la preocupación del gobierno de los Estados Unidos por la situación de derechos humanos en la Argentina. Durante el encuentro los dos hombres hicieron un trato: a cambio de la invitación por la Argentina a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos para realizar una investigación in situ de las prácticas sobre derechos humanos, los Estados Unidos autorizarían el desembolso de fondos del Export-1mport Bank, para la Argentina, que estaban bloqueados por los abusos del gobierno argentino en materia de derechos humanos (Entrevista de la autora con Walter Mondale, Minneapolis, 20 de junio de 1989). Efectivamente, semanas más tarde los Estados Unidos aprobaban el otorgamiento de recursos por parte del Eximbank para la Argentina y en diciembre de 1978 este país invitaba a la C1DH a realizar un misión investigadora en su territorio (7) .

Según es sabido, la Comisión Interamericana produjo un aplastante informe, a cuyas conclusiones me he referido con anterioridad (8) . Su difusión en todo el mundo fue recibida con sorpresa y con furia por la dictadura, que no esperaba ese revés. Había creído que el secretario general de la OEA Alejandro Orfila estaba en condiciones -como lo había insinuado a fin de obtener el apoyo para su reelección- de conseguir un pronunciamiento favorable. Este resultado provocó la airada reacción de varios altos jefes que se habían opuesto a la invitación de la ClDH, en particular los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez, comandantes del primer y tercer cuerpo de ejército, respectivamente. La dictadura decidió entonces prohibir su publicación en el país y sólo autorizó la reproclucci6n de sus conclusiones -escritas en un terso lenguaje jurídico- junto con una pretendida refutación gubernamental. De esa manera se evitaba el conocimiento de los testimonios y pruebas aportadas, que constituían el impacto más desgarrante del documento. Muchos de dichos hechos serían más tarde conocidos por la población a través del informe de la CONADEP. Ante esa situación viajé a Washington, donde el secretario general de la CIDH, Edmundo Vargas Carreño, me hizo entrega de quinientos ejemplares cuya entrada al país ya he relatado. Distribuimos los ejemplares en forma seleccionada, mano a mano, entre los sectores influyentes de la sociedad (periodistas, políticos, jueces, dirigentes religiosos, sociales y culturales). Con mucha dificultad por el temor reinante, dividiendo las hojas en distintas casas fotocopiadoras y con la eficaz colaboración del doctor José Federico Westerkamp, reprodujimos otras mil copias. Esto fue todo. El informe quedó desconocido en la Argentina por al gran público aunque en enero de 1984, con el titulo de El Informe Prohibido, lo publicó el CELS con OSEA (Oficina de Solidaridad para Exiliados Argentinos), con un prólogo mío y de Augusto Conte. Allí explico que el representante interino de la OEA en Buenos Aires, Roberto Monti (oficial retirado de la fuerza aérea argentina), violando las normas de la Organización, destruyó los ejemplares que le llegaron y se negó a venderlos al público, con la cobertura del secretado general Alejandro Orfila (9) . Con anterioridad a la misión de la CIDH los integrantes del CELS estuvimos en contacto con su secretaría ejecutiva, desempeñada por un antiguo amigo mío, el diplomático y profesor universitario chileno Edmundo Vargas Carreño. Esta labor la realizamos al margen de la Asamblea Permanente por cuanto algunos de sus miembros, en particular los vinculados con el partido Comunista, se oponían a esa relación. Con la eficaz colaboración de Noemí Fiorito de Labrune revisamos varios miles de denuncias existentes en la APDH y seleccionamos trescientas donde estaba acreditada la participación de los agentes del gobierno de las fuerzas armadas en la detención de los llamados desaparecidos. Las fotocopiamos y sin contar con la autorización de la APDH, que sostenía que eran de carácter confidencial y que el utilizarlas de esa manera podía violar la voluntad de los denunciantes y colocarlos en peligro, las llevé a Washington, mientras Noemí Labrune recorría las sedes de los obispados católicos para tratar de convencer a sus titulares de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Tarea, por cierto, inútil en la mayoría de los casos. Llamábamos al paquete en la jerga interna, por su volumen, el libro gordo de Petete, publicación infantil entonces de moda. En la secretaría ejecutiva de la CIDH se seleccionaron cincuenta casos entre los que contaba el organismo y los nuestros y ya en la Argentina, mientras una parte de la misión recibía casi seis mil denuncias -tarea abrumadora, imposible de procesar en el momento- otros de sus miembros profundizaban las situaciones elegidas. Este método permitió avanzar en episodios paradigmáticos y arribar a la conclusión de la responsabilidad de las fuerzas armadas en la detención, secuestro, tortura y asesinato de los denominados desaparecidos. Estoy convencido que el aporte referido fue sumamente útil para la efectividad del informe. Quince días antes de la misión llegó a Buenos Aires para prepararla Vargas Carreño, quien se dirigió a mi casa para ajustar sus detalles. Prestamos la misma colaboración con otras avanzadas de la CIDH, en particular el abogado Edgardo Paz Barnica -actual embajador de Honduras en la Argentina- quien se alojaba en el Plaza Hotel, donde lo visité con Augusto Conte mientras la policía y los servicios de inteligencia nos vigilaban constantemente, dando lugar a varios incidentes. En mi libro Iglesia y Dictadura he relatado como intenté en vano que el cardenal Raúl F. Primatesta, arzobispo de Córdoba, facilitara inmuebles en esa ciudad y en Tucumán para recibir las denuncias de los familiares de las víctimas. Adujo que quería ser "neutral", como si la OEA fuera un enemigo del país. Curiosamente esta fue la reacción de numerosos prelados, como explico en el mismo volumen. Durante el transcurso de la misión los dirigentes del CELS estuvimos en contacto permanente con sus integrantes formulando sugerencias, organizando entrevistas y cumpliendo las tareas que nos solicitaban. Esta colaboración confirmó nuestro propósito de desarrollar una intensa relación con los organismos regionales e internacionales, concientes de la utilidad de su contribución a nuestra lucha. La APDH mantuvo su reticencia, aunque forzamos una entrevista de la misión con sus directivos, que se realizó en el dormitorio de un hotel, para lo cual contamos con la firme decisión de monseñor Jaime de Nevares, quien viajó con dicho propósito desde Neuquén.

III. ¿Un Premio Internacional de Derechos Humanos lleva su nombre?

El "Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio F. Mignone" fue anunciado en marzo de 2007 por el Canciller Jorge Taiana, quien explicó que "este premio tiene como fin el reconocimiento del Gobierno argentino a instituciones o personas de cualquier condición y lugar del mundo, extranjeras, residentes en otros países, que se destaquen en la promoción y protección de los Derechos Humanos". En consonancia con los objetivos permanentes de política exterior argentina, el premio es una expresión más del rol protagónico que nuestro país ha asumido en los últimos años en materia de derechos humanos y que lo ha ubicado como referente de la materia en el plano internacional.

Se entregará anualmente y consiste en una invitación a la persona o representante de la institución distinguida a visitar la Argentina durante una semana. En el transcurso de ella, se organizarán conjuntamente con el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos un programa de actividades para difundir la labor del galardonado y recoger experiencias en la Argentina. Las representaciones argentinas en el exterior fueron, principalmente, las encargadas de sugerir candidatos y consultar a las principales organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

En tal sentido, se conformó un Comité de Selección compuesto por representantes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, un representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería, quienes tras una exhaustiva revisión de propuestas enviadas por las representaciones argentinas en el exterior, definen los criterios de la elección de la terna que remiten al Canciller.

El 3 de diciembre de 2007, el canciller Joge Taiana - al hacer la primera entrega de esta distinción -, declaró:

"La emoción y el honor de dar este premio que lleva el nombre de Emilio Mignone tiene un doble significado. Por un lado el hecho de que finalmente se ha logrado que los tres poderes del Estado estén en consonancia con los cuatro pilares de la lucha por los derechos humanos: verdad, justicia, memoria y reparación, y por otra parte dejar en claro la importancia que nuestro país asigna en el marco de su política exterior a la promoción de esos derechos".

El jefe de la diplomacia argentina resaltó la figura de Emilio Mignone, "una figura clave, un hombre que supo combinar los más firmes principios con el sentido práctico de la acción, ayudó a descubrir los mecanismos del terrorismo de estado y entendió la solidaridad internacional como una herramienta poderosa para ayudar a detener las violaciones a los derechos humanos".

"Este premio es una forma de dar aliento a los que luchan por esos derechos, una muestra de la solidaridad de nuestro país y un pequeño paso que señala la decisión de la sociedad argentina de lograr la verdad, justicia, memoria y reparación" y su "reconocimiento a los organismos de otros países" concluyó Taiana.

IV. Consideraciones finales

Por todo lo antedicho, proponemos que los representantes del pueblo argentino le brindemos un justo reconocimiento a este infatigable luchador por los derechos humanos.