La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, disponga las medidas necesarias para desclasificar y dar a publicidad las pruebas que los organismos de inteligencia tengan respecto de la causa AMIA.

Señor presidente:

El 18 de julio de 1994 ocurrió el peor atentado terrorista perpetrado a la sede de la Asociación Mutual Israelita (AMIA), hecho que dejó un saldo de ochenta y cinco personas fallecidas, trescientas personas heridas de diversa consideración, alrededor de mil viviendas y comercios vecinos destruidos.

Ya pasaron veinte años del trágico suceso y ningún Organismo Nacional competente ha podido dar explicaciones de lo ocurrido.

En septiembre de 2004, el Presidente Néstor Kirchner decidió crear la Unidad Fiscal AMIA, designando como integrante de esa Unidad, al Fiscal General ante los tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal al Dr. Alberto Nisman y le presentó a la persona que trabajaría con él, que era el Jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Jaime Antonio Stiuso, sus palabras, según comentan, fueron "...pibe, vos vas a trabajar junto a éste".

Por ese entonces, su vínculo con el gobierno era óptimo, llegando al momento culminante de mayor cercanía, allá por el 2008, cuando el Fiscal Nisman pidió las detenciones del ex Presidente Carlos Menem y del ex Juez Juan José Galeano, en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA.

La Causa AMIA, se dividió básicamente en dos líneas de investigación, una que se ocupó de la "conexión local" y otra que investigó la "conexión internacional". Solo una parte de la conexión local fue sometida a juicio oral, mientras que el resto de la investigación, estuvo a cargo del Dr. Galeano hasta fines del 2003, fecha en que fue apartado de la cauda por la Cámara de Apelaciones. La causa quedó radicada entonces en el juzgado a cargo del Dr. Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en la fiscalía a cargo del Dr. Nisman.

El juicio oral de la "Conexión local" - partícipes necesarios y delitos conexos - concluyó el 2 de septiembre de 2004 con la declaración de nulidad de todo lo obrado a partir de la causa Brigada. En lo referente al resto de la causa, no se ha llevado a juicio a persona alguna, no existe persona alguna detenida o acusada de participar del atentado, aunque existen algunos imputados y sospechosos, contra quienes se dictaron órdenes de captura.

Con Cristina Kirchner como presidente de la Nación, comenzó la etapa de distanciamiento del Fiscal Nisman con el Gobierno, más aún cuando comenzó a barajarse la posibilidad de realizar un acuerdo con Irán, ese Memorandum de Entendimiento, marcó un quiebre definitivo de su relación con el Gobierno. Prueba de ello es que en el 2013, cuando el Gobierno se acerca a Teherán, el Fiscal Nisman acusó a Irán de infiltrarse en países de América Latina para fomentar actos terroristas.

Con la muerte del Fiscal Alberto Nisman, el Juez Federal Ariel Lijo hizo lugar a la presentación de las pruebas contra el gobierno, ordenando el resguardo de documentación como, las escuchas grabadas en 961 CD de los cuatro teléfonos de Jorge Khalil; supuesto nexo entre los gobiernos de Argentina e Irán; las declaraciones del dirigente Luis D´Elía y de José Eliaschev cuando expusieron frente al Fiscal Nisman durante la investigación de la causa, entre otras.

Por último y en relación a los hechos descriptos, estamos ante el mayor atentado cometido en la historia de nuestro país y permanece impune, con jueces y fiscales que han cometido toda clase de irregularidades durante la sustanciación de las causas judiciales, haciendo que la verdad sea cada vez más distante dejando a una sociedad sin justicia ni verdad, especialmente los 85 fallecidos y sus familias. La Presidente Cristina F. de Kirchner, en su discurso de apertura de las Sesiones Parlamentarias del 1° de marzo del 2013 fue clara y dijo que de "lo que se trataba era de llegar a un juicio, en el que no se iba a saber absolutamente nada porque se había fabricado una causa que no tenía ningún anclaje legal", reconociendo públicamente la responsabilidad que le cabe a su gobierno luego de varios años de finalizado el juicio y aun cuando falta sustanciarse el juicio por encubrimiento.

Por lo tanto y en función de lo expuesto, es necesario revisar desde lo democrático y republicano, todos aquellos archivos secretos o de confidencialidad que están en poder del Poder Ejecutivo con relación a la causa AMIA y procesar a quienes tengan responsabilidad sobre este genocidio.

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.