La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a la instalación de aulas contenedores en las escuelas públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para cubrir la falta de vacantes, constituyendo una absurda violación a los derechos de los niños y jóvenes y también de los docentes, dado que genera condiciones de estudio y de trabajo absolutamente indignas e inhumanas.

Señor presidente:

Asegurar las condiciones para el acceso a la Educación, no es más que la principal herramienta de construcción de Identidad y por supuesto afianza la unión cultural de toda una nación.

La reforma Educativa de los noventa (Ley federal de Educación) enmarcada en ajustes de índole neoliberales, no solo nos deterioró socioeconómicamente, sino a esto debemos agregar que la misma desfinanció a las escuelas públicas, como además, atentó fuertemente contra la precarización laboral y educativa.

Mejorar las condiciones de trabajo dignas y saludables para enseñar y aprender; aseverar el acceso a la educación pública generando igualdad de posibilidades educativas para todos los argentinos, independientemente de la condición social o su pertenencia regional, fue sin duda alguna, el plus valor central de la transformación propuesta por el nuevo modelo impulsado con la llegada de la Ley Nacional Educativa.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su art.7.expresa firmemente que: "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación."

La discriminación laboral se define como "cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación" (OIT, 1958).

Preferir o excluir a franjas sociales en función de las condiciones que por responsabilidad atañen al Ejecutivo de cualquier ciudad, no hacen más que dañar una de las funciones principales planteadas en la estructuración del sistema educativo: LA JUSTICIA SOCIAL.-

Este proyecto surge como llamado a la racionalidad de quienes recurren a las "aulas contenedores" , las que todos sabemos se acude solo ante situaciones fugaces de emergencias climáticas y "lugares inhóspitos", pero no como medida de salvación ante el desorden generado por quienes tienen la distinción y responsabilidad de llevar adelante los destinos de esta sociedad, atentando contra la dignidad de nuestros alumnos, sus familias y maestros, poniendo en riesgo todo el arco de autoridades tanto de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social al referirnos a la Responsabilidad Civil y descontextualizando lo postulado en la Ley Nacional de Educación respecto de la calidad educativa pero por sobre todo lo expuesto, esta decisión arbitraria convierte a los ciudadanos de la Ciudad autónoma de Buenos Aires en ciudadanos con menos derechos, ya que un contenedor solo sirve a políticas de vaciamiento de las escuelas públicas.

Por todo lo expuesto, solicito al Sr. Presidente y a este Honorable Cuerpo, la aprobación del presente Proyecto.