La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a fin de que por medio del Ministerio de Economía de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General Impositiva, Administración Nacional de Seguridad Social y demás organismos que corresponda, se arbitren los medios necesarios para que a raíz de la emergencia sanitaria que se padece y la grave situación de los sanatorios de todo el país y particularmente de Salta, se dispongan", los siguientes beneficios:

1) Se consolide toda la deuda previsional e impositiva que mantienen estos sanatorios, especialmente las declaradas (o sea la de aquellos que trabajan en blanco). Esta consolidación debe ser realizada, incluyendo la deuda vencida hasta el último mes en que se de un plan de pago, para evitar los montos intermedios, ya que no habiendo capacidad de pago extra, si quedan dos o tres meses fuera de la consolidación, se arrastraría una suma imposible de pagar.

2) Para la deuda consolidada, se haría un plan de pago no inferior a 10 años, con una tasa de interés baja y se dejarían sin efecto los recargos y multas que pudieran existir por las faltas de pagos. ( no por falsedades y/o ocultamiento de impuestos) Con la cuota de amortización que esto arrojaría, se podría hacer frente a la situación, ya que los sanatorios que aún quedan en pié, han racionalizado al máximo sus costos y estarían en condiciones de absorber una cuota razonable de amortización.

3) A partir de la moratoria, o plan de pago extendido, no inferior a 10 años, exigir el pago mensual de los devengamientos impositivos y provisionales. Esto sería de cumplimiento riguroso é inflexible.

4) Compensar de alguna forma los saldos acreedores que todos los sanatorios mantienen en IVA, con los impuestos a pagar que se generen.

Señor presidente:

Ya desde la declaración de Emergencia Sanitaria, no se ha podido encontrar la forma definitiva de articular una medida, que ponga fin a la dura agonía que padecen las empresas sanatoriales que brindan un servicio de salud y que se encuentran inmersas en una asfixia económica y financiera, sin precedentes.

La mayoría de los sanatorios, arrastran deudas provisionales é impositivas, que se generaron ante la imposibilidad de pago, ya que los ingresos por las prestaciones efectuadas, estaban totalmente castigados por bajos aranceles y falta de pagos en tiempo y forma por parte de las obras sociales, que manejadas por gerenciadoras é intermediarios, generaron sumas millonarias impagas, que impedían el cumplimiento de obligaciones provisionales y fiscales, ya que se debían atender en forma prioritaria todos aquellos gastos imprescindibles para mantener abiertas las puertas, como compra de insumos, sueldos, pago de luz, gas, etc.

Todo esto, agravado por la fijación unilateral de los aranceles por parte de las obras sociales, que no eran retributivos de los costos de las prestaciones efectuadas. Esto sin contar la gran masa de dinero de la salud, que se malversó en operaciones marginales, que en definitiva constituían negociados y retornos hacia terceros, restando capacidad financiera al sistema.

Seguir analizando los porque de la actual situación de crisis de salud, llevaría horas. Pero quiero dejar aclarado que, por una parte el Estado debe sumas importantísimas a los Sanatorios, a través del PAMI y otras obras sociales y por otro lado, a través de la AFIP y de los fiscos provinciales, se aplican multas, embargos y hasta ejecuciones, por atrasos y/o falta de pago de los devengamientos provisionales e impositivos, que no se pueden cumplir por las razones que he expuesto.

La desesperanza y depresión sufrida por estos prestadores de la salud, es incalculable, y muchas veces los hace pensar en el cierre de sus instituciones, fácil resulta advertir que, numerosos sanatorios, hospitales y centros de salud, padecen hoy una restricción de sus servicios, originada por demoras en los pagos de esos servicios prestados, dentro del esquema vigente, situación que también es padecida por personas físicas dedicadas al arte de curar; como contrapartida, observamos, que esas mismas personas físicas y jurídicas tienen deudas con organismos del estado, sean previsionales o impositivas, cuyo pago, repito, resulta imposible.

Resultado de ello es la existencia de juicios cruzados que abarrotan tribunales, con costos imposibles de dimensionar, aumentando el monto de las respectivas deudas y créditos, que en muchos casos, llevan a los involucrados del sector privado, a concursos o quiebras que de otro modo pudieron ser evitados manteniéndose las fuentes de trabajo.

El Congreso de la Nación, interpretó, con el dictado de la ley 25.590, que nuestro país se encuentra en estado de emergencia sanitaria. Es así que, en razón de esta reconocida emergencia dispuesta, es posible consagrar el método de solución de conflictos que propongo, y otorgarse de esta forma, un cierto respiro a los involucrados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de este Proyecto.