La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que veria con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional a traves del Ministerio de Planificación Federal. Inversión Pública y Servicios, incremente los puntos de venta de la garrafa social en toda la Provincia de La Rioja y que se arbitre los medios para que se respete el teórico precio de 17 pesos.

Señor presidente:

Por segundo año consecutivo advierto sobre la grave situación social que se continúa viviendo con relación al suministro de gas en garrafas y al precio del mismo, lo que hace imprescindible un rapido tratamiento parlamentario, a fin de recomendar al Poder Ejecutivo, que implemente las medidas necesarias para ampliar los puntos de venta de la garrafa social en la Provincia de La Rioja, como así también en el resto de la provincias, y de arbitrar los medios necesarios para hacer respetar el teórico precio de 17 pesos por garrafa de 10 kilogramos según acuerdo de estabilidad firmado entre el Ministerio de Planificación Federal y los empresarios del sector gasifero(Cafragas, Afgas, Cegla), luego de que se dispusiera por ley del Congreso de la Nación una rebaja del IVA del 21% al 10.5 para el gas licuado de petroleo (GLP)

Actualmente la garrafa se vende solamente en tres departamentos en la provincia de la Rioja, uno en la capital, otro en la localidad de Chepes y un tercero en la localidad de Chamical, agravandose la situación porque no tienen stock, ocasionando un perjuicio aún mayor debido a los intensos fríos que debemos afrontar todos los habitantes que vivimos cerca de la cordillera.

Asimismo, se pueden observar diversas irregularidades en la comercialización de Gas en garrafas, tanto en el reparto de mercado, como en el precio, que llega a costar entre los 19 y 22 pesos por garrafa en mi provincia, creando una situación de abuso, por la posición dominante que se produce con relación al precio y a la disponibilidad de un bien imprescindible para la substencia.

Agrego también que la garrafa "común", de 10 kilos seguirá costando entre 24 y 25 pesos de acuerdo con el comercio que la expenda, haciendo una significatriva diferencia de precio con la garrafa social.

Otro factor a tener en cuenta es que los puntos de venta estan alejados de las casas de familia que necesitan la garrafa, ocasionando diferentes dificultades, entre ellos, el aumento del precio por el costo de traslado hasta la casa del vecino y también en otros casos directamente la imposibilidad de pagar ese gasto, quedando esas familias sin la garrafa social. Es por ello que deberiamos poner la venta de la garrafa en todos los comercios habilitados a un precio estable y con sentido social.

Según informes de las empresas del sector en este mercado hay mas de 50 empresas de fraccionamiento, un importante numero de distribuidores y más de 6000 comercios donde se venden al público las garrafas y el consumo promedio mensual es de 45 mil toneladas, es decir más de 2 millones de unidades, asimismo según otra información, sólo uno de cada 100 comercios - hay habilitados unos 60.000 en todo el país - vendería la "garrafa social".

Según información oficial existen 600 puntos de venta en todo el país donde comprar la garrafa social de 10 kilogramos a 17 pesos y apuntó que el listado completo de estos comercios estará volcado en la pagina web de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), pero resulta que en la Provincia de La Rioja como en otras provincias, la distribución no alcanza a cubrir las necesidades mínimas de los usuarios y menos seguramente lo será en todo el país. Es por ello que propongo que debería implementarse la distribución de gas en garrafas a través de los 60.000 comercios que supuestamente estan habilitados para poder vender este producto y no limitar a 600 tal como lo propone el Poder Ejecutivo, creando una profunda desigualdad de oportunidades a todos los usuarios, y de que su precio único sea de 17 pesos, a fin de evitar un incremento de las ganancias de los comercios a costa de los usuarios cautivos de la emergencia de la escases de gas.

Asimismo debo recordar al Sr. Presidente que se a votado en este parlamento en el año 2003 la Ley de Emergencia Económica cuyo art. 14 faculta al Poder Ejecutivo a "regular transitoriamente los precios de los insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica".

Es por ello que una política de acompañamiento a los roles económicos de la comunidad, en orden a poner las indelegables funciones del Estado al servicio del bién común autorizan, a elevar al Poder Ejecutivo Nacional, la presente declaración, solicitando la pronta implementación de las medidas antes solicitadas.