La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte una enérgica postura ante las acciones que ha llevado a cabo en forma compulsiva la firma Monsanto en puertos de la Union Europea contra embarques de harina de soja argentina, en reclamo de regalías que representan una erogación que atenta contra nuestros intereses, y lleve a cabo de ser necesario, acciones judiciales, y medidas cautelares contra el accionar de esta empresa, atento una abierta violación de nuestra legislación vigente.

Señor presidente:

En las últimas semanas ha adquirido singular intensidad la disputa entre la empresa Monsanto y los agricultores argentinos respecto de las regalías que la firma les reclama por la venta de semillas de soja genéticamente modificadas, fruto de la investigación científica que esa compañía desarrolla y comercializa en el mundo.

Luego de intensos debates acerca del monto y de la forma de compensación de sus derechos de propiedad intelectual, la firma norteamericana entabló ahora demandas ante tribunales judiciales europeos, en los que considera mejor protegidos tales derechos, por haber registrado allí una modificación genética que no consolidó aquí.

Los hechos referidos tienen alta significación, dado que para ingresar en territorio europeo los embarques objeto de las demandas deberían satisfacer una fianza del orden de los 15 a 18 dólares por tonelada de harina de soja, el principal producto de exportación nacional a la Unión Europea. La fianza debería operar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo cual puede llegar a demorar largo tiempo. Lo insólito de este hecho es que el gen RR en cuestión fue introducido por primera vez en la Argentina en soja en el año 1996, mientras se encontraba vigente la Ley 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas sancionada el 30 de marzo de 1973,y su Decreto Reglamentario N°2183 del 21 de Octubre de 1991, actualmente vigente.

No habla en ningún momento de las regalías que hoy compulsivamente se quieren cobrar, y obviamente los introductores del gen en cuestión aceptaron en su momento la legislación vigente.

Mas insólito e inentendible resulta todavía la inscripción por parte de Monsanto en el año 2005 de tecnología RR en maíz, lo que demuestra que aceptó en forma evidente nuestra legislación.

Hoy reclaman un reconocimiento a la investigación y a los resultados que dicha introducción produjeron en nuestra producción. Desde ese punto de vista, y a la luz de los evidentes beneficios obtenidos,es lógico pensar que se deberían sentar a buscar una salida aceptable las partes comprometidas en la cuestión , o sea las empresas semilleras propietarias del gen y los productores agropecuarios que son los usuarios. El reconocimiento del derecho de propiedad intelectual no es lo que se discute en general entre los productores; por el contrario, es materia de reconocimiento generalizado el beneficio obtenido. Lo que se discute es el monto y la forma de compensación de ese derecho.Pero debe ser una discusión civilizada y conducente. No se puede aceptar de ninguna manera esta forma compulsiva y agresiva de actuar que pone en peligro nuestra producción, cosa que no debemos aceptar de ninguna manera, y es mas, debemos actuar con suma energía para que no se avasallen nuestros derechos y para demostrar que estamos totalmente dispuestos a hacer respetar nuestra legislación vigente. Tan importante es el contenido científico incorporado a la pequeña simiente que el 95 por ciento de la soja sembrada en la Argentina contiene una modificación genética asociada a la condición del cultivo de soja de resistir la aplicación de un herbicida denominado glifosato, producto que, en cambio, destruye las malezas que pretenden competir con el cultivo. Puede afirmarse que la rentabilidad y difusión de la soja en nuestro país -lo coloca como tercer productor mundial del grano y primero como exportador de harinas y aceites- está vinculada con esta soja modificada. Es decir nadie discute el avance tecnológico que trajo aparejado.

Una cuestión central es la extensión en el tiempo, a través de los sucesivos ciclos agrícolas anuales, del derecho a utilizar una semilla por la cual inicialmente se pagaron regalías.

Existe un acuerdo internacional, al cual están adheridos la mayor parte de los países, y desde ya la Argentina, denominado Unión Internacional de Obtenciones Vegetales (UPOV), en el que

se reconoce el llamado "derecho del agricultor", consistente en su opción para utilizar el grano cosechado para las siguientes siembras, si por la semilla que dio lugar a esa recolección se han pagado las regalías del caso. Ahora bien, ¿es ese derecho de duración tan ilimitada que podrá ser

disfrutado por años, o bien deberá buscarse un límite, tal como ha sido reconocido en otras naciones? Por ese camino han transitado negociaciones recientes. Otro tema candente es la llamada "bolsa blanca", que consiste en la venta, desde todo punto de vista ilegal, de grano a terceros productores para su utilización como simiente, con lo cual queda sorteado el pago de las regalías y también evadidos tanto el IVA como el impuesto a las ganancias.Para ello están las esferas del Estado a través de organismos como el INASE ( Instituto Nacional de Semillas) cuyas función es ejercer el poder de policía conferido en la referida Ley N° 20247. Lamentablemente este organismo ( INASE) cumple con gran deficiencia esta función y allí podemos encontrar parte de los orígenes del problema planteado aquí. El caso tiene una gravedad manifiesta. La demanda mencionada, por la cual se reclama una compensación a todas luces exagerada, provocaría, por aplicación de la citada fianza, una reducción preventiva del precio de la soja en el mercado local, con grave perjuicio para los productores rurales, obviamente extensivo a la recaudación impositiva por derechos de exportación y al ingreso de divisas. Todo ello basado en la importancia del mercado europeo de productos de

soja, que suma alrededor de los 2000 millones de dólares anuales.

Se desconocen aún los efectos concretos de las acciones legales expresadas, así como las reacciones en los medios locales. En todo caso, la mejor solución será acordar un reconocimiento razonable de la investigación agrícola, a la vez que se utilicen los recursos privados y públicos para evitar la evasión tributaria mencionada.

Ahora la pregunta que debemos hacernos es ¿cuánto costará el conflicto planteado por la firma Monsanto? Agricultura dice u$s 155 Millones. La Sociedad Rural Argentina habló de descuentos de u$s 7 por tn; CRA disiente y apoya los

juicios encarados por el Estado y desliza la palabra ¡Extorsión¡¨. Entretanto, la exportación analizaría la posible diversificación de destinos. El conflicto por el pago de transferencia tecnológica a Monsanto nuevamente está a punto de desequilibrar el mercado.

La Sagpya y el Ministerio de Economía publicaron un informe donde se advierte sobre posibles pérdidas para los exportadores nacionales cercanas a los u$s 155 Millones, en el caso de que se acordara el pago de u$s 15 por t como pretende Monsanto. Estos guarismos se sustentan en una exportación de

harina de soja a la UE por 10,1 Mt (el total enviado al exterior en 2004 fue de 19,1 Mt), con ingresos por u$s 1.941; y de 251.000 t de grano (sobre un total de 9,9 M de t), que dejaron a nuestro país u$s 52 M. Por su parte, la SRA, a través del Departamento de Estudios Económicos a cargo del Lic. Ernesto Ambrosetti , especuló que el recaudo de los

importadores europeos podría significar un impacto sobre el productor de u$s 7 por t (sobre una campaña de 40 M de t) y estimó pérdidas posibles de u$s 280 M anuales. En tanto, Monsanto adelantó que aceptaría u$s80 M (2 u$s/t) para salir

de la vía judicial, en la cual reclama 15 u$s/t. Frente a este panorama, CRA asumió una posición política, de la mano de su presidente, : "Monsanto está queriendo cobrar en la venta de semilla y además en los puertos europeos donde se destina nuestra producción. Para nuestras leyes, esto es

enriquecimiento ilícito y debe ser juzgado como tal".

Después de remarcar el apoyo de la entidad a los juicios iniciados por el Estado argentino, el ruralista consideró que "o hacemos cumplir la ley o aceptamos esta extorsión de Monsanto", antes de reiterar la voluntad de pago a los obtentores "hacia el futuro".

En este contexto, resulta muy interesante conocer las estrategias que analiza la exportación, en caso de que se generalice esta caución sobre todas las colocaciones en la UE del primer exportador mundial de harina y aceite de soja.

Previa aclaración de que cada empresa se manejaría según su criterio, Alberto Rodríguez, de Ciara-CEC, ejemplificó que "si el importador europeo en vez de pagarme u$s 200, como indica el mercado, me quiere pagar u$s 185, lo primero que haríamos es tratar de buscar otros mercados y en caso de no encontrarlos trataríamos de negociar el mejor precio. Sobre la base de este resultado, se afectaría el valor del grano", es decir el precio al productor, dijo, sin aclarar de cuánta plata estaríamos hablando. Rodríguez también desestimó que el segundo exportador mundial,

Brasil, pueda copar parte del supuesto mercado que abandonaría la Argentina, al no contar con semejante saldo exportable, sin abandonar sus habituales clientes.

Es por ello que aquí se plantean lisa y llanamente las acciones directas sobre esta compañía , ya que el daño producido a nuestras exportaciones, a sabiendas que estaban introduciendo una mejora tecnológica que no estaba planteada en nuestra legislación,es muy importante y debe ser reparado por la empresa. Aquí es donde exijo el mayor de los rigores por parte del Estado argentino, pues así como se quiere demostrar ante el mundo que la seriedad como país la estamos recuperando, en acciones como esta, donde se debe impedir un avance prepotente a nuestra soberanía, es donde se debe actuar para no dejar dudas que estamos dispuestas a hacer cumplir a rajatablas nuestra legislación. Quien piense que con sus acciones unilaterales puede torcer nuestro destino, deben cambiar sus modalidades o simplemente, si no les gusta, pueden amablemente retirarse del país.

Por ello, Sr Presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.