La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través del organismo que corresponda, facilite la siguiente información:

1. Detalle de los créditos hipotecarios para vivienda otorgados a personas físicas, desde enero de 2002. Desagregue que porción corresponde a tasa variable, a tasa fija y a tasa combinada.

2. De lo informado en el punto 1 desagregue de acuerdo al monto otorgado, de acuerdo a los siguientes tramos:

Hasta $50.000

De $50.001 hasta $100.000

De $100.001 hasta $150.000

De $150.001 hasta $200.000

De $200.001 hasta $300.000

Más de $300.000

3. De lo informado en el punto 1 detallar cuanto de esos préstamos corresponden al "Plan Inquilinos" creado por la ley 26.158 de Incentivos para la Adquisición y Construcción de vivienda única, familiar y permanente. Especifique, para los casos en que corresponda, las fechas en que se producirá el cambio de tasa fija a tasa variable.

4. Ante la fuerte suba de tasas variables de créditos hipotecarios producida en los últimos meses, especifique las medidas que ha adoptado el Banco Central de la República Argentina para atender esta problemática.

Señor presidente:

La vivienda es un medio ineludible para alcanzar condiciones dignas en la calidad de vida de las personas, por ello es reconocido como un derecho tanto por nuestra legislación nacional como por la internacional. El derecho a la vivienda esta ratificado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis (obligación del Estado de garantizar una vivienda digna) y en los pactos internacionales con rango constitucional (art. 75, inciso 22), a saber: el Art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 11 del PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), el Art. 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el art. 11 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el art. 5 de la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación racial, y el art. 14 de la Convención para la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Este conjunto de normas se establece como un mandato vinculante que genera obligaciones jurídicas para el Estado. El marco jurídico es claro, la vivienda es un derecho exigible a los poderes públicos.

Sin embargo, frente a este marco jurídico tan claro, las políticas habitacionales oficiales han sido a lo largo del tiempo dirigidas a la coyuntura y a la acción propagandística de los actos de gobierno, resultando siempre consecuentes con una intencionalidad manifiesta de perpetuar la dominación sobre los sectores afectados por el déficit habitacional. Las políticas habitacionales de hoy son meras promesas incumplidas, que postergan las reales soluciones.

Así lo vemos en el lento estado de avance del Plan Federal de Construcción de Viviendas, tan publicitado por el gobierno y con escasos resultados concretos. Este plan en su etapa I ha cumplido aproximadamente, a cuatro años de su lanzamiento, con el 62,8% de las 120.000 viviendas anunciadas, y en su etapa II ha finalizado solamente el 1,48% de las 300.000 viviendas prometidas. Esta etapa II con su exiguo estado de avance, es la que ha sido "reconvertida" en anuncios presidenciales de fines de enero. Esta reconversión implica viviendas de menor superficie, financiamiento con créditos de la ANSES a las provincias, y que algunas provincias, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estén incluidas. En este sentido, los anuncios parecen más preocupados por distribuir promesas de construcción de viviendas en un año electoral, que por mejorar las soluciones habitacionales brindadas.

Pero el incumplimiento no se da solamente en la construcción de viviendas sociales, lo vemos también en las políticas anunciadas para otros sectores. Tal es el ejemplo de los créditos hipotecarios para inquilinos, que merecieron tantos titulares de diarios y que presentan decepcionantes resultados. A pesar de contar con una ley de apoyo, la ley nº 26.158, fueron pocos los bancos que otorgaron los créditos respetando las condiciones anunciadas y pocas las familias que lograron cumplir los requisitos. La problemática de los alquileres se mantiene y agrava, y muchos de los inquilinos que lograron ser propietarios con este mecanismo, hoy se enfrentan a alzas de la tasa de interés en sus créditos. Este mismo incumplimiento se da con otros anuncios, como por ejemplo, el Programa Federal de Financiamiento Habitacional "Casa Propia", del cual no hay información disponible, sobre las condiciones, los beneficiarios, o los plazos.

Además, lo vemos en la Ley 26.422 (Ley de Presupuesto 2009) que plantea un aumento del 13,7% para la finalidad vivienda y urbanismo, lo que implica en términos de la variación real calculada por CIPPEC (1) , una disminución de los recursos de esta área en un 4,9%. Una decisión contradictoria para un gobierno que entiende la vivienda como una "solución de vida". Tal como expresara la Presidente Cristina Fernández de Kirchner: "...creo que es un nombre técnico ese de solución habitacional. En realidad, creo que son soluciones de vida y, por lo tanto, deberían denominarse soluciones de vida, porque cuando uno tiene la casa, el techo propio, la vivienda, no tiene una solución habitacional. Eses es el nombre para los arquitectos o los ingenieros; para los hombres y las mujeres de carne y hueso, es empezar a solucionar un poco la vida de cada uno y de cada familia. Por eso creemos que es muy importante" (2) .

Los atrasos y el incumplimiento de innumerables "planes" son resultado de un alto nivel de ineficiencia y de su uso político, pero por sobre todo son el resultado de la corrupción que se encuentra detrás de la negociación de los contratos, los sobreprecios, y las licitaciones encubiertas. En otras palabras, las soluciones que plantean las actuales políticas habitacionales no son tales, ya que son transitorias y no logran la inclusión y la igualdad. Este diagnóstico de las políticas habitacionales oficiales es indignante en un contexto en que se vulnera el derecho a la vivienda en múltiples conflictos a lo largo del país.

La dinámica del mercado ha incrementado los precios del suelo, propagando la exclusión y reforzando las soluciones a través del mercado informal. Dicha problemática recorre transversalmente la estructura de toda la sociedad argentina. La encontramos en aquellos sectores que se enfrentan a la vulneración total de sus derechos, los excluidos del acceso al hábitat urbano, que deben habitar en viviendas precarias sin servicios ni infraestructura básica, que resisten los desalojos mientras el Estado mira para otro lado o, incluso, se conforma como parte querellante de los mismos. También la encontramos en otros sectores, los nuevos excluidos del mercado formal, aquellos que ven imposibilitada la manutención de su hogar frente al aumento de los alquileres y sus requisitos para el ingreso. Del mismo modo lo vemos en los que no pueden acceder a su primer vivienda por la falta de créditos hipotecarios, o los que enfrentan el remate o desalojo por imposibilidad de pago frente a deudas contraídas en otra situación económica. La situación de todos estos sectores deja ver que hoy existe una clara emergencia habitacional en nuestro país.

Pero en la defensa del fundamental derecho a la vivienda debe también quedar claro que, el mandato constitucional implica no sólo que el Estado diseñe e implemente políticas públicas para facilitar el acceso a la vivienda, sino también que garantice la vigencia del mismo. En este sentido, vemos con preocupación los reclamos que comenzaron a sumarse en los últimos meses por el aumento de las tasas que ajustan los créditos hipotecarios. Un aumento de la tasa se traduce en un aumento de la cuota, distorsionando la relación cuota - salario pactada inicialmente; así numerosas familias que accedieron a su vivienda única a través de estos créditos ven acrecentadas las dificultades para afrontar sus obligaciones.

Las condiciones para el acceso a créditos hipotecarios en nuestro país han sido exigentes invariablemente, con la excepción del rol cumplido por el Banco Hipotecario Nacional en la década del 1940 y 1950. Los préstamos hipotecarios, a pesar de la modesta expansión de los últimos años, no alcanzan volúmenes suficientes como para incluir a los amplios sectores de la población que necesitan acceder a una solución habitacional.

En este marco, y tal como señalamos anteriormente, las políticas para incrementar la oferta de financiamiento para vivienda lanzadas por el último gobierno no han tenido éxito. A esto se suma que quienes sí lograron acceder al crédito hipotecario hoy se ven perjudicados por los aumentos en las tasas domésticas fruto de dos años de elevada inflación y la política del Banco Central de la República Argentina de subir las tasas de interés de pases pasivos y activos, y cancelación de Letras y Notas retirando liquidez. Estas políticas se tradujeron en un aumento de la tasa de interés cobrada en los préstamos hipotecarios con tasas variables aumentando la relación cuota-salario a niveles insostenibles en comparación a las cuotas pactadas originalmente. El alza de las cuotas repercute fuertemente en la economía familiar aumentando el riesgo de morosidad.

El problema no es nuevo para la sociedad argentina. Luego de la devaluación en el año 2001 miles de familias sufrieron desalojos y remates. Para muchos casos la intervención del Estado resulto tardía, ya se enfrentaban con remates ejecutados o sentencias firmes; mientras que en otros casos resulto ineficiente, en concreto, el Sistema de Refinanciación Hipotecaria establecido por la ley 25.798 logró resolver un escaso porcentaje de casos.

Recientemente, el Poder Ejecutivo ha enviado a esta Cámara un proyecto que intenta abordar la problemática de un grupo acotado de estos deudores mientras que en paralelo estos todavía luchan por resolver su situación enfrentando las subastas y desalojos que dictamina la justicia. La publicación en el Boletín oficial el 16 de febrero de la Resolución 5/2008, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que define la utilización de $40 millones del Fondo Fiduciario de Refinanciación Hipotecaria (el principal instrumento para atender la problemática de los deudores hipotecarios resultantes de la devaluación) para otros fines, despierta suspicacias sobre la real voluntad de brindar una solución definitiva a los deudores hipotecarios.

El objetivo de este proyecto es recopilar los datos necesarios para comprender la envergadura de la situación provocada por el alza de las tasas crediticias. Es fundamental contar con información precisa sobre la cantidad de tomadores de créditos hipotecarios afectados, los montos y los bancos que los aglutinan; así como identificar el número de familias en riesgo de morosidad por imposibilidad de pago frente a deudas contraídas en otra situación económica. Así podremos realizar un diagnóstico mas aproximado y generar propuestas concretas para aquellos tomadores de créditos hipotecarios que se encuentran afectados por la fuerte suba de las cuotas producidas en los últimos meses. Miles de familias sufrieron la falta de políticas estatales frente a la devaluación y vieron vulnerado su derecho a la vivienda por falta de respuestas en tiempo y forma, es justamente, el objetivo de la evaluación responsable del alza de las tasas crediticias evitar repetir estas circunstancias.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.