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PROYECTO DE TP
Expediente 0297-D-2013
Sumario: DEROGACION DE LA LEY 26734, DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL EN MATERIA DE PREVENCION, INVESTIGACION Y SANCION DE ACTIVIDADES DELICTIVAS CON FINALIDAD TERRORISTA.
Fecha: 06/03/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 4
El Senado y Cámara de Diputados...
Derogación de la Ley 26.734
Artículo 1: Derógase la Ley
26.734.-
Artículo 2: Comuníquese al Poder
Ejecutivo Nacional.-
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.734 (conocida públicamente
como "Ley Antiterrorista"), impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobada
durante las últimas sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, debe ser
derogada no sólo porque viola preceptos constitucionales y deja a la libre
interpretación de fiscales y jueces el término "aterrorizar" sino, también, porque
fundamentalmente supone una clara posibilidad de criminalizar legítimas protestas
sociales o cualquier acto opositor que el gobierno (cualquiera fuere su signo
político, actual o futuro) juzgue antojadiza o discrecionalmente como
desestabilizador, contrario a sus intereses o, simplemente, molesto.
La ley que por este medio se pretende
derogar apunta, según su propia fundamentación, a "adecuar la normativa a las
transformaciones registradas a nivel global" en materia de avances contra la
acción y el financiamiento del terrorismo como, así también, "a los más elevados
estándares internacionales" en términos legislativos.
Resulta cuando menos llamativo el
empeño del Poder Ejecutivo Nacional por imponer su legítima mayoría
parlamentaria para ajustarse a los más elevados estándares internacionales que
dicta la máxima potencia hegemónica mundial y el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) en el marco de su política contra el lavado de dinero.
La indudable presión política ejercida
desde el exterior para la aprobación de la ley que pretendemos derogar revela,
lamentablemente, la persistencia del lineamiento ideológico que dio sustento a las
acciones intervencionistas de la denominada "guerra preventiva" y le otorgan, de
paso, al gobierno nacional la posibilidad de inventar sus propias cruzadas contra
enemigos imaginarios que podrán ser sindicados como "terroristas" con nuevo
respaldo legal.
Legisladores de todo el arco
opositor, constitucionalistas, sindicatos, organizaciones de derechos humanos
como el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, el SERPAJ, la propia Hebe de
Bonafini; el juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni y hasta el
oficialista grupo de intelectuales nucleados en Carta Abierta, rechazaron esta
iniciativa promulgada por la Presidenta de la Nación.
El constitucionalista Daniel Sabsay
se expidió al respecto afirmando que se tarta de "una ley sumamente peligrosa
que viola muchos de los principios básicos del derecho penal liberal" y que "parece
una norma que nos acerca a la época de la dictadura" mientras que, por su parte,
la enorme mayoría de los partidos políticos que integran el arco opositor han
coincidido en que, cuando la tipificación en materia penal es ambigua, se transita
por el peligroso camino que puede llevar sin escalas al abuso de autoridad.
Hasta en el seno del propio gobierno
hubo interpretaciones dispares sobre el alcance práctico político de la norma:
mientras el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José
Sbatella, admitió que podría afectar el desempeño de la prensa, el Ministro del
Interior, Florencio Randazzo, lo desmintió públicamente sosteniendo que tal
afirmación era un "disparate".
El propio grupo pro-oficialista Carta
Abierta, en un pasaje de un documento de naturaleza pública denominado "Carta
de la Igualdad" calificó a la ley como "contradictoria con el espíritu democrático del
proyecto nacional" agregando que "sorprende y preocupa esta adopción de un
estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto
nacional" que, desde su particular visión, lideraría el oficialismo.
El Juez de la Corte Suprema de
Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, aseguró que "el GAFI recomendó que esta ley se
transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien
contra la protesta social o contra los sindicatos. En el país no necesitamos esta ley
antiterrorismo". Sostuvo, además que "el GAFI es un organismo que se toma
atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país. Su objetivo no es evitar el
lavado ni prevenir el terrorismo, sino controlar todo el movimiento financiero".
Esta ley, lejos de combatir el
terrorismo, transforma en potenciales terroristas a todos los ciudadanos que
pretendan hacer públicas sus legítimas demandas y reclamos sociales. Si esta ley
estuviera vigente en España, el movimiento cívico y pacifista de los "Indignados"
podría ser tildado de terrorista del mismo modo que ETA. Evidentemente,
criminalizar la protesta es el modo autoritario que ha elegido el gobierno para
ingresar en una nueva etapa de administración del Estado que, seguramente,
estará signada por la disminución del gasto público, la sumatoria de ajustes
tarifarios y el aumento del malestar social.
Por estas razones, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
MILMAN, GERARDO | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
---|
LEGISLACION PENAL (Primera Competencia) |
FINANZAS |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha | Movimiento | Resultado |
---|---|---|
19/08/2014 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA | Aprobado con modificaciones unificados en un sólo dictamen |