Proyectos »
PROYECTO DE TP
Expediente 0292-D-2010
Sumario: CREACION DE LA COMISION BICAMERAL PARA LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA Y CREACION DEL CONSEJO CONSULTIVO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DE LA DEUDA EXTERNA.
Fecha: 02/03/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
CREACION DE LA COMISION
BICAMERAL PARA LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA Y CREACION DEL
CONSEJO CONSULTIVO ECONOMICO, SOCIAL Y POLITICO DE LA DEUDA
EXTERNA
1. Comisión Bicameral para la
Deuda Externa
Créase la Comisión Bicameral para la
Deuda Externa Argentina, integrada por doce (12) diputados y doce (12)
senadores designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta
de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones
políticas.
2. Consejo Consultivo
Económico, Social y Político
La Comisión deberá convocar a un
Consejo Consultivo Económico, Social y Político como órgano intersectorial de
carácter consultivo.
Los miembros del Consejo Consultivo
integran la Comisión en carácter honorario, con voz pero sin voto.
El Consejo estará integrado por
representantes de entidades oficiales y organizaciones no gubernamentales con
interés y acciones en el tema. Se deberá garantizar la presencia de expertos/as y
entidades académicas de reconocida trayectoria en la materia, como
universidades públicas, centros de estudios, consejos, colegios y asociaciones
que agrupan a sectores del ámbito profesional, académico o científico y
asociaciones gremiales y empresariales.
Asimismo, se invitará al Poder
Ejecutivo a que designe representantes a fin de participar en el consejo
consultivo.
3. Funcionamiento
La Comisión dictará su propio
reglamento interno que será aprobado por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros. Elegirá su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de
votos. El quórum y las sesiones se regirán de acuerdo a lo que determine el
reglamento interno y subsidiariamente, el reglamento de la Cámara de
Diputados.
Las sesiones de la comisión serán
públicas. Los bloques parlamentarios que carezcan de representación, podrán
concurrir con un representante con voz.
4. Objetivos
Son objetivos de la Comisión:
1. Investigar y analizar la legitimidad y
cuantía de la deuda externa argentina, su origen y destino desde el 24 de marzo
de 1976 hasta el presente, determinando:
a) Las causas del actual
endeudamiento;
b) El curso del endeudamiento público
y de las empresas del Estado;
c) Los pagos realizados en concepto
de amortización de capital y de intereses;
d) Tasas de interés aplicada;
e) Funciones y roles asumidos por los
organismos internacionales de crédito (BIRF - BM - FMI);
f) Renegociaciones de deuda que
hayan implicado una capitalización de intereses;
g) Legitimidad de las emisiones de
bonos u otro tipo de documentos de renegociación de la deuda;
h) A la luz de las normas
convencionales y consuetudinarias de derecho internacional y derecho interno
argentino, derechos y defensas que podrían oponerse ante los acreedores
nacionales y extranjeros (usura, abuso de derecho, excesiva onerosidad
sobreviniente, teoría del riesgo, necesaria equivalencia de las prestaciones,
enriquecimiento ilícito, buena fe objetiva, lesión enorme, teoría de la imprevisión,
inviolabilidad de los derechos humanos);
i) Criterios para determinar el monto
efectivamente adeudado;
j) Responsabilidad de los funcionarios
en las renegociaciones, cobro de comisiones, y si hubo incremento patrimonial
injustificado de los mismos;
2. Propiciar entendimientos regionales
que posibiliten la adopción de alternativas conjuntas con los países de América
latina, en especial, con el Mercosur.
3. Analizar los mecanismos para
formular denuncias ante los organismos internacionales por violación a los
tratados internacionales y a los principios del derecho internacional público.
4. Enunciar procedimientos que
afiancen la participación ciudadana en todas las instancias de renegociación de la
deuda externa de la República Argentina.
5. Contribuir a la obtención de
consensos que sustenten las decisiones que se adopten en materia de
refinanciación de la deuda externa.
5. Informes.
La Comisión deberá elevar informes
semestrales al Plenario de cada Cámara que den cuenta del cumplimiento de su
cometido. El Consejo Consultivo podrá formular todas las observaciones que
estime corresponder, así como acompañar informes y documentación que
considere pertinente.
6. Dictámenes y atribuciones
La Comisión tiene las siguientes
atribuciones:
1. Recabar todo informe y compulsar
toda documentación que estime necesario para el mejor desempeño de su
cometido.
2. Recibir denuncias, pruebas,
declaraciones testimoniales, convocar careos, efectuar reconocimientos y realizar
peritajes. Formular las denuncias que estime corresponder.
3. Conocer el estado de las causas
judiciales y administrativas.
4. Colaborar con los poderes y
organismos de gobierno que así lo requieran.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La deuda externa es el flagelo
socioeconómico que determinó nuestra economía durante los últimos 186 años.
No hubo decisión alguna en materia social, política, ni menos aún económica, que
se haya tomado sin tener en consideración las repercusiones y los efectos que
tendría sobre "los acreedores", "los bonistas" o "los holdouts".
Desde el socialismo hemos venido
señalando la necesidad de analizar y en su caso desconocer la deuda externa
creada artificialmente para sojuzgarnos. Desde José Ingenieros y Alfredo Palacios
que alzaron sus voces para denunciar la política imperialista representada en
empréstitos concedidos en condiciones leoninas, hasta los más recientes
proyectos de Guillermo Estévez Boero y Alfredo Bravo en donde se exigía la
investigación del proceso de endeudamiento de nuestro país, la remisión de parte
de la deuda, la petición de una opinión consultiva al Tribunal de La Haya en base
a la llamada "Doctrina Espeche" nuestro Partido ha estado a la vanguardia de la
defensa de los intereses de la Nación.
A pesar de todo ello la deuda
externa se siguió renegociando, se siguió pagando y se siguió aumentando.
Según quién publique los datos (BCRA o FMI) la República Argentina registra una
deuda externa de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Nunca los
argentinos hemos debido tanto a los acreedores externos como -según dicen-
debemos hoy.
Es por ello que consideramos
oportuno representar el proyecto de la Diputada (MC) María Elena Barbagelata,
quien oportunamente presentara el trabajo que nos hemos permitido actualizar.
Asimismo, hemos tenido en consideración, los proyectos más recientes
presentados por el Diputado Polino y por el Senador Giustiniani.
I.
Antecedentes históricos de la deuda externa argentina
El primer empréstito -nos cuenta
Galasso en su "De la Banco Baring al FMI"- lo otorga la Baring Brothers en 1824.
Para la misma época el imperio británico concede financiamiento a varios países
latinoamericanos (México, Colombia, Chile, Perú) que estaban saliendo de su
vinculación con España y querían presentarse como independientes. Para la
Argentina esa deuda no fue requerida, sino impuesta.
La deuda -según el autor citado-
"fue por 1 millón de libras, pero a la Provincia llegaron sólo 140.000 (150.000 se
descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano, otras
150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los
hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando
estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró dos años de intereses por
adelantado, más un 1% de amortización de capital. La comisión por la operación
fue de 25.000. Y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de
comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices".
En 1827 Argentina entra en default
y 30 años después se renegocia la deuda. Por las 140.000 libras que
efectivamente habían ingresado en 1824, la Provincia de Buenos Aires reconoce
adeudar 2.500.000 libras.
Así comenzó la deuda externa
argentina.
Desde el primer empréstito tomado
hasta nuestros días la deuda externa argentina se ha caracterizado por ser un
hecho que ha condicionado a los distintos gobiernos así como a las condiciones
reales de vida de nuestros ciudadanos conformando la estructura de poder que
llega hasta nuestros días.
En efecto, el proceso de
endeudamiento argentino ha respondido, en general, a los intereses de capitales
extranjeros en connivencia con los de la elite local en franco detrimento de las
posibilidades de desarrollo de nuestro país. Más aún, cada empréstito adquirido
parece esconder una historia de corrupción: los montos pactados no llegan a
depositarse en su totalidad, no quedan registros oficiales de las deudas, ni de las
amortizaciones efectuadas, esconden maniobras de fuga de divisas. Esto ha sido
posible con la participación de funcionarios que se desempeñaron conjunta o
alternadamente de los dos lados del mostrador, representando al Estado argentino
y a las empresas u organismos extranjeros.
La deuda ha cumplido con múltiples
funciones siendo las principales: ser una herramienta de saqueo, o sea una fuente
permanente de transferencias, de ingresos hacia los países acreedores a favor del
establishment económico extranjero y argentino: ser un instrumento de sumisión
semicolonial al determinar la política económica de nuestro país a través de las
continuas condiciones y exigencias de los organismos de crédito y consolidar la
supremacía de grupos políticos y económicos hegemónicos en nuestro país.
La historia de la deuda externa la
podríamos iniciar a partir de 1811 cuando la burguesía comercial anglo-porteña
librecambista logra imponerse bajo la forma del Primer Triunvirato, iniciando la
política de subordinación a Gran Bretaña con la rebaja de las tarifas aduaneras y
la traición a Artigas. Esta política de libre comercio genera balanzas comerciales
negativas lo que conduce a un drenaje de oro y a la necesidad de un crédito que
permitiera continuar girando las utilidades de estos grupos. Por otra parte Gran
Bretaña está ampliamente interesada en colocar préstamos ya que cuenta con un
importante excedente de liquidez producto de la paz de 1815 en Europa, y por otra
parte, tiene la intención de generar un mayor vínculo con estas ex colonias
españolas. La necesidad del empréstito la funda públicamente el gobierno de
Buenos Aires en la realización de varias obras públicas como ser el puerto y obras
de salubridad, pero en realidad lo que hay de fondo es la falta de metálico en
circulación. Curiosamente, la delegación argentina negociadora con la banca
Baring está compuesta por Jun Paris Robertson -comerciante inglés, sobrino del
cónsul inglés en el río de la Plata- y Félix Castro, comerciante porteño ligado a los
capitales británicos
Para Scalabrini Ortiz, "el primer
empréstito argentino no fue más que un empréstito de desbloqueo, un modo de
transportar en forma permanente las ganancias logradas por los comerciantes
ingleses en las orillas del río de la Plata. Es decir, que ese primer empréstito
representa una riqueza que se llevó de la Argentina, no una riqueza inglesa que se
trajo a la Argentina. Esta es la interpretación más favorable para Inglaterra [...] la
más desfavorable colinda con la brutal dominación de coacción y aun con la estafa
internacional." R. Scalabrini Ortiz. Política británica en el Río de la Plata, Buenos Aires, Plus Ultra, 1965, p
83, en
N. Galasso, De la Banca Baring al FMI, Colihue, Buenos Aires, 2002.
Posteriormente, tanto Dorrego como
Rosas, Balcarce, Viamonte y Maza como gobernadores de la provincia de Buenos
Aires suspenden el pago de los servicios de la deuda externa. Cuando regresa al
poder, en el año 1835, Rosas preocupado por los intereses de la deuda, que para
1842 ya alcanzaban a 1,9 millón de libras esterlinas, sondea al gobierno británico
acerca de la posibilidad de canjear las islas Malvinas, ocupadas por los ingleses
desde 1833, por la deuda pendiente. Posteriormente, Rosas va a disponer el pago
de 5000 pesos mensuales para contener la presión británica. La deuda se
refinancia durante el gobierno de Pastor Obligado por gestiones de De la Riestra
consolidándola en 2.618.000 de libras. Para 1901, según un estudio de Pedro
Agote citado por Galasso(N. Galasso, ob. cit, p 42). cuando ya faltaba muy poco para
cancelar el crédito el total abonado alcanzaba a 4.757.000 libras, es decir cinco
veces el importe nominal pactado en 1824 y 8,64 veces más que lo efectivamente
percibido.
Durante el gobierno de Mitre se va
a concertar un nuevo empréstito esta vez por dos millones y medio de libras, valor
nominal que servirá para financiar el genocidio que significó la Guerra de la Triple
Alianza que arrasa al pueblo paraguayo de 1.300.000 habitantes de la guerra
quedan al final de la misma 350.000 personas en su mayoría mujeres, ancianos y
niños y a uno de los pocos intentos exitosos de desarrollo autónomo en América
latina.
Se consolida así un modelo donde
la Argentina se convierte en proveedora de materias primas que Gran Bretaña
devuelve como productos manufacturados, dando como resultado balanzas
comerciales negativas. Ello, sumado a los servicios de la deuda y a las remesas
de las utilidades de las compañías extranjeras, así como al derroche de la clase
oligárquica argentina en fiestas, palacios y turismo, dan como resultado una
balanza de pagos negativa que a su vez conduce a la necesidad de tomar nuevos
empréstitos para sostener el modelo vigente. Para 1874, la deuda ya asciende a
14 millones de libras. Durante el gobierno de Avellaneda, José María Rosa (J.M.
Rosa. Historia Argentina, tomo 7, Buenos Aires, Granda, 1965, en N Galasso, ob.cit, p 56) sostiene que
sobre un presupuesto nacional de 17 millones de pesos fuertes, alrededor del 5 %
se destinó el pago de servicios y amortizaciones de deuda lo que va acompañado
de un fuerte ajuste, reducción y atraso por seis meses del pago de salarios y
suspensión de las obras públicas. Para 1886, sobre el final del gobierno de Roca,
se estima que la deuda ya alcanzaba, a los 38 millones de libras. En 1890, ya
asciende a 71 millones de libras.
En 1916, cuando asume Hipólito
Yrigoyen la deuda asciende a aproximadamente 121 millones de libras esterlinas.
Para entonces ha estallado la Primera Guerra Mundial, lo que provoca importantes
cambios en la situación económica del país. Al disminuir las ventas de los países
centrales hacia los periféricos se desarrolla una industria de sustitución de
importaciones a la vez, que se modifica el signo de la balanza comercial que pasa
a ser positivo. Esto le permite a Yrigoyen repatriar deuda por un monto de 21,5
millones de libras, a la vez que aumentan las reservas nacionales en 220 millones
de pesos oro. Incluso ofrece créditos a Francia e Inglaterra por valor de 200
millones de pesos para que continuaran adquiriendo la cuota tradicional de carnes
y cereales. Sin embargo, finalizada la guerra los radicales no colocan barreras que
protejan la incipiente industria. Durante el período yrigoyenista no se contrae
nueva deuda y se reduce la misma a 101 millones de libras esterlinas.
Con la presidencia de Alvear
vuelven los intereses oligárquicos, la balanza de pagos vuelve a dar negativa y se
reanuda el proceso de contratación de empréstitos extranjeros. El legislador
Sánchez Sorondo manifiesta que "aunque esto moleste nuestro orgullo nacional, si
queremos defender la vida del país tenemos que colocarnos en la situación de
colonia inglesa en materia de carnes" (M. Sánchez Sorondo, 15/1/1923, Diario de Sesiones, en N.
Galasso, ob. cit, p 125).. "Comprar a quien nos compra" será el lema de la elite
terrateniente lo que dará por resultado balanzas de pagos negativas. Alvear
tomará deuda por 62 millones de libras las que restándole una amortización de 20
millones de libras, darán un saldo de 143 millones de deuda externa, para
1928.
En su segunda presidencia,
Yrigoyen vuelve a reducir la deuda, esta vez en 8 millones de libras esterlinas.
Durante su gobierno estalla la crisis de octubre de 1929 y aunque el balance de
pagos da negativo, Yrigoyen se niega a tomar nuevos créditos y cierra la caja de
conversión para impedir la salida de oro.
El 6 de septiembre de 1930 se
inaugura la terrible historia de los golpes de Estado en Argentina cuando Uriburu
derroca a Yrigoyen. Este golpe tiene "olor a petróleo" ya que evita el incipiente
proyecto yrigoyenista de nacionalizar el petróleo en desmedro de los intereses
norteamericanos de la Standard Oil. La influencia norteamericana se va a ver
reflejada en la importante importación de automóviles y en la construcción de
carreteras en detrimento del ferrocarril. La crisis se desata. Uriburu va a tomar
deuda por casi 17 millones de libras esterlinas y va a amortizar 4 millones, con lo
cual termina dejando un saldo de deuda por 147,8 millones de libras
esterlinas.
Mediante el fraude accede al poder
Agustín P. Justo, quien ha participado del golpe del '30 y que representa a los
intereses británicos. En aquel momento Gran Bretaña había decidido dar prioridad
al comercio interno al Commonwealth y es entonces cuando una delegación
argentina es enviada para implorar un acuerdo. El vicepresidente argentino Roca
dirá: "El juego encontrado de las necesidades o conveniencias regionales borra o
remueve las fronteras. Así ha podido decir un publicista, sin herir su celosa
personalidad, que la República Argentina, por su interdependencia recíproca es,
desde el punto de vista económico, parte integrante del imperio británico" (J. A. Roca
(hijo), Discursos, escritos, homenajes, Buenos Aires 1943, p 55, en N. Galasso, ob. cit, p 142). Con esta
filosofía se firma el tratado Roca-Runciman por el cual se adquiere nueva deuda
por más de 13 millones de libras con el objeto de desbloquear las utilidades de las
empresas británicas que por falta de divisas no podían girar sus utilidades.
Scalabrini Ortiz dirá: "Debe destacarse la similitud del empréstito Baring Brothers
con este último empréstito de desbloqueo que contrajo nuestro país. Es decir, en
ambos casos fueron ganancias internas que se transformaron en deuda externa
presentada a los ojos del gran público como una ayuda financiera prestada por
Inglaterra para contribuir a nuestro progreso" (R. Scalabrini Ortiz, Borradores (Archivo R.S.O.)
en N Galasso ibid.). Pero eso no fue todo ya que se establece además en este acuerdo,
que los frigoríficos anglonorteamericanos controlen el 85 % de las exportaciones.
Además, se libera el ingreso de carbón y de las manufacturas inglesas. El año del
empréstito aunque la balanza comercial es superavitaria, la balanza de pagos
resulta negativa.
La crisis del '29 sumada luego al
estallido de la Segunda Guerra Mundial va a ir provocando el desarrollo de la
industria de sustitución de importaciones lo que a su vez dará como resultado
balanzas comerciales positivas. De este modo, en el año 1938, se reduce el saldo
de deuda externa a 106,1 millones de libras, inclusive comprando papeles de
deuda devaluados en el mercado. Con la llegada de Roberto Ortiz al poder se
suspende la repatriación de deuda que será nuevamente iniciada con la
presidencia de Ramón Castillo.
Para 1943, la deuda externa
argentina alcanza los 80 millones de libras que traducidas a dólares representan
aproximadamente 325 millones de dólares. El golpe militar del 4 de junio de 1943
destituye a Castillo y marca el comienzo del ascenso del peronismo. Entre 1943 y
1945 se reduce la deuda a 265 millones de dólares. Elegido mediante el voto
popular el gobierno peronista irá reduciendo la deuda, que llegará a ser cero en
1948. Posteriormente y ante la negativa de Gran Bretaña -que decreta la
inconvertibilidad de la libra- a devolver una deuda contraída con nuestro país,
Perón recurrirá a un crédito norteamericano por 125 millones de dólares para
cubrir el pago de las importaciones realizadas desde EE.UU.
Cuando se produce el golpe de
Estado que derroca a Perón en el '55 la deuda externa ascendía a 57 millones de
dólares. Sin embargo, reconoce como deuda externa una cifra de 700 millones
con el Club de París (entidad que agrupa a acreedores). La política económica
desmantela los principales mecanismos del proyecto nacional: desnacionalización
de los depósitos bancarios, eliminación del control estatal sobre el comercio
exterior, derogación de los tipos de cambio selectivos destinados al crecimiento
industrial, anulación de los precios máximos. En junio de 1956 el gobierno decide
la incorporación de Argentina al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial
y renuncia a los convenios bilaterales para entrar al multilateralismo del Club de
París. Aparecen entonces nombres tristemente célebres, en lo que a deuda
externa se refiere, como Krieger Vasena. Se llevan adelante, consecuentemente,
programas liberales que provocan la extranjerización de la economía y la
redistribución del ingreso en perjuicio de los sectores populares. Al concluir
Aramburu su gobierno en el '58 deja una deuda que asciende a 1.051 millones de
dólares.
Asume entonces Arturo Frondizi
quien apoyado por Perón en una primera instancia, finalmente decide pactar con
Aramburu y realizar su programa desarrollista que se fundaba en que había un
capital extranjero "bueno" -el estadounidense- que acrecentaría el desarrollo
industrial. Pero a partir de diciembre del '58 esa política va a trocar en una política
dirigida hacia la libre empresa. El 31 de diciembre de ese año Frondizi anuncia un
acuerdo con el FMI que va acompañado de un plan de estabilización y desarrollo.
El objetivo de este plan y de todos los que vendrán después, tendrá una fuerte
impronta recesiva: reducción de los empleados estatales en un 15 %, paralización
de las obras públicas, privatización o reducción de empresas estatales, libertad de
precios, aumento de tarifas de servicios públicos, restricción crediticia,
mantenimiento de salarios por dos años. El resultado: El empleo industrial se
redujo en 250.000 trabajadores, significó el cierre de pequeñas y medianas
industrias y la caída del 10 % de la participación de los trabajadores en el PBI. El
24 de julio de 1959 se designa como ministro de Economía a Alvaro Alsogaray. Al
momento del golpe de Estado, que coloca a Guido como presidente, la deuda
externa se elevaba a los 1900 millones de dólares. Durante el gobierno de Guido
se suceden como ministros de economía Federico Pinedo, Alvaro Alsogaray,
quien hará famosa la frase "hay que pasar el invierno" y finalmente Martínez de
Hoz, quienes aplican medidas recesivas. La política de restricción monetaria
achica brutalmente la demanda y las ventas caen estrepitosamente, baja la
ocupación y los empleados públicos cobran "en bonos del empréstito 9 de Julio"
(N. Galasso, ob. cit, p 192). Al finalizar la presidencia, Guido deja una deuda de u$s
2.100 millones. En las elecciones del '63 triunfa Arturo Illia quien centra la solución
de los problemas económicos en el crecimiento de las exportaciones
agropecuarias reduciendo la deuda en 400 millones, quedando así en 1.700
millones. No se toman nuevos créditos, ni se aceptan imposiciones del FMI.
Además anula los contratos petroleros celebrados por Frondizi. El golpe de
Onganía, la Revolución Argentina del '66 pone fin a esa experiencia.
Con Onganía, Krieger Vasena pone
en marcha su plan económico que da por resultado la extranjerización de gran
parte de las empresas nacionales como el caso de las empresas tabacaleras,
varios bancos y empresas petroquímicas. Más tarde saldrá la Ley de
Hidrocarburos que abre al capital extranjero el mercado del petróleo y del gas. A
Onganía lo suceden Levingston y Lanusse. Juntos en este período duplicarán la
deuda que había dejado Arturo Illia, la que alcanzará la cifra de 3.782 millones de
dólares. En el breve lapso que Perón regresa a la presidencia nacional reducirá la
deuda en 221 millones pero con María Estela Martínez de Perón la deuda volverá
a escalar hasta alcanzar una cifra estimada en 7.800 millones de dólares.
II. La deuda externa a
partir del golpe de Estado de 1976.
Con el golpe del '76 se comienza a
gestar el programa de los "Chicago boys" con Martínez de Hoz a la cabeza. Este
programa da nacimiento al "modelo financiero" que se basa en la acumulación, es
decir no en la producción sino en el negocio financiero. El saqueo se estructura
principalmente a partir de un nuevo excedente de liquidez de los países centrales
producto de los "petrodólares". Como bien lo rescata Galasso, el mismo Krieger
Vasena lo expresa: "Yo estaba en los Estados Unidos en el Banco Mundial en
aquel entonces, los bancos estaban desesperados por colocar dinero". Este
excedente lleva a prestarle dinero a países "en desarrollo", como Argentina, que
no lo necesitaba con la conveniencia de la clase dominante local ávida por hacer
suculentos negocios financieros. La balanza de pagos positiva de nuestro país
durante los años '76 y '78 demuestra que el endeudamiento no nace por
necesidades internas sino que son los prestamistas quienes lo imponen. Se
desarrolla así un sistema perverso donde los grupos financieros obtienen créditos
en el exterior a tasas bajas (3 o 4 %), los cambian por pesos y los colocan en
bancos argentinos a tasas astronómicas (150 y 160 %).Luego retiran el dinero el
que cambian a dólares y vuelven a llevar al exterior. Con ese dinero como garantía
a su vez solicitan un nuevo crédito por monto mayor y vuelven a desarrollar lo que
se denominó la bicicleta financiera y que significó un endeudamiento cada vez
mayor de nuestro país para poder hacer frente a esa fuga de divisas.
En los primeros años de la década
del '80 Estados Unidos decide unilateralmente elevar la tasa que aumentó en
aproximadamente 16 puntos en el lapso de pocos meses con lo cual se recurre a
nuevos créditos para poder hacer frente a los nuevos intereses. Los capitales se
direccionaron a EE.UU. y exigieron tasas cada vez mayores para prestarle a
América latina. Esta espiral de tasa y flujos hacia EUA dejó sin dinero a un
proceso que sólo se sostenía porque aumentaba cotidianamente su nivel de
endeudamiento.
Por último, el vaciamiento tuvo su
corolario con la estatización de la deuda externa privada mediante los seguros de
cambio y con la licuación de los pasivos de aquellas empresas que se habían
beneficiado con la bicicleta financiera en detrimento de toda la sociedad, que
ahora debía hacerse cargo de esa deuda. El padre de la criatura: Domingo
Cavallo. Así es como la deuda pública se incrementa durante la dictadura en
37.300, millones de dólares, quintuplicando la deuda de 1975.
Cuando asume Raúl Alfonsín en
1983, nombra como ministro de Economía a Bernardo Grinspun, quien declara
una moratoria unilateral de la deuda externa de enero a junio de 1984. En ese
período se propone la conformación de una comisión bicameral para investigar el
origen de la deuda y distinguir la legítima de la ilegítima. Se propone un plan
tendiente a la reactivación del mercado interno a través de un aumento de la
demanda, de la promoción de la pequeña y mediana empresa, del control de los
precios y de la baja de las tasas de interés. Este programa se deja de lado y
comienza a implementarse el Plan Austral fundado en el reconocimiento oficial de
la deuda externa del Estado nacional.
En este período si bien la balanza
comercial era favorable, la cuenta de pagos daba resultados negativos producto
de los fuertes servicios financieros. Las condiciones pactadas para implementar la
llamada "capitalización de la deuda externa" y la compra de divisas para el
cumplimiento de los vencimientos, dan por resultado una enorme expansión
financiera que conducirán a la hiperinflación. Todo esto dará como resultado que
para el año 1989 la deuda externa llegue a 57.777 millones de dólares. En la
última etapa no se cumple con el pago de los servicios de la deuda acumulándose
intereses por 3.000 millones de dólares. Esto, sumado al abandono del tipo de
cambio con el dólar que se disparara a cifras astronómicas, a la espiral de
hiperinflación y a los saqueos que se comienzan a producir a lo largo del país va a
desembocar en la entrega anticipada del mando a Carlos Menem, elegido
presidente en las elecciones de 1989.
Durante los primeros seis meses
Menem coloca a funcionarios del grupo Bunge y Born en el Ministerio de
Economía. Su plan era aperturista, expansivo y privatizador pero enfocado en el
mercado interno. Con la caída de Rapanelli y el ascenso de Erman González los
grupos más ligados al capital extranjero, como el Citibank, ocupan un peso
preponderante. Más tarde en el '91 se desarrolla el plan de Cavallo centrado en la
convertibilidad que logra poner fin a la inflación pero a un costo altísimo. Este plan,
precisa del ingreso de divisas para poder mantenerse y esto será posible mediante
la toma de más créditos o bien mediante la "capitalización de la deuda" es decir la
liquidación de las empresas públicas: "Se habían disparado algunas ideas que
comenzaron a tener su aplicación mediante el Consenso de Washington. Había
que privatizar a precio vil las grandes empresas del Estado para generar recursos
por un lado, y concesiones monopólicas por el otro. Había que hacer desaparecer
al Estado como defensor de los intereses de los más débiles y transformarlo en la
palanca achicada que protegiera los intereses de los grandes grupos económicos,
había que barrer con formas jurídicas que hacían a una mayor distribución del
ingreso, como las normas laborales y de la seguridad social, de los accidentes de
trabajo, había que generar sistemas impositivos basados en los impuestos a los
consumos. Privatizar, desregular, achicar el Estado, bajar el gasto público social y
educativo, abrir comercial y financieramente la economía." (Lotes, Julio ."La Deuda
Externa". Congreso Nacional del Partido Socialista Popular. Julio, Agosto de 2000.)
En diciembre del '92 se celebra el
Plan Brady. Mediante este acuerdo se refinancia la mitad de la deuda externa pero
como bien observa Galasso:
a) "Mediante la creación de los bonos
Brady la deuda es transferida por los bancos a tenedores de títulos anónimos y
dispersos (...);
b) El canje de unos títulos por otros y la
transferencia a manos de nuevo tenedores, inhabilita a la Argentina para impugnar
esos títulos como ilegítimos (...);
c) Los acreedores se aseguran el cobro
de los intereses atrasados -400 millones en efectivo- y el resto en bonos
garantizados por el Tesoro de EE.UU. reemplazándolos por nuevos que la
Argentina reconoce a valor nominal 100;
d) quizás lo más importante, el Plan
Brady revive a los viejos títulos cuyo valor oscilaba alrededor del 18 % de su valor
nominal" (ob. cit, pág. 295).
Señala Calcagno que a través de la
conversión de los préstamos de los bancos transnacionales a bonos, las deudas
"dejaron de ser individuales con los bancos viciadas desde el punto de vista
jurídico, para convertirse en bonos anónimos, que cualquiera podía poseer. Sin
embargo, esta operación no puede sanear los vicios de origen" (Calcagno, Alfredo Eric y
Calcagno, Eric. "La Deuda Externa explicada a todos (los que tienen que pagarla)". Editorial Catálogos, Bs. As.
2002. Pág. 23).
En este contexto, el período 1994-
1999, marca el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de
capitales y de crecimiento explosivo del endeudamiento externo.
Entre 1993 y 1999 el
stock de deuda pública prácticamente se duplicó, pasando de US$ 63,7 mil
millones a US$ 121,9 mil millones. Es en este período en el cual se produce el
grueso de las colocaciones de bonos en mercados internacionales.
Los bonos Brady fueron canjeados
en forma paulatina por otros bonos con mayores tasas de interés pero que
permitían simultáneamante estirar el cronograma de pagos y liberar las garantías;
hechos que redundaron en peores condiciones de solvencia y en el crecimiento
del endeudamiento, tanto bruto como neto.
Por otra parte, durante la
presidencia de Menem se "regalan" las empresas estatales las que son canjeadas
principalmente por títulos argentinos devaluados (hasta en un 80 %) los que son
comprados a precio de mercado por las empresas interesadas -casualmente las
mismas que se habían beneficiado con los seguros de cambio- y que son
tomados a su valor nominal por el Estado, produciendo una considerable pérdida
patrimonial para este último y suculentos negocios para las primeras. Durante el
gobierno de Menem también se reformula el sistema previsional vaciando las
cajas previsionales a favor de las empresas multinacionales, lo que contribuye a
aumentar el déficit de la balanza de pagos. Pese a los exiguos ingresos por las
privatizaciones la balanza de pagos es netamente negativa en este período lo que
produce que cuando Menem le pasa la banda a De la Rúa la deuda asciende a
130.000 millones de dólares a la que hay que sumarle la deuda privada de estas
empresas que se benefician con las privatizaciones que alcanza a 56.000
millones.
La corta presidencia de De la Rúa
estará signada por este fuerte endeudamiento, por una importante cantidad de
vencimientos impostergables de deuda y por la tozuda defensa de la
convertibilidad.
Se trata de un período
caracterizado por el desmejoramiento de los indicadores financieros y el alza del
riesgo país, hechos que llevaron a un paulatino cierre del mercado de
financiamiento voluntario para la Argentina y a sucesivos intentos por evitar el
default, con el apoyo del FMI y otros organismos internacionales de crédito.
Se recurre a la vieja receta recesiva
de ajuste más ajuste, llevando los consejos del Fondo a niveles extremos a costa
de la caída en la indigencia de la mayoría del pueblo argentino.
En este período hubo varios
intentos de reestructuración financiera de las obligaciones. El primero fue el
denominado "Blindaje", acordado a fines del año 2000, el cual consistió en un
paquete financiero por un total de US$ 39.700 millones a ser desembolsados por
las diferentes instituciones y mecanismos de mercado entre el 2001 y el 2002.
Ante la insuficiencia de este
paquete dada la elevada carga de vencimientos que se avecinaba, en junio de
2001 se instrumentó el "Mega-Canje", mediante el cual se procedió a canjear en
forma voluntaria diversos bonos existentes por otros con mayores lapsos de
maduración pero con una sustancial elevación de la tasa de interés.
Mientras se terminaba de cerrar el
primer tramo del canje, una nueva fuga de depósitos bancarios (la tercera del año)
llevó a las autoridades económicas a instrumentar medidas para frenar el drenaje
de recursos, implementando el denominado "corralito financiero".
El agravamiento de la crisis
económica y social y derivó en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001,
que culminó con la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.
La situación tras el
default de fines de 2001
El nuevo gobierno que se hace
cargo luego de la crisis, en lugar de plantear el imprescindible debate sobre el
origen y legitimidad de la deuda externa y sobre las reales posibilidades de pago
de la Argentina, prefirió negociar con los acreedores externos proponiéndoles un
plan de pago.
En la reunión anual del Banco
Mundial y el FMI celebrada en Dubai a fines de septiembre de 2003, el gobierno
argentino presentó oficialmente los lineamientos generales de la propuesta de
reestructuración.
En tal ocasión se
delimitó la deuda en default a los acreedores privados en bonos hasta fines de
diciembre de 2001 (aproximadamente 94 mil millones de dólares, equivalente a
alrededor del 53% del stock de deuda externa bruta estimado a diciembre de 2003
por el Ministerio de Economía), a la cual se sumaron algunos organismos oficiales
y banca comercial.
La parte mayoritaria (más del 90%)
se encontraba en títulos con un alto grado de dispersión en sus tenedores. El nivel
de tenencias minoristas alcanzaba a alrededor del 45% (el resto estaba en manos
de inversores institucionales); para más de 150 bonos diferentes.
El gobierno argentino, dio inicio al
proceso de canje y envió al Parlamento un proyecto de ley "cerrojo", que fue
rápidamente aprobado, el cual impedía nuevas ofertas de canje para quienes no
aceptaran la oferta argentina.
A mediados de marzo
de 2005 se conocieron los resultados del canje. El 76,15% de los bonos habían
sido canjeados y los US$ 102.566 millones (con intereses devengados incluidos)
se convirtieron en nuevos bonos por un total de US$ 35.261 millones. El universo
restante (los holdouts) quedó sujeto a acciones judiciales
Antes y después del
canje del 2005
La deuda pública a
fines de la convertibilidad ascendía a US$ 141 millones. Hacia fines de 2004,
dicho monto se había incrementado hasta alcanzar los US$ 191 mil millones,
básicamente como resultado de dos factores: la acumulación de atrasos y la
emisión de nuevos bonos para financiar la salida del default, la compensación por
la pesificación asimétrica y otras compensaciones a los bancos.
Finalizado el canje, el stock de
deuda pública se ubicaba en el orden de los US$ 154 mil millones, considerando
los bonos que no ingresaron al canje más sus intereses. La relación deuda / PBI
era del orden del 72%, unos 18 puntos porcentuales por encima del ratio previo al
colapso de la convertibilidad.
Hacia fines de 2009 la deuda
externa se ubica en un monto indefinido entre los 150.000 y 200.000 millones de
dólares, según quién estime la cifra.
III. La causa Olmos
1. En 1982 Alejandro Olmos formuló
una denuncia contra José Alfredo Martínez de Hoz por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal por
los delitos previstos en los artículos 173 inciso 7 y 248 del Código Penal, fundado
en que el plan económico concebido y ejecutado por el ministro de Economía de la
Nación en el período 1976-1981 se realizó con miras a producir un endeudamiento
externo incalificable y que el ingreso de divisas tuvo por objeto negociar con las
altas tasas de interés, produciendo la quiebra y cierre de innumerables empresas
y afectando la capacidad exportadora y de producción del país.
Denuncia asimismo a Jorge Rafael
Videla y a los integrantes de la ex Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL)
como autores del delito previsto en el artículo 227 del Código Penal, en tanto
dictaron la ley 21.305 y luego la ley 22.434 que posibilitaron la prorroga de la
jurisdiccional nacional que, con anterioridad estaba prohibida (artículo 10 Código
de procedimientos Civil y Comercial).
En la causa se acumularon otras
denuncias, entre las que mencionamos: Jorge Eduardo Sola por el delito previsto
en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, en virtud del endeudamiento externo
contraído por la Nación que va más allá de la capacidad de pago internacional del
país, denunciando pagos fraguados de intereses.
José Deheza, José Manuel Marino,
Walter Manuel Beveraggi Allende quienes extendieron la denuncia por comisión
de delito de subversión económica a los ex ministros de economía de la Nación de
los períodos 1976-1983: José A. Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto T.
Alemann y Jorge Whebe así como también a los directores del BCRA, por el
abultamiento exagerado y desmesurado de la deuda externa, las altas tasas de
interés interno mantenidas y la adulteración del índice oficial de precios, todo ello
con la concurrencia dolosa entre banqueros extranjeros y funcionarios, ampliando
la denuncia contra el ministro de Obras y Servicios Públicos, Conrado Bauer y sus
antecesores en el período señalado.
Se acumularon denuncias sobre
vaciamiento de YPF en beneficio del Grupo Bridas S.A., Esso y Shell.
Esta causa incorporó asimismo el
tema de la concesión de avales por parte del Tesoro nacional, investigación que
se incorporó a raíz de los informes periciales relacionados con el endeudamiento
externo en general.
2. Con relación al trámite de la causa
se destaca:
Que la información remitida por el
Banco Central de la República Argentina fue solamente indicativa y de relativa
utilidad, sin presentar la rigurosidad que requiere la investigación llevada a cabo
pues "los estados de la deuda total surgen del conjunto de información provistos
por los deudores con finalidad estrictamente estadística por lo que no constituyen
registros de carácter contable".
Que en la memoria anual del BCRA
del año 1985, aparece la evolución de la deuda externa para el período 1975-
1985.
En millones de dólares -(a): deuda
externa al fin del período- (b): Monto, (c): Incremento respecto del año anterior,
(d): % de variación.
(a) (b) (c) (d)
1975 7.875 - -
1976 8280 405 5,14
1977 9679 1399 16,90
1978 12496 2817 29,10
1979 19034 6538 52,32
1980 27072 8038 42,23
1981 356718599 31,76
1982 43634 7963 22,32
1983 45087 1453 3,33
1984 46903 1816 4,02
1985 48312 1409 3,00
De lo expuesto se puede observar
que el fuerte aumento del endeudamiento externo se manifiesta entre 1977 y 1982
y de modo atenuado persiste y se prolonga en los años siguientes, y la tendencia
continúa hasta nuestros días; el efecto del aumento continuo está causado por la
capitalización de intereses, que debe hacerse mediante sucesivas
refinanciaciones, ante la imposibilidad de pagarlos con otros rubros.
Cabe preguntarse si el
endeudamiento externo ha tenido algún efecto favorable. Algunos países se
endeudaron con el fin de incorporar bienes de capital que fortalecieron sus
economías, mas ese aspecto no estuvo presente en el caso de la Argentina, como
para atenuar el calificativo de desacertada a la política económica.
En millones de dólares: X:
exportaciones - M: importaciones- S: Saldo balanza comercial
Año X M S
1973 2.961,3 3.946,5 -985,2
1976 3.916,1 3.033,0 883,1
1977 5.651,8 4.161,5 1.490,3
1978 6.399,5 3.833,7 2.565,8
1979 7.809,9 6.700,0 1.109,9
1980 8.021,4 10.540,6 -2.519,2
1981 9.143,0 19.430,0 -287, 0
Que en lo referente al
endeudamiento externo de YPF los peritos se refieren a que fue impulsada a
endeudarse en dólares, pues las divisas eran entregadas al BCRA, negándosele
posteriormente el seguro de cambio, y que YPF se endeudó en u$s 4.500
millones, no sabiendo "adónde fueron a parar".
Referente a préstamos anticipados
en YPF, destacan la nota del presidente de YPF, Carlos María Benaglia, del 20-2-
1981, al presidente del BCRA; según la misma, la empresa petrolera captó
anticipadamente fondos en distintas entidades del exterior (seis préstamos) para
atender necesidades del mercado de cambio.
Con respecto a la actuación de los
funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, de sus secretarías, del
BCRA y de las empresas del Estado, en las operaciones generadoras de la deuda
externa, durante el período 1976-1981, consideran que:
a) Hubo infracción a las normas legales
y reglamentarias, específicamente a los artículo 3°, inciso b), 4, 6, 31, 35 y 37 de
la Carta Orgánica BCRA (ley 20.539) y a lo establecido en las misiones y
funciones de la Gerencia de Investigaciones y Estadísticas Económicas -ya
apuntadas- por parte de funcionarios del BCRA.
b) Hubo omisiones en el desempeño
de sus funciones y existen evidencias de torpezas o descuido en tal
desempeño;
c) Que con referencia a los
compromisos asumidos sobre bienes e intereses confiados hubo un excesivo
endeudamiento externo con relación a la capacidad de reintegro del país, como lo
demuestra el continuo crecimiento de la deuda externa, que de un monto de u$s
7.085 millones en 1975 pasó a la suma estimada actualmente -noviembre/1991-
en más de u$s 60.000 millones y u$s 8.000 millones en concepto de
intereses.
Respecto de la existencia de un
proceder negligente en el manejo de las cuestiones financieras de un país y en
particular en la falta de la necesaria prudencia en la obtención, administración y
utilización de los créditos externos que pueda obtener una nación, reiteran que
han obtenido evidencias que confirman tal proceder imprudente ilustran
específicamente con algunos comportamientos por parte de funcionarios del
BCRA, en el período investigado, con evidencias recogidas en la causa:
Respecto de lo que antecede los
expertos consideran que en virtud de las disposiciones de la Carta Orgánica
BCRA -ya señaladas- debió existir en este organismo y en el Ministerio de
Economía un sistema que alertara a las autoridades que administraban la
economía del país sobre el estado del excesivo endeudamiento externo; además,
en razón de lo informado sobre las funciones de la Gerencia de Investigaciones y
Estadísticas Económicas, existía una estructura de apoyo administrativo capaz de
instrumentar un sistema, y reiteran la opinión ya expuesta de que las autoridades
del BCRA tenían deberes y atribuciones para ejercer un cuidadoso control sobre el
proceso ascendente del endeudamiento externo y no que sólo podía concernirle la
determinación del saldo de la reserva de divisas.
La deuda externa debe relacionarse
con la capacidad del país para hacer frente a los pagos del servicio de dicha
deuda, en términos de amortización de capitales e intereses; que las cifras
expuestas en la evolución del balance de pagos 1973-1982 indican que la
capacidad de pago no se materializó, pues el saldo en varios años de las
transacciones corrientes fue negativo; el asesoramiento que realizó el Ministerio
de Economía con relación al endeudamiento externo no sólo se vio afectado por
estas fallas, sino por las que surgen de las declaraciones de diversos
funcionarios.
Los expertos concluyen que existen
opiniones terminantes y en algunos casos concordantes entre sí en el sentido de
que:
-En el BCRA no existió en 1976-1981
un sistema de alerta anticipado que llamara la atención sobre los peligros que
pudiese plantear un aumento significativo y continuado del endeudamiento
externo.
-Hubo un criterio erróneo en el manejo
de la deuda externa, al no vigilarse su crecimiento con relación a la real capacidad
de reintegro que tenía el país.
-Existían en el BCRA unidades de
trabajo, a saber: Gerencia de Exterior y Cambios, de Finanzas Públicas y de
Investigaciones Económicas, que reunían información que era transmitida al
directorio y a la presidencia del banco, datos suficientes como para alertar a las
autoridades superiores de la conducción del país sobre el agravamiento de la
situación.
-A su vez el directorio había formado
comisiones -notoriamente el número uno- que deberían haber efectuado un
adecuado seguimiento de la deuda externa.
-En 1976 algunas operaciones se
hicieron sin estudios técnicos previos y fueron aprobadas por el directorio sólo
después de tramitadas por los gestores.
-Las empresas del Estado -
notoriamente YPF-se endeudaron en moneda extranjera, pero recibían del
sistema bancario sólo los pesos para sus operaciones.
-Dicha política de endeudamiento la
decidía el directorio del BCRA.
-El directorio del BCRA decidió, con el
conocimiento de las autoridades del Ministerio de Economía, que las empresas del
Estado podían tomar fondos anticipadamente a sus necesidades, que en principio
se renovaran los créditos por capital e intereses y que en algunos casos los
préstamos recibidos fueran colocados en un mismo banco, a la tasa que resultara
más favorable.
-Los avales caídos, que fueron
otorgados por el Estado a empresas privadas, y que no fueron levantados a su
vencimiento por los deudores, no fueron reclamados a ellos por falta de decisión
política de así hacerlo hasta 1982, y aun entonces no se impartieron instrucciones
precisas de proceder a ejecutar dichas deudas.
Otra evidencia de lo actuado
respecto de YPF S.E. es que la última autoridad de dicha empresa, con relación a
la causa anterior a la instalación del gobierno constitucional, doctor Mario Bustos
Fernández, ha reconocido circunstancias que se expresan además en la memoria
de la empresa en 1982, por las que las autoridades económicas y financieras del
país vigentes en el período investigado decidieron el endeudamiento externo de la
empresa sin que las divisas obtenidas se destinaran a atender sus necesidades
financieras en moneda extranjera; indicó también que en algún caso tales divisas
fueron volcadas por el BCRA al mercado de cambios, lo cual significó desviar los
fondos externos obtenidos del presunto destino que motivó la concertación de las
operaciones; confirmó lo expuesto en su exposición ante el tribunal, donde
también se refirió a los precios políticos a que estaba condicionada la
empresa.
Concluyen los peritos que hubo
negligencia en el trámite de la deuda externa pública manifestada en los
siguientes aspectos:
-Falta de cuidado en el trámite del
proceso de endeudamiento externo por deficiencias en el sistema de seguimiento
del volumen de endeudamiento al no existir un mecanismo de alarma que alertara
sobre un exceso del importe de la deuda externa con respecto a la capacidad de
repago del país.
-Igual falta de cuidado en el citado
proceso por el comportamiento evidenciado en la primera etapa de la gestión del
endeudamiento externo al no atender en algunos casos a aspectos importantes
como la realización de estudios previos y asegurar anticipadamente la
representación del BCRA en dicha gestión.
-Medidas administrativas objetables en
el tratamiento de los préstamos recibidos, como ser obtención en algunos casos
de créditos para empresas públicas con anticipación a las necesidades del país y
colocación también de algún préstamo recibido de un banco en la misma entidad
bancaria.
-Endeudamientos de las empresas
públicas -en especial YPF- en moneda extranjera, cuyas divisas no eran
entregadas a dichas empresas, sino su equivalente en pesos, destinándose dicho
producto para financiar sueldos y gastos generales de la administración; este
endeudamiento en moneda extranjera afectó negativamente el patrimonio neto y
los resultados de las empresas públicas -en particular YPF-, por el ulterior
deterioro del tipo de cambio con respecto a sus ingresos en pesos, limitados
comúnmente por la existencia de precios políticos para sus productos o
servicios.
-Otorgamiento de avales por parte del
Estado para cubrir deudas en moneda extranjera de empresas privadas que, al no
cancelarse a su vencimiento, eran asumidas por el Estado nacional, sin que éste
accionara contra el deudor principal por los avales caídos; además de afirmar la
responsabilidad de quienes no efectuaron las diligencias judiciales necesarias
para recuperar las sumas solventadas por el Estado en moneda extranjera por
todos los avales caídos, se señala la responsabilidad de los funcionarios que
otorgaron los avales comprometiendo al Tesoro nacional sin agotar los estudios
técnicos, económicos y financieros que hicieron factible la operación y colocaron al
Tesoro ante el riesgo cierto de pagar con fondos públicos las obligaciones
asumidas por los deudores.
3. Con respecto al curso que ha tenido
el endeudamiento externo del país desde 1976 a 1981 y sus efectos sobre la
situación actual del país, si bien en esto la opinión de los expertos no es
coincidente concuerdan en (los destacados nos pertenecen):
a) Que tal como lo han señalado el
endeudamiento externo del país creció continuamente desde 7.875 millones de
dólares en 1975, hasta una estimación aún no confirmada de más de 90.000
millones de dólares en 1990; el incremento mayor en términos porcentuales se
produjo entre 1977-1979 -casi un 100 % en el sector público-, en el período 1976-
1980 el aumento fue de 11.159 millones de dólares, más del 140 %, mayor que el
importe de la deuda externa en 1975;
b) Ese gran aumento no fue detenido
en los años sucesivos, sino que la deuda externa siguió creciendo por efecto de
los intereses devengados que se fueron acumulando, pero también porque no se
detuvo el proceso de endeudamiento externo particularmente alto en 1981 y 1982,
sino que las exigencias económicas del país impusieron la necesidad,
dificultosamente, de renegociar la deuda con las instituciones bancarias y
financieras del exterior;
c) El efecto que ha tenido la deuda
externa sobre la economía de la Argentina es de conocimiento general, ya que
junto con la deuda interna ha estimulado el grave proceso inflacionario sufrido por
el país desde 1975, con picos inflacionarios en el período 1984-1990, fruto de no
haberse resuelto satisfactoriamente tal situación deudora;
d) Con respecto al endeudamiento de
las empresas del Estado, la peculiar operatoria llevada a cabo en materia de
endeudamiento durante el período investigado por el Ministerio de Economía, la
Secretaría, de Coordinación y Programación Económica, la Secretaría de
Hacienda y el BCRA, desemboca en la situación que se consigna en la foja 36 de
la causa, donde el BCRA informa que las obligaciones en moneda extranjera de
las principales empresas estatales, evolucionaron, por capital únicamente, de un
total de 4.071 millones de dólares al 31-12-1975, a 17.170 millones de dólares al
31-3-1981;
e) YPF específicamente: su
endeudamiento externo por capital únicamente creció de diciembre de 1975 a
marzo de 1981, multiplicándose por doce, concentrando esta empresa al 31 de
marzo de 1984 el 17,65 % del total de la deuda externa registrada entonces para
el sector público por capital únicamente, resultando ocioso indicar que el rubro
petróleo en todo el mundo origina importantes beneficios, configurando además un
elemento estratégico en la vida de las naciones del mundo actual y en la del futuro
previsible;
f) Con relación al proceso de
endeudamiento externo que sufrió la Nación, los peritos hacen notar acerca del
papel y funciones que eventualmente pudieron o debieron haber asumido dos
organismos especializados de las finanzas internacionales y del asesoramiento
que ellos debieron haber prestado al país; se trata del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del FMI.
En aquel período los bancos y otras
entidades financieras de préstamos tenían gran interés en colocar sus fondos en
países en desarrollo, sin interesarse mayormente por el destino que se daría a
tales recursos, ni en la capacidad de reembolso.
Se concluye que los organismos
acreedores también actuaron con imprudencia en todo el manejo del
endeudamiento externo, que ellos aceptaron movidos por un afán desmedido de
colocación de fondos provenientes de la época del auge de la explotación mundial
del petróleo;
g) Respecto de la responsabilidad que
cabe por el desempeño relativo a la deuda externa pública: consideran que el
ministro de Economía de la Nación era el responsable de la formulación de la
política general del país en el período en cuestión -abril de 1976 a marzo de
1981-, el ex secretario de Hacienda era el responsable de la aplicación y
vigilancia de las políticas que había formulado el ministro de Economía, y las
autoridades del BCRA (presidente y directorio), eran responsables de la gestión
específica del endeudamiento externo, por lo que les incumbía a ellos el cuidado
debido respecto de la metodología de obtención de los créditos y de su ulterior
destino;
h) Se llega al 10 de diciembre de 1983
y en el país asumen las autoridades constitucionales, la deuda externa alcanza un
monto levemente superior a los 45.000 millones de dólares, con un colapso en el
balance de pagos profundo, traumatizante, con efectos perniciosos a lo largo de la
gestión del nuevo gobierno, generando fuertes tensiones políticas y sociales que
perduran hasta el momento actual;
i) En la actualidad -noviembre de
1991- los servicios de la deuda no pueden pagarse de acuerdo a lo pactado,
dañando el prestigio financiero y crediticio del país en el exterior, afectando la vida
institucional y política, el sistema y la estructura económica, la paz social y la
tradición histórica de la República Argentina, y colocando al sistema económico
argentino en una situación de vulnerabilidad frente a contingencias financieras
exógenas;
j) El alto nivel de endeudamiento y su
manifiesta incapacidad para cumplir en tiempo y forma tienen como consecuencia
adicional que el diseño y ejecución de las metas de política económica nacional
sean discutidos y acordados con el FMI, y este organismo sea el encargado de
fiscalizar -con todo lo que ello significa- la evolución de las cuentas
macroeconómicas de la Argentina.
El juez concluye en la causa Olmos
que:
"Ha quedado evidenciado en el
trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los
máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos
analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas
empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó
la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces
extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los
registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de
sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener
divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de
cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con
avales del Estado por las empresas del Estado.
"Todo ello se advirtió en no menos
de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que
surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF,
treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y
veinte operaciones avaladas por el Tesoro nacional que no fueron satisfechas a su
vencimiento.
"A ellos deben agregarse los
préstamos tomados a través del resto de las empresas del Estado y sus
organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a
través del régimen del seguro de cambio.
"Empresas de significativa
importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos,
comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda
externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio.
"La existencia de un vínculo
explícito entre la deuda externa, la entrada de capital externo de corto plazo y
altas tasas de interés en el mercado interno y el sacrificio correspondiente del
presupuesto nacional desde el año 1976 no podían pasar desapercibidos en
autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las
negociaciones económicas.
"Ahora bien, toda vez que la única
persona que fuera procesada en esta investigación resultó sobreseída en virtud de
operar la prescripción de la acción penal, previo archivo de las actuaciones habré
de efectuar una serie de consideraciones que estimo pertinentes, dada la
trascendencia del objeto procesal investigado en este expediente.
"En primer lugar el archivo de la
presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del
Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han
arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual
responsabilidad política que pudiera corresponder a cada uno de los actores en
los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino. En
dicha inteligencia el señor fiscal en su dictamen donde solicita el cierre de las
actuaciones, acertadamente advierte que dos posibilidades existían cuando en el
mes de abril de 1982 se inició la presente causa, sostener que se trataba de una
cuestión política no judiciable y archivar la causa allí sin realizar investigación
alguna; o bien abordar la investigación para recién luego arribar a tal conclusión;
creo, entonces, que en ese momento nos encontramos ya que ninguna duda cabe
en cuanto a la dirigida política económica adversa a los intereses de la Nación que
se llevó adelante en el período 1976-1983.
"En tal sentido los importantes
peritajes realizados por notables expertos en materia económica a lo largo del
desarrollo de esta investigación podrán servir de imponderable ayuda para los
legisladores, lo cual habrá de justificar la extensión de la presente, so pretexto de
acercar en forma armoniosa y rápida en un único documento las cuestiones
sustanciales que se fueron elaborando, de allí el excesivo tiempo que ha insumido
su preparación, en la que sólo pudo contarse con un asistente técnico-económico
para su compulsa y redacción.
"Así pues, deseo recalcar la
importancia que pudieran llegar a tener cada una de las actuaciones que se
sustanciaron en el desarrollo de este sumario, las que, sin lugar a dudas,
resultarán piedra fundamental del análisis que se efectué para verificar la
legitimidad de cada uno de los créditos que originaron la deuda externa
argentina.
"El gobierno constitucional, en junio
de 1984, se dirigió al Fondo Monetario Internacional exponiendo la situación
heredada, el deterioro económico a partir del fracaso de la política en ese sentido
practicada durante el gobierno de facto, reclamando condiciones más adecuadas
para cumplir los compromisos. Tal vez ha llegado el momento de reiterar similar
petición para lograr una reducción en los costos financieros de la deuda, sin
perjuicio de otras ventajas que pudieran obtenerse de los países acreedores; pero,
como se va esbozando, resultan otros los poderes llamados a tomar tan complejas
decisiones.
"Es por estas razones que remitiré
copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a
través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes
para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la Nación que,
reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la
instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de
rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran
explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a
beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en
desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política
dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado
en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las
mismas.
"En efecto, debe recordarse que el
país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos y en
aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario
Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una nueva asistencia que
mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así
razón a su controvertida existencia..."
No obstante todo lo expuesto,
atento el tiempo transcurrido, el juez interviniente resuelve:
"1) Sobreseer definitivamente en la
presente causa 14.467 (expediente 7.723/98) en la que no existen procesados
(artículo 434, inciso 2º, del Código de Procedimientos en Materia Penal).
"2) Remitir copia de la presente
resolución (mediante disco) y poner las actuaciones a disposición de las
Honorables Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación para su consulta o
extracción de copias de las piezas procesales que se indiquen a los efectos que
estimen conducentes..."
IV. Consideraciones
sobre la deuda externa desde el punto de vista del derecho
internacional público y los principios generales del derecho
El análisis que corresponde
efectuar desde un punto de vista no estrictamente económico, sino a la luz de los
principios del derecho internacional que rigen la ejecución e interpretación de los
contratos celebrados por el Estado argentino para adquirir la deuda externa
analizada, destaca que:
1. La deuda se ha incrementado
gracias al cobro de intereses exorbitantes:
Los contratos de crédito sufrieron la
aplicación de aumentos arbitrarios decididos unilateralmente por los acreedores.
Si se hubiera aplicado la tasa de interés histórica (la inflación de EE.UU. más un 1
%) y se hubiera considerado como amortización de capital al cobro con tasa de
interés razonables el total de la deuda externa a principios de 1989 sería de 3.400
millones de dólares en lugar de 56.800 millones.
Señala Miguel Angel Espeche Gil
(Espeche Gil, Miguel Angel. La Deuda Externa ante el Derecho Internacional Público. Informe - versión VII al
Parlamento Latinoamericano. Noviembre de 2001). que a mediados de la década del '70 la
deuda externa de América latina ascendía a unos 60 mil millones de dólares. En
1980 la Reserva Federal de EE.UU. dispuso sucesivos aumentos de las tasas de
interés, que saltaron del 6 al 22 %. Los acreedores, unilateral mente, aplicaron
esas tasas a los contratos de crédito y activaron el detonante: la deuda se elevó a
204 mil millones a fines de ese mismo año; aumentó a 443 mil millones en 1990 y
se calculaba que llegaría a 706 mil millones de dólares en 1999.
"La deuda externa tiene como
resultado una transferencia neta de recursos del sur hacia el norte: en 1998 los 41
países pobres más endeudados transfirieron el norte 1.680 millones de dólares
más de los que recibieron y en el mismo año el conjunto de los países del Tercer
Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones
de dólares."
Solamente por el concepto de servicio
de su deuda externa, entre 1982 y 1996, la región latinoamericana pagó 739 mil
millones de dólares, es decir una cifra superior a la de la deuda total
acumulada.
Como dato ilustrativo, en 1986,
América Latina tuvo un saldo favorable en su intercambio comercial de 37.600
millones de dólares. En ese mismo año, en concepto de intereses, pagó 37.200
millones de dólares a la banca acreedora. De modo que, para su desarrollo, toda
América latina dispuso en aquel año de únicamente 400 millones de dólares.
A mediados de 1995, más de la
mitad del valor de las exportaciones de América latina se estaba destinando al
pago de la deuda externa. El periódico británico "Financial Times" señalaba que el
déficit de cuenta corriente de América latina en 1998 iba a ser de 71.800 millones
de dólares y en 1999 de 75.600 millones de dólares.
En términos reales, en concepto de
intereses y servicios, buena parte de la deuda -si no el total- ha sido
efectivamente saldada (Parlamento Latinoamericano - Consejo Consultivo -
Informe Versión VII - noviembre 2001).
A la luz del derecho de gentes,
aplicado en el campo del derecho internacional y en nuestro propio derecho
interno, estas maniobras han infringido los principios generales del derecho y las
normas consuetudinarias del derecho internacional general.
Nos remitimos al profundo análisis
elaborado por el autor citado, quien enumera los siguientes principios: los que
reprimen la usura y el abuso de derecho tanto como los que constituyen la
excesiva onerosidad sobreviniente de las prestaciones, la teoría del riesgo, la
necesaria equivalencia de las prestaciones, el enriquecimiento ilícito, la buena fe
objetiva, la finalidad objetiva del contrato, la lesión enorme, la equidad, la teoría de
la imprevisión, la corresponsabilidad de los acreedores, el favor debitoris y la
inviolabilidad de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida.
Los aumentos arbitrarios de las
tasas de interés -aplicados a los contratos de crédito unilateralmente por los
acreedores- también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional
general como la rebus sic stantibus, cambio fundamental de las circunstancias al
que se refiere el artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados, de 1969.
En 1997, como consecuencia de
una reunión de expertos convocada en Italia por la iglesia de Sant'Agata se emitió
una declaración que analiza estos principios:
1. Buena fe objetiva en la formación,
interpretación y ejecución de los contratos.
El principio prescribe comportarse
según la buena fe objetiva, dar información adecuada y corrección en las tratativas
y en la formación del contrato; en la interpretación del mismo y en la determinación
de su contenido; en la ejecución; en el hacer valer las propias pretensiones,
deviniendo criterio normativo también de evaluación del comportamiento del
acreedor, que no debe traducirse en un abuso de derecho.
2. Libertad contractual.
Este principio prescribe que la
formación de la voluntad contractual sea defendida no sólo formalmente sino
también sustancialmente contra posibles representaciones erróneas o parciales de
la realidad o de sus posibles desarrollos, alteraciones o manipulaciones que
induzcan a la conclusión del contrato, abusos del estado de necesidad o de peligro
de una de las partes, así como otros abusos de posiciones dominantes que
comporten vicios del consentimiento o daños; ello se relaciona además con la
función social del contrato, que implica la obligación de colaboración.
3. Prohibición de culpa.
Este principio veta cualquier lesión,
abuso o desviación de la libertad contractual mediante dolo, culpa o inobservancia
de la buena fe objetiva.
4. Causalidad de los contratos.
El principio prescribe que en todo
contrato se debe perseguir un resultado práctico, concretamente realizable.
5. Equidad.
La equidad debe impregnar la
materia de los contratos como tendencia de la equivalencia de la onerosidad del
contrato.
6. Lesión enorme. Excesivo
desequilibrio de las prestaciones.
El principio veta de modo específico
la desproporción grave entre la prestación de una parte y la de la otra,
constituyendo una violación del principio de equidad interna en la reciprocidad de
las prestaciones.
7. Prohibición de acuerdos
usurarios.
Este principio veta de modo
específico las cláusulas usurarias como convenciones ilícitas. Ello veta además
todo tipo de cláusula que, de modo directo o indirecto, incluso a través de la
referencia a índices aparentemente neutrales, consienta la realización de intereses
usurarios.
8. Diligencia del deudor.
El principio comporta que en tanto
el deudor explique la diligencia requerida para el cumplimiento de la prestación en
relación al carácter específico de la misma y a las circunstancias, el deudor se
libera y no responde por el caso fortuito.
9. Excesiva onerosidad
sobreviniente.
El principio comporta el derecho de
obtener el restablecimiento del equilibrio original del contrato cuando éste haya
sido alterado de modo esencial, mediante la reconducción a la equidad incluso.
Tal principio se debe considerar aplicable también a las obligaciones pecuniarias
frente a la eventual caída del tipo de cambio, presupuesto en la consideración
jurídica del dinero mismo, de la estabilidad de su costo y valor.
10. Favor debitoris (a favor del
deudor).
El principio impregna la materia de
los contratos y obligaciones como tendencia a contener o reducir la onerosidad del
vínculo que constriñe al deudor, y a tutelar la parte débil de la relación obligacional
contractual en una sociedad caracterizada por graves desequilibrios
socioeconómicos (ello se encuentra también presente, por ejemplo, en la base del
derecho laboral, en la del derecho de protección al consumidor, etcétera.)
11 Prohibición del abuso de
derecho.
El principio veta, además, el
ejercicio de las pretensiones crediticias en la medida en que se dirijan a la
consecución de un enriquecimiento injusto o a otro tipo de aprovechamiento
impropio directo o indirecto, en atención a las circunstancias concretas y a las
condiciones del deudor viole principios generales o perjudique derechos
fundamentales del hombre o prerrogativas esenciales del Estado.
12. Salvaguardar exigencias vitales del
deudor (beneficium competentia).
El principio prescribe que, aun en la
ejecución por incumplimiento de la obligación y las conductas equivalentes, deban
salvaguardarse las exigencias vitales fundamentales del deudor, poniendo un
límite a cuanto pueda ser exigido en relación a sus bienes o ingresos.
13. Inviolabilidad de los derechos
humanos, en particular del derecho a la vida.
El principio prescribe que todo
individuo tiene derecho a un nivel de vida suficiente para garantizar la salud y el
bienestar propio y de su familia, particularmente en lo tocante a la alimentación, al
vestido, a la vivienda, a la atención médica y los servicios sociales necesarios; ello
no tiene carácter meramente programático, e impone a los Estados, sean
industrializados, sean en vías de desarrollo, una obligación de resultado cuyo
cumplimiento requiere la adopción de medidas nacionales y de cooperación
internacional. La violación masiva de este principio constituye un crimen
internacional por parte de los Estados titulares de la obligación, así como de
cuantos hacen imposible a los Estados su cumplimiento.
14. Autodeterminación de los
pueblos.
El principio prescribe que todos los
pueblos tienen el derecho a determinar libremente su estatus político y también a
perseguir libremente su desarrollo religioso, cultural, social y económico; ello
implica que, a estos fines, todo pueblo pueda disponer de sus recursos en plena
libertad; cualquier limitación a tal libertad, derivada de obligaciones asumidas en el
cuadro de la cooperación económica internacional, es lícita sólo si se basa en el
principio del beneficio recíproco, y en todo caso ninguna limitación es lícita si priva
a un pueblo de los propios medios de subsistencia.
La violación a este principio, sea
directa, sea ejecutada mediante un uso mal entendido de la cooperación
económica internacional, constituye un crimen internacional de parte de los
Estados a los que sea imputable. (Declaración de Sant' Agata dei Goti - 29 de septiembre de 1997
- Comisión de Estudios sobre la Usura y la Deuda Externa.)
V. Causas de
ilegitimidad
Miguel Angel Espeche Gil, en la
obra citada, destaca cuatro causas de ilegitimidad de la deuda externa
argentina:
1. La primera es la del origen de las
deudas, ya que en muchos casos fueron contraídas con fraude y falsedad
instrumental de los contratos. En estos casos corresponde la aplicación de las
respectivas legislaciones civiles y penales nacionales, para que, probándose los
vicios legales en la contratación, se obtenga la nulidad de los contratos.
En esta vertiente debe considerarse
el cuestionamiento efectuado en varios países sobre la nacionalización arbitraria
de deudas privadas que pasaron a ser públicas, medidas que han sido calificadas
de ilegales y hasta de delictivas. Aquí también cabe el ejercicio de las respectivas
jurisdicciones nacionales.
2. La segunda consiste en el usurario
aumento unilateral e ilimitado de las tasas de interés iniciado en 1980 por el
Federal Reserve Bank, alza que actuó como detonante con efecto en cadena al
aplicarse a todas las deudas externas, legítimas o ilegítimas.
3. La tercera es la proveniente de los
acuerdos del Plan Brady. Los gobiernos de los países deudores fueron compelidos
a renegociar las deudas con el implícito reconocimiento forzado de las deudas
ilegítimas, con los niveles de anatocismo a los que había llegado su monto en el
momento de la firma de esos convenios. Esto viola las normas de derecho común
que rigen el reconocimiento de obligaciones sancionadas precisamente para evitar
la usura encubierta.
4. La cuarta se da en los casos de los
países en los que sus negociadores gubernamentales -quienes acordaron en
nombre de sus respectivos gobiernos los planes Brady- renunciaron poco
después a sus cargos oficiales y de inmediato pasaron a desempeñarse como
directivos, precisamente, de las entidades financieras beneficiadas por esos
acuerdos. En estos casos también corresponde la aplicación de los códigos
penales respectivos que reprimen la violación de los deberes de los funcionarios
públicos y el cohecho. (Ibid 11.)
Cabe señalar que las trágicas
consecuencias socioeconómicas y políticas sufridas a raíz de los aumentos de las
tasas a comienzos de los 80 se acentuaron con las alzas de 1994.
En febrero de 1994 se produjo un
nuevo salto de miles de millones en el monto de la deuda. En el año 2000 se
repitió la situación con renovadas secuelas catastróficas para los países
deudores.
Los aumentos de las tasas hacen
que los países deudores se vean enfrentados a un desenfrenado anatocismo
(escalada de intereses sobre intereses que se suma al capital). Así se hace crecer
la deuda, capital o intereses en forma artificial, involucrando en sus pagos a más
de la mitad del valor de las exportaciones totales de América latina.
Debemos recordar el artículo 723
del Código Civil argentino: "Si el acto del reconocimiento agrava la prestación
original o la modifica en perjuicio del deudor, debe estarse simplemente al título
primordial, si no hubiese una nueva y lícita causa de deber".
El proceso insostenible de
endeudamiento es una de las causas fundamentales de la aguda crisis que está
viviendo la Argentina. El plan de convertibilidad obedeció a una lógica de
endeudamiento y de cumplimiento de las condiciones de la deuda.
La deuda es un obstáculo serio al
desarrollo de los países y al bienestar de sus poblaciones.
VI. Deuda externa y
derechos humanos
Nuestro país ha incorporado a la
Constitución Nacional los tratados de derechos humanos, reconociendo su
indivisibilidad, su interdependencia y su progresividad. Ha asumido obligaciones
mínimas para respetar y garantizar los derechos económicos, sociales y
culturales, así como los derechos políticos y civiles. El Estado se ve obligado, a
través de su adhesión a los tratados de derechos humanos, a cumplirlos.
Adquiere, al suscribirlos e incorporarlos al texto constitucional, obligaciones
básicas e inderogables. Por ninguna circunstancia -aun por causas de insolvencia
económica- nuestro país puede pretender justificar el desconocimiento de los
derechos contenidos expresamente en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
El ajuste permanente a que se ve
obligado a recurrir nuestro país para hacer frente a la deuda externa menoscaba el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular en el caso
de los grupos desfavorecidos. (Observaciones finales al segundo informe periódico de la Argentina,
1.12.99 Comité/Derechos Económicos Sociales y Culturales.)
En nuestro país se están violando
los más elementales derechos humanos.
En 1995 la pobreza afectaba al 28,7
% de la población para pasar al 57,7 % en el año 2002; mientras que la indigencia
pasó del 7,6 % al 27,7 % en el mismo período.
La tasa de desocupación en el año
1990 era del 8,6 % de la PEA y ascendió en el año 2003 al 15,6 %; el subempleo
sufrió una variación en los mismos términos, ascendiendo de 9,3 % en 1990 al
13,5 % en el 2003.
En mayo de 2002 la tasa de
desempleo había alcanzado su máximo registro histórico del 21,5 %, tasa que se
redujo en octubre de 2002 al 17,8 %. Estos comportamientos reflejan las
contraprestaciones de lo planes Jefes/as de Hogar y no la creación genuina de
fuentes de trabajo. (INDEC, Informe Mayo 2003.)
La pobreza afecta a la mitad de la
población y la indigencia a un cuarto de la misma.
El trabajo en negro engloba ahora a
casi la mitad de los asalariados, un poco más de 4 millones de personas. A fines
de década del 80 el índice de trabajo en negro estaba en un 25 %. En la
actualidad el 90 % del nuevo empleo asalariado es en negro; como consecuencia
de ello, son 6,3 millones de trabajadores/as que están al margen de la seguridad
social.
En una década los datos indican
que: en 1990 el trabajo en negro era del 25,5 %; en los inicios de la convertibilidad
(1991) subió al 30 %; en la crisis del tequila (1994) subió al 35 %; en los años
siguientes al 38 %, en octubre de 2002 fue del 44,2 % y en el año 2003 asciende
al 47 %.
"A lo largo de la década del '90 el
empleo en negro, en la capital y el Gran Buenos Aires, superó el 30 %, llegando
casi al 38 % en octubre de 1999, estimándose que había más de 3,5 millones de
asalariados no registrados con ingresos estimados en un 45 % menores a los de
los trabajadores registrados [...]. Si a los trabajadores en negro y a los contratados
temporalmente se agregaban los que participaban de planes transitorios
nacionales y provinciales de empleo -como Trabajar, Manos Bonaerenses y
Servicios Comunitarios- se tenía a varios millones de personas sin obra social y
sin posibilidad de acceso a una futura jubilación." (Mario Rapoport, Historia económica,
política y social de la Argentina, Ediciones Macchi, 2003, pág 1021)
Un millón doscientos cincuenta mil
(1.250.000) personas mayores de 65 años están sin jubilación; desagregadas las
personas mayores de 70 años son alrededor de quinientas mil que se ven
afectadas, y 7 de cada 10 adultos de esa población son mujeres.
Alrededor del 18 % de los adultos
mayores de 70 años sin cobertura vive en hogares indigentes y más del 50 %
habita en hogares pobres.
Asimismo (en el año 2002) el
éxodo de capitales del sistema fue de 20 millones de dólares por día, que
significaron más de 7.000 millones de dólares a lo largo de los 12 meses que
siguieron al colapso de diciembre de 2001. Durante 2002, todo el superávit
comercial, más una parte de las reservas, salió del país por distintos mecanismos.
Todos los organismos financieros cobraron unos 4.000 millones de dólares. Entre
los años 2004 y 2007 el gobierno argentino tendrá que pagar 19.600 millones de
dólares entre intereses y capital de la "nueva deuda".
En un interesante análisis Derechos
humanos y deuda externa (Gialdino, Rolando E. - La Ley - 11/11/03) se destaca con relación
al cumplimiento de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Es muy provechoso, asimismo,
recordar algunos pasajes de las audiencias celebradas ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del segundo
informe presentado por argentina. Uno de los miembros del comité, W. M. Sadi,
ante el alegato de la delegación de nuestro país fundado en las crisis exógenas a
las que éste debió hacer frente (mexicana, 1994/1995, asiática y rusa -
1997/1998-, y devaluación de la moneda brasileña -1999-), expresó: '...la
existencia de dificultades o de crisis económicas, de origen interior o exterior, no
pueden justificar la degradación del ejercicio de los derechos humanos'. Cuando
dichas dificultades se presentan, 'es obligación de los dirigentes del país
establecer las prioridades en el nivel macroeconómico, precisamente para
garantizar el disfrute de los derechos de la forma más amplia posible. Por ejemplo,
sería útil que el Comité conociese las prioridades del gobierno de la Argentina
para determinar si su país se orienta en el sentido del respeto de las exigencias
del Pacto'. Asimismo, otro miembro, K.O. Rattay, advirtió que 'una crisis
económica no puede justificar la no aplicación de ciertas disposiciones del Pacto.
Al contrario en épocas de crisis es cuando deben protegerse más los derechos y
cuando el Pacto adquiere verdadero significado' ".
Por su parte, en fecha más cercana,
4 de octubre de 2002, el Comité de los Derechos del Niño, sin perjuicio de
reconocer que la Argentina se enfrentaba a muchas dificultades para aplicar la
Convención sobre los Derechos del Niño, "en particular debido a la crisis
económica, política y social que afecta al país", igualmente expresó su
preocupación, entre muchos otros aspectos, ante las "asignaciones
presupuestarias destinadas a los niños", "de diez muertes de lactantes seis
podrían evitarse con medidas de bajo costo". También criticó la reducción del
"gasto escolar", lo cual afectaba en particular a los niños más pobres
(Observaciones Finales al Segundo Informe Periódico de Argentina, CRC/C/ Add.
187, párrafos 10, 19, 46 y 56).
A su turno, el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer tampoco dejó de poner de
manifiesto a nuestro país su inquietud por las consecuencias negativas para la
mujer de las reformas económicas.
La presente cuestión ha despertado
-señala el autor citado- que la cuestión haya sido especialmente, abordada por la
Comisión de Derechos Humanos, que ha insistido en que "el ejercicio de los
derechos básicos de la población de los países deudores a alimentos, vivienda,
vestido, empleo, educación, servicios de salud y medio ambiente saludable no
puede subordinarse a la aplicación de políticas de ajuste estructural, programas de
crecimiento y reformas económicas adoptadas a causa de la deuda" (resolución
2002/29, 22/04/2002).
Asimismo se ha resuelto que "los
pagos de la deuda no deben tener prelación sobre los derechos básicos de la
población de los países deudores a alimentación, alojamiento, vestido, empleo,
servicios de salud y un medio ambiente saludables" (Comisión de Derechos
Humanos, resolución 1994/11, 25/02/1994).
Muchos juristas han efectuado
análisis sobre la relación entre derechos económicos y derechos humanos.
Destacamos la opinión en este aspecto de Atilio Alterini, quien señala: "En este
marco de desesperanza, replantear la legitimidad de la deuda externa, a cuyo
pago se aplica la primera prioridad del destino de nuestros recursos, es un tema
vinculado con el respeto de los derechos humanos elementales.
"En un país con una enorme
mortalidad infantil, carencia de viviendas, falta de trabajo, exclusión social, en cuya
Constitución Nacional consta la adhesión a los tratados que consagran el derecho
a la vida y el respeto a su calidad, el sinceramiento jurídico de la deuda externa
resulta impostergable. Con esta certeza, varios juristas decidimos trabajar sobre la
idea de la injusticia inmanente en la deuda, no ya desde el punto de vista
económico y político, sino desde un plano estrictamente jurídico y promover un
proyecto de ley para que Argentina lleve su caso a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya." (Atilio A. Alternini, Deuda Externa: una solución jurídica)
Señala Marcelo Ossandon (El problema
de la deuda externa ha quedado en manos exclusivamente de los economistas" en "Debito Intenazionale
Principi Generali del Diritto". -Ed. CEDAM. 1995, pág. 54). que "todos los precedentes históricos
de crisis financieras internacionales muestran que los acreedores y sus gobiernos
debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus
préstamos e inversiones. La única excepción a la regla es la experiencia
latinoamericana.
"La deuda no se desconoce, pero
sólo se paga en términos que contemplen una repartición de las pérdidas. Incluso
el criterio de mercado muestra que los documentos de la deuda latinoamericana
se transan en proporciones cercanas al 50 % de su valor nominal.
"El desafío histórico del continente
es realizar una transformación productiva y tecnológica, ampliar su capacidad y
competitividad y atender su enorme mercado interno, que en el año 2000 superará
los 500 millones de habitantes. Estas exigencias sociales y económicas obligarán
a modificar radicalmente el pago de la deuda.
"En este marco, la instauración de
un nuevo orden económico internacional es una exigencia impostergable y sobre
todo la integración económica regional sin la cual será difícil sobrevivir en tanto
que naciones independientes".
Por ello, el enfoque interdisciplinario
de la deuda es hoy más necesario que nunca.
VII. Creación de la
Comisión Bicameral y creación del Consejo Consultivo
Económico, Social y Político de la Deuda Externa Argentina
Urge buscar alternativas desde
enfoques interdisciplinarios y diseñar las estrategias que posibiliten, tanto al propio
Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, avanzar en la negociación de la deuda
externa argentina, con los mejores análisis y con datos más precisos. Es urgente
elaborar propuestas con participación ciudadana y transparencia.
El tema de la deuda externa
argentina ha adquirido dimensiones trágicas que sin duda afectan a las
generaciones presentes pero, en especial, a las generaciones futuras. Nadie
puede creerse dueño de soluciones mágicas. Nuestro país ya ha pagado muy caro
las decisiones de algunos "iluminados". Hoy es necesario avanzar en un sentido
participativo, donde no se rehúyan el debate y la confrontación de ideas con todos
los sectores sociales y políticos y desde el punto de vista jurídico, económico y
político.
Las consecuencias de la negociación
de la deuda externa impactan sobre los derechos humanos de nuestro pueblo y es
en ese marco donde debe ubicarse el eje de la discusión. Los países acreedores
son corresponsables del desarrollo humano y del respeto por la dignidad de las
personas.
Consideramos urgente convocar a
todos los sectores para investigar y elaborar las directrices básicas que encuadren
las negociaciones de la deuda externa argentina, impulsando asimismo un
tratamiento regional y mundial.
La Comisión Bicameral que
proponemos no puede, pues, limitarse a indagar la ilegitimidad de la deuda, sino
que debe, a partir de sus antecedentes, proceder a formular las estrategias para
abordar el tema en todas sus dimensiones: pautas básicas y condicionamientos
para su pago, determinación de su monto, estrategias de discusión en los foros
internacionales como la Asamblea de las Naciones Unidas, en lo relativo a la
usura y violaciones a los principios generales del derecho.
Tampoco consideramos que esta
comisión deba enmarcarse exclusivamente en una composición política. Creemos
que el aporte de la sociedad civil, rico en estudios y propuestas, como las que han
emanado de las universidades de nuestro país y del mundo, puede y debe
sumarse a este debate fundamental para encontrar caminos consensuados para
enfrentar los complejos problemas que se derivarán año tras año.
La deuda externa se originó en la
oscuridad, sin documentación ni registros fehacientes. Asombra advertir que los
peritos actuantes en la causa judicial reseñada se han basado en informaciones
provistas por el Banco Central o el Ministerio de Economía, sólo de carácter
estadístico, sin valor documental. La AFIP clausuraría un quiosco con mucho
menos. Pero no fue así para celebrar los contratos de deuda externa argentina
que comprometieron el futuro de generaciones.
La propuesta que formulamos se
sustenta en las atribuciones conferidas al Congreso Nacional por el artículo 75,
incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional. Asimismo hemos tenido en
consideración los antecedentes legislativos relativos a la creación de comisiones
especiales para la investigación de la deuda externa argentina presentados por los
diputados Alfredo Allende, Mario Cafiero, José Mirabile y Eduardo Macaluse, entre
otros. Hemos tenido en cuenta la Comisión Especial Investigadora de Fuga de
Divisas creada por resolución de esta Cámara de fecha 23 de enero de 2002.
Es absolutamente imprescindible
avanzar en esta dirección: abrir las negociaciones a la discusión pública,
transparentar las decisiones y posibilitar que el esfuerzo ciudadano, que hoy
aporta ideas desde las universidades, centros de estudios y foros sociales, pueda
sentarse a la mesa de discusión
Por lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto de resolución.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| FEIN, MONICA HAYDE | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| BARRIOS, MIGUEL ANGEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| CICILIANI, ALICIA MABEL | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| CUCCOVILLO, RICARDO OSCAR | BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| VIALE, LISANDRO ALFREDO | ENTRE RIOS | PARTIDO SOCIALISTA |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
| FINANZAS |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 03/08/2010 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA | Aprobado por unanimidad en la parte de su competencia con modificaciones |
| 09/11/2010 | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA | Aprobado con modificaciones unificados en un sólo dictamen |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 17/03/2010 | |
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 129 (2011), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | 16/03/2011 |