La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los organismos que corresponda informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas con la gestión de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME)

1) Cuál fue la partida de dinero presupuestada para la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) para el ejercicio del año 2008.

2) Cuál fue el presupuesto efectivamente ejecutado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) durante 2008. En caso de existir diferencias entre el monto presupuestado y el ejecutado explicite el destino de las partidas inutilizadas por la SEPYME que fueron giradas a otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.

3) Cuántos créditos otorgó la SEPYME en 2008 y cuál fue el monto promedio de los mismos. Discrimine por región, por provincia y por sector de actividad económica: agropecuaria, industrial, comercial, de la construcción y servicios.

4) Detalle el número de empleados de cada una de las empresas beneficiadas por los créditos otorgados durante 2008.

5) Cuál ha sido el nivel de cumplimiento y de morosidad de los beneficiarios durante el mismo período.

Señor presidente:

La Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) tiene como función diseñar, implementar y supervisar políticas públicas para impulsar el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), con el objeto de avanzar hacia la integración de la estructura productiva de nuestro país, promover el desarrollo regional, alentar la creación de nuevas empresas y generar más y mejores empleos, tanto en los sectores agropecuarios como en los industriales, comerciales, de la construcción y de servicios. En la Argentina existen 213 mil pymes y, según datos aportados por la actual presidenta del Banco Hipotecario, Clarisa Estol, representan en la actualidad el 40% del Producto Bruto Interno (PBI), emplean al 45% de la población económicamente activa (PEA) y participan del 9% de las exportaciones argentinas. La SEPYME, que se encarga de definir a qué sectores promover a través de sus créditos, debería actuar como una herramienta fundamental para alentar el financiamiento de aquellos actores con desventajas comparativas para acceder al mismo y permitir así la inclusión de quienes no logran posicionarse o permanecer en el sistema productivo. Sin embargo, a pesar de su rol estratégico en la gestión del Estado y la promoción del desarrollo económico, ha resultado el organismo público con menor nivel de actividad del año 2008. Tal como lo ha reflejado en su investigación el diario Clarín el 1º de febrero de 2009, según información oficial durante 2008 la Subsecretaría ejecutó sólo 18 millones de pesos sobre un total de 238 millones que tenía presupuestados: apenas el 8% del total. La subejecución de fondos destinados a los sectores más vulnerables, previstos en el Presupuesto, se ha reiterado sistemáticamente desde los inicios del anterior gobierno y se ha perpetuado en la actual gestión: desde 2004 hasta 2007, se han subejecutado 2.100 millones de pesos asignados a programas asistenciales, orientados a la promoción del empleo, a la reactivación económica y al reequilibrio regional. Esta práctica, que ha sido adoptada por los ministerios con más altos niveles de inversión, debe ser analizada en el actual contexto de discrecionalidad con el que se gestionan los recursos públicos. Hemos denunciado, cada vez que este Parlamento debió aprobar el Presupuesto, de qué manera el Poder Ejecutivo de la Nación subestimaba la recaudación fiscal anual declarando una tasa de crecimiento del PBI inferior a la esperada, librando los fondos no contemplados a la administración de una Jefatura de Gabinete que goza de facultades extraordinarias para reasignar partidas sin sujeción a las leyes de administración financiera y de responsabilidad fiscal, y que tampoco han sido convalidadas por el Poder Legislativo. En el caso de la SEPYME, la situación es igualmente grave: ya no se trata de la asignación discrecional de recursos no previstos en el Presupuesto sino de aquellos que, aprobados por este Parlamento, han sido ejecutados en un nivel sustantivamente inferior al total y cuyo destino final se desconoce. La retracción de los sectores productivos, la pauperización social, el resquebrajamiento de las economías regionales exigen del Estado una utilización cada vez más eficaz y eficiente de sus recursos, sobre todo de aquellos dirigidos a generar empleo y a asistir a los sectores con menores posibilidades de acceso al crédito. Resulta preocupante que el sea el propio Estado el que desdeñe, sin razón aparente, de una herramienta que ha sido concebida para asistir la actividad de las pequeñas y medianas empresas que, en nuestro país, emplean a más de un millón de trabajadores y alimentan a unos cinco millones de habitantes. Las pymes, insistimos, constituyen una escala productiva fundamental en el desarrollo de las variables económicas y en el crecimiento integrado y equitativo de nuestro país. Resulta necesario, entonces, que el Poder Ejecutivo dé cuentas de sus criterios de ejecución presupuestaria y transparente de qué manera la redistribución del ingreso, efectivamente, compensa a los más desfavorecidos.