La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quién corresponda, en virtud de datos de la Secretaría de Ambiente Humano y Desarrollo Sustentable de la Nación que indican que el consumo de pesticidas crece sin pausa desde 1991, y que la mitad de la demanda corresponde al herbicida utilizado el cultivo de soja y teniendo en cuenta además que algunas organizaciones no gubernamentales, lideradas por el Grupo de Reflexión Rural, plantean desde hace tiempo los riesgos que corren las poblaciones rurales por la expansión del monocultivo de soja genéticamente modificada, que requiere del glifosato, y por la fumigación aérea de los campos, sin los debidos recaudos y la investigación, realizada con aportes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e instituciones universitarias, asegura que el mal manejo de estos productos constituye "un serio problema ambiental y de salud" para el país, cuyos daños "pueden ser irreversibles", sobre todo entre los niños.se sirva informar sobre lo siguiente:

- ¿Si la Autoridad de Aplicación en la materia está llevando a cabo programas de control de salud a efectos evaluar el impacto que genera en la población rural, el aumento del uso de pesticidas antes referido?

- ¿Si la Autoridad de Aplicación está controlando el proceso de fumigación, el estado de aviones fumigadores, licencias de los pilotos, depósitos de agroquímicos, manipuleo de los mismos, etc.?

Señor presidente:

Sr. Presidente: Las preguntas efectuadas precedentemente, se fundan en una nota firmada por Marcela Valente donde manifiesta que "El sector agrícola argentino está de parabienes por la demanda al alza de los granos y sus consecuentes buenos precios, bonanza que también engorda las arcas del Estado. Pero la euforia deja en las sombras el preocupante manejo inadecuado y sin control de pesticidas y fertilizantes, indicando además que según la Secretaría de Agricultura, la última campaña marcó un récord de producción con casi 95 millones de toneladas de granos de los cuales la mitad corresponde a soja. Este año, la cosecha será superior a 100 millones de toneladas y permitirá al fisco recaudar unos 7.500 millones de dólares por impuestos. Para alcanzar esos volúmenes, los productores adquirieron el año pasado más de 5.000 tractores, igual número de sembradoras y 2.000 cosechadoras, entre otras máquinas. Pero junto con la expansión del área sembrada y la mayor inversión tecnológica, se incrementa también el uso, no siempre adecuado de agroquímicos. Consultoras privadas estiman que en 2007 el consumo de fertilizantes fue de 3,6 millones de toneladas, 20 por ciento más que en 2006. La demanda creciente atrajo millonarias inversiones en plantas productoras de empresas locales y transnacionales que prometen todavía un crecimiento sustancial de la oferta para 2010. El mismo boom se registra en materia de pesticidas, con el glifosato como producto estrella destinado a controlar las malezas que crecen junto a la soja. Datos de la Secretaría de Ambiente indican que el consumo de pesticidas crece sin pausa desde 1991, y que la mitad de la demanda corresponde al herbicida para esa leguminosa. La magnitud del negocio acalla las advertencias profesionales, inclusive de organismos del Estado, sobre eventuales efectos de los agroquímicos a corto, mediano y largo plazo en la salud de la población rural. Su mal manejo provoca intoxicaciones agudas y

enfermedades que emergen a futuro. "Se trata de un asunto que todavía no existe en la agenda de problemas sociales", dijo a IPS la socióloga María Alejandra Silva, directora

del Grupo de Salud de los Trabajadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. "Los actores de la sociedad civil preocupados por este tema no logramos

Incidencia" añadió.

Algunas organizaciones no gubernamentales, lideradas por el Grupo de Reflexión Rural, plantean desde hace tiempo los riesgos que corren las poblaciones rurales por la expansión del monocultivo de soja genéticamente modificada, que requiere del glifosato, y por la fumigación aérea de los campos, sin los debidos recaudos. Según Silva, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Estado, que captura millonarios impuestos a la exportación del campo, "mira para otro lado". Si bien hay investigaciones financiadas por organismos públicos "no hay políticas ni voluntad de atender este tema", aseguró. Asimismo, la socióloga sostuvo que en diversas facultades de agronomía de Buenos Aires y de universidades del interior del país, empresas transnacionales productoras de agroquímicos financian estudios y afectan así la independencia académica. Algo similar ocurre con el tratamiento periodístico de los suplementos rurales de los diarios,

Solventados por las firmas.

En un artículo titulado "Los desafíos de Argentina en torno al crecimiento rural a espaldas del medioambiente y la salud", la experta sostuvo que en este país hay "escasa o nula reflexión sobre la sustentabilidad ambiental y sanitaria del actual modelo de

Crecimiento del sector rural"

Silva indicó que los productores encuestados manifiestan preocupación por la pérdida de fertilidad del suelo debido a su uso intensivo, en cambio no expresan temor por la falta de control en la elaboración, transporte, almacenamiento, fraccionamiento, expendio y aplicación de agroquímicos, o por el destino de sus envases. Los compran por presión de los proveedores o por exigencia de los consumidores "con

Criterios exclusivamente economicistas", añadió.

Los estudios sanitarios sobre los efectos de este manejo inadecuado son escasos y dispersos y "las intoxicaciones quedan enmascaradas en los registros oficiales", denunció.

Los síntomas agudos de una intoxicación con agroquímicos pueden ser cefaleas, dermatitis, vómitos, diarrea o convulsiones entre otros. A largo plazo, la exposición sostenida a estos productos y sin la protección adecuada puede derivar en distintos tipos de cáncer, malformaciones, enfermedades neurológicas o vinculadas al sistema endocrino. Una investigación realizada en diversas regiones del país, con la coordinación de la Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente (AAMMA), alertó sobre el "manejo inadecuado e indiscriminado de plaguicidas, falta de protección del personal que lo aplica y su familia, y acumulación de envases contaminados en los predios". "Los agroquímicos utilizados en el control de plagas y los fertilizantes destinados a maximizar rendimientos de cosecha son capaces de producir contaminación en suelos y aguas -superficiales y subterráneas-- y riesgos de intoxicación en seres vivos", señala el trabajo titulado "La problemática de los agroquímicos y sus envases, su incidencia en la salud de los trabajadores, la población expuesta y el ambiente". La investigación, realizada con aportes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable e instituciones universitarias, asegura que el mal manejo de estos productos constituye "un serio problema ambiental y de salud" para el país, cuyos daños "pueden ser irreversibles", sobre todo entre los niños. Si bien los resultados difieren en las diversas provincias, en general los porcentajes de trabajadores rurales o productores que no se protegen o sólo lo hacen con guantes es superior a 80 por ciento. La mayoría desconoce las vías de intoxicación y muchos compran el plaguicida fraccionado, sin las etiquetas con las recomendaciones de uso. Alrededor de 15 por ciento de los productores entrevistados en una zona de la oriental provincia de Buenos Aires asegura conocer personas "resistentes" a los plaguicidas que los manipulan sin guantes. Se trata, según los autores, de una creencia falsa que ignora las graves consecuencias a largo plazo de ese tipo de contacto. Entre los entrevistados, un alto porcentaje asegura conocer a personas intoxicadas por los químicos en diversos accidentes y muchos desconocen o aplican mal los procedimientos para con los envases, que deberían lavarse tres veces y luego perforarse

Para que no puedan ser reutilizados.

La mayoría de estos envases se acumulan en baldíos de los predios, se entierran o se queman, con el consecuente efecto contaminante a mediano plazo.

En algunos barrios, la población de escasos recursos los utiliza para cargarlos con agua. Según este diagnóstico, el problema se agrava porque los recursos no alcanzan para hacer estudios que muestren una correlación directa entre este mal manejo y las enfermedades ulteriores, que pueden aparecer décadas después e incluso en futuras generaciones si una mujer embarazada está expuesta a los agroquímicos. En tanto, y "a la luz de la magnitud real y urgente del problema", dice, recomiendan informar correctamente sobre los riesgos de la manipulación, y capacitar tanto al personal que aplica los productos como al sanitario, que debería registrar adecuadamente los síntomas derivados de esta actividad. (FIN/2008).