La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional a los efectos que, por medio del organismo que corresponda, informe a este Cuerpo Legislativo:

1- Respecto de la compra por parte del Ministerio de Economía de la Nación de 19 (diecinueve) automóviles de alta gama sin licitación previa, informe los motivos que llevaron a realizar dicha compra directa sin efectuar la licitación pública correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el art. 22 del Decreto 436/2000.

2- Quienes fueron los funcionarios que autorizaron dicha compra

3- Informe si el Ministerio de Economía tiene automóviles de su propiedad y/o alquilados para uso de sus funcionarios. Explicite marca y modelo de los mismos.

Señor presidente:

En el día de hoy el abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía Amado Boudou por la adquisición a la firma GUIDO GUIDI S.A. de diecinueve automóviles de alta gama por un valor de $ 2.301.227, 25 sin previa licitación.

Según la presentación judicial no se han utilizado argumentos que permitan establecer que la compra de dichos automóviles por el Ministerio de Economía fue realizada en forma legal. Por el contrario, según dicha presentación, la resolución que confirma la compra fue firmada por el entonces Secretario Legal y Administrativo del Ministerio, el Licenciado Benigno Vélez y no por el ministro de Economía como facultad exclusiva, y sin hacer referencia a urgencia alguna en la transacción aludida.

El régimen de contrataciones del Estado, aprobado por el decreto 436/00 y modificado por el 1023/01, dice que para compras de más de $ 300.000 debe haber licitación pública. Pero en diciembre decidió obviar esa vía para los autos, e hizo adquisición directa

Habida cuenta que existe una presentación judicial en trámite y que corresponderá a la Justicia, en definitiva, la dilucidación de los hechos referidos, corresponde que este Congreso evalúe la forma y los motivos de dicha compra hasta tanto se resuelva la cuestión en sede judicial.

Es nuestra facultad como funcionarios públicos y nuestro deber como representantes del pueblo conocer en aquellas cuestiones de interés público que pudieran afectar el manejo y la transparencia de los fondos públicos.

Es por las razones expuestas que solicito a las/os señoras/es diputadas/os que me acompañen en el presente proyecto.