La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde información, a través de los organismos que estime necesario, sobre los mecanismos de fiscalización existentes, o que instalará en el corto plazo, para la tramitación de denuncias sobre irregularidades relacionadas con todos los programas sociales que ejecutan sus Ministerios, y sobre la publicidad de los padrones de los beneficiarios de esos programas de asistencia social.

Señor presidente:

Ante las irregularidades existentes en la administración y ejecución de los planes sociales resulta necesario indagar y dar a conocer los mecanismos a cargo de la regulación, control y monitoreo de los mismos.

La regulación e implementación de los planes sociales implica: el monitoreo y control de las transacciones de ingresos y de los padrones de sus beneficiarios, y la detección de irregularidades en este proceso; la investigación y recepción de esas irregularidades por parte de las instituciones pertinentes; y por último, la publicidad de los resultados.

Hasta la fecha, la fiscalización y evaluación de los planes sociales en más de un Ministerio ha demostrado ser ineficiente, o al menos, no se ha divulgado públicamente con datos empíricos que lo sustenten, el que lo logren efectivamente.

Si bien es de público conocimiento la existencia y funcionamiento del mecanismo de fiscalización que realiza la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) dependiente del MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL para los programas sociales que ejecuta el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, es necesario contar con un listado y estado de situación de todos los mecanismos de fiscalización, denuncia y control de la extensa pluralidad de programas sociales que operan en diversas jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Esto queda evidenciado en la falta de respuestas del SIEMPRO, sistema dependiente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES de la Presidencia de la Nación, ante consultas del ciudadano común, y de estudios realizados en el plano académico. Un estudio realizado por el CIPPEC (Gruenberg, Christian y Pereyra Iraola, Victoria: "El clientelismo en la gestión de programas sociales contra la pobreza", Documento de Políticas Públicas / Análisis Nº60, CIPPEC, Buenos Aires, enero de 2009) trabajó sobre las denuncias al Plan Jefes y al Plan Empleo Comunitario, y no así sobre el Plan Familias por la Inclusión Social del Ministerio de DESARROLLO SOCIAL. Los dos primeros planes asistenciales son administrados por el Ministerio de TRABAJO y son fiscalizados por la ya mencionada UFISES. Sin embargo, el Ministerio de DESARROLLO SOCIAL, que ejecuta entre otros el Plan Familias, no tiene mecanismos de fiscalización como el citado, a la vez que no publica el padrón de beneficiarios de sus programas. Es decir, no hay un seguimiento uniforme y constante acerca de todos los planes sociales en vigencia.

Más aún, el estudio del CIPPEC revela que de todas las denuncias sobre el Plan Jefes y el Plan Empleo Comunitario sólo un 59% llegan al poder judicial. El método con el que se realizan (comunicación del denunciante vía telefónica a un asistente de la UFISES) y la ausente tramitación de las denuncias ponen en tela de juicio las capacidades de monitoreo de las instituciones a cargo.

Estas fallas luego acarrean deficiencias en todas las aéreas de control e implementación no permitiendo hacer un balance real de los resultados de los planes sociales en curso. Lo cual a su vez, imposibilita prever las posibilidades de progreso en el mediano y largo plazo. La incorrecta administración de los planes sociales es preocupante y nos obligan a pedir el presente informe a las autoridades pertinentes para que se lleven adelante las medidas legales necesarias para revertir esta situación.