La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Exhortar al Poder Ejecutivo Nacional para que proceda a derogar los actos administrativos dictados por sí o por la empresas prestadoras de servicio públicos de gas, electricidad o telefonía, advirtiendo la gravedad que importaría el mantenimiento de la vigencia de dichos actos, a todas luces inconstitucionales, ilegales e ilegítimos.

Señor presidente:

Mediante Resolución Nº 1169/08, de fecha 6 de Noviembre de 2008, la Secretaría de Energía de la Nación aprobó la Reprogramación Trimestral de Invierno 2008 correspondiente al período comprendido entre el 1º de Agosto de 2008 y el 31 de Octubre de 2008 y la Programación Estacional de Verano correspondiente al período comprendido entre el 1º de Noviembre de 2008 y el 30 de Abril de 2009, ambas para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) elevadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) (art. 1). Se establecieron, además, nuevos "precios de referencia estacionales de la potencia y energía en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) para el período comprendido entre el 1º de octubre de 2008 y el 30 de abril de 2009" (art. 2).

Si bien la Resolución comentada prevé que "los Precios Estacionales a ser abonados por las demandas atendidas por los Agentes prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) sean concordantes con la capacidad de pago con que, se entiende, cuentan los distintos estratos sociales y económicos de la demanda", su aplicación ha derivado en una suba desmedida y desproporcionada de la tarifa con respecto al período anterior.

De hecho, la realidad provincial y nacional ha demostrado que el reajuste, a más de ser abusivo y desproporcionado, no ha tenido en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.

Que el nuevo cuadro tarifario vigente por la aplicación de la Resolución 1169/08 de la Secretaría de Energía de la Nación cambió imprevista e ilegalmente las reglas de juego. En efecto, no sólo incrementó el valor de KW si no que también modificó las franjas de consumo, y tal modificación colocó a muchos usuarios en una categoría de consumo superior, donde el valor del KW es más caro (el anterior cuadro tarifario no preveía una variación del precio unitario del KW).

A tal situación, en la Provincia de Tucumán se suma al mencionado aumento, la aplicación del nuevo cuadro tarifario aprobado por la Resolución Nº 563/08 del EPRET (Ente Provincial Regulador de la Energia en Tucumán), que estableció en el mes de Noviembre de 2008 una redeterminación de la tarifa retroactiva al mes de de Abril de 2008, de aproximadamente el 12%.

Que la Resolución 563/08, a más de contener un aumento que deviene confiscatorio sumado al determinado por la Resolución 475/08, prevé el cobro retroactivo de la tarifa, en abierta contradicción con el art. 3 del Código Civil de la Nación.

Que los hechos descriptos constituyen una clara violación de los derechos legales (Ley 24.240) y constitucionales (art. 28 y 42 CN) de los usuarios.

Que los valores resultantes de la aplicación del nuevo cuadro tarifario resultan irrazonables y abusivos en relación a las facturaciones recibidas por los mismos consumidores por períodos anteriores. En efecto aún no habiéndose incrementado los consumos sustancialmente, o habiendo incluso disminuido, el incremento en los valores finales ha sido tan desproporcionado que también por esta razón debe ser calificado como contrario al principio de razonabilidad consagrado por el artículo 28 de la Constitución Nacional.

Que el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el derecho al goce de derechos constitucionales "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". El artículo 28 prescribe que "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio". El artículo 99, inc. 2°, por su parte, establece que es atribución del P.E.N. expedir "las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".

Que las normas citadas de nuestra Carta Magna inspiran el principio constitucional de razonabilidad que debe regir todos los actos estatales.

Que en su afán de promover el bienestar común, las medidas legislativas y reglamentarias tienen un único límite: respetar los derechos y garantías constitucionales. En definitiva: no alterar con la reglamentación legal los derechos y principios que la Constitución ha consagrado.

Que ni la más eficiente de las medidas ni la más popular de las disposiciones serán válidas en tanto impliquen la violación del derecho de un individuo. La creencia de que puede prescindirse del respeto por los derechos individuales en pos de la conveniencia de determinadas políticas, acabará minando la seriedad institucional del país, pues cada uno de esos embates contra los derechos fundamentales de los ciudadanos es un embate contra la imperio de la Constitución.

Que en definitiva, la razonabilidad exigida a la reglamentación y a los actos públicos está íntimamente ligada al sentido de justicia: la ley debe ser justa y razonable - en términos del derecho constitucional - en lo que ordena o prohíbe.

Que por otra parte, los generalizados incrementos en las facturaciones, su magnitud, y la imprevisibilidad de los mismos por los usuarios, vulneran los derechos establecidos en el art. 42 de nuestra Constitución Nacional que establece que "los consumidores y usuarios tienen derecho en la relación de consumo a la protección (...) de sus intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos".

Que el derecho a la información (oportuna, completa y veraz) es esencial en la prestación de un servicio público, pues su objeto, en definitiva, es el adecuado conocimiento de las condiciones del servicio y de los derechos y obligaciones derivados de ellos.

Que es deber del Estado, de los Entes de Control de los Servicios Públicos y de las Autoridades Públicas en general, brindar una adecuada información a los usuarios, como así también verificar que las concesionarias informen sobre las condiciones del servicio.

Que el incremento en la facturación de energía eléctrica resulta tan desproporcionado -tengamos en cuenta que según da cuenta la información periodística existen aumentos que superan el 400 % sobre la facturación del período anterior - que, sumado a la falta de información sobre su aplicación, le otorgan carácter de imprevisible y confiscatorio.

Que tal elemento de la imprevisibilidad no ha sido disipado por la información adecuada y veraz que exige la norma constitucional. Ni la empresa prestataria, ni el Gobierno Nacional, ni el Gobierno Provincial informaron que los incrementos previstos impactarían en la facturación de la forma en que lo hicieron.

Que los usuarios se notificaron del desmedido aumento al recibir la factura de la luz, sin más información que la escueta mención de la Res. 1169/08.

Que debe señalarse que "brindar una información adecuada implica que no exista ni exceso ni restricción de la misma pues ambas situaciones conforman un cumplimiento irregular de la obligación legal", puesto que "la Ley de Defensa del Consumidor no solo impone la obligación de informar sino más aún, caracteriza expresamente su contenido". En efecto, "brindar una correcta y adecuada información implica adaptar el discurso a la capacidad del receptor a efectos que este pueda comprender correctamente el contenido del mensaje y obrar en consecuencia de un modo racional (1) "

Que los usuarios en el país consumieron energía eléctrica a un precio determinado, y sin embargo al momento de tener que afrontar su contraprestación, la conmutatividad del contrato fue modificada en forma unilateral y arbitraria por una de las partes, sorprendiendo al usuario con aumentos desmesurados e ilegales.

Que la imprevisibilidad del aumento está ocasionando una verdadera crisis social, pues los montos facturados exceden no sólo las previsiones de los presupuestos domésticos, sino que, en la mayoría de los casos el pago se hace imposible por falta de medios. Esto, a más de la deuda generada con la empresa prestataria, ocasionará un irreparable daño en la calidad de vida de los hogares (el corte del suministro por falta de pago que podría sobrevenir de acuerdo a lo previsto en los reglamentos de suministro del servicio).

Que, a más de ello, existe en la Provincia de Tucumán una sola prestataria de energía eléctrica, mal puede pensarse en el cumplimiento de la "libertad de elección" a que hace referencia el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Que a fin de evitar un daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, y hasta tanto se resuelva judicial o extrajudicialmente el conflicto planteado, corresponde a este cuerpo suspender la aplicación de las Resoluciones del EPRET que ocasionaron los desmedidos aumentos.

Que en tal sentido se ha pronunciado la justicia federal, tanto en la causa iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación (Sentencia recaída en Causa N° 15/2009; 'Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN -M° Planificación - SEResol.1169/08 y 745/05 s/ proceso de conocimiento' - Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 - 27/01/2009), y así mismo el Juez Federal Dr. Mario Racedo (subrogante), en los autos "Cano José Manuel y otros vs Estado Nacional y Ente Prov. Regulador de Energía de Tucumán S/ Acción de amparo", en la que ordena la suspensión de la Resolución Nº 1169/08 y la 475/08 del EPRET.

Ante lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto de resolución.