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PROYECTO DE TP
Expediente 0220-D-2014
Sumario: EXPRESAR PREOCUPACION POR LAS SUPUESTAS CONDUCTAS QUE PERPETRO LA CUPULA DE LA "INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (IGJ)" QUE MONTO UN "CEPO INFORMATIVO", PARA PROTEGER AL VICEPRESIDENTE AMADO BOUDOU EN EL "CASO CICCONE".
Fecha: 06/03/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Expresar su extrema y honda
preocupación ante las conductas perpetradas por la cúpula de la Inspección
General de Justicia (IGJ) que montó un "cepo informativo" para proteger
supuestamente al vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y evitar así
que la información societaria sensible que controlaba el organismo llegara a las
manos de jueces, legisladores de la oposición y periodistas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del año 2013 la cúpula de
la Inspección General de Justicia (IGJ) montó un "cepo informativo" para proteger
al vicepresidente Amado Boudou y evitar que la información societaria sensible que
controlaba el organismo llegara a las manos de jueces, legisladores de la oposición
y periodistas. ; lo cual continua en la actualidad. Así lo revelan documentos y
correos electrónicos que pudieron ser vistos por LA NACION en los que
funcionarios de la IGJ discutieron cómo implementar ese cerrojo.
La decisión la tomó el entonces jefe
de la IGJ, Norberto Berner, que luego fue ascendido dentro del Gobierno a
secretario de Comunicaciones.
Hacia mediados del año pasado,
cuando estaba al frente del organismo, Berner conformó un grupo de funcionarios
que aportaron propuestas y fundamentos para negar el "acceso a la información
contenida en las bases de datos de la IGJ" y evitar que los reclamos posteriores
por la denegatoria llegaran a la Justicia, según esos documentos.
Uno de los miembros de este grupo,
el ex inspector legal del organismo Fernando Scanavino, confirmó la información y
ofreció detalles.
"La orden era proteger a Boudou y no
dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone", afirmó Scanavino, que se desempeñó
como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines del año
pasado, cuando se convirtió en el primer abogado despedido sin causa del
organismo desde los años 90.
En una entrevista con LA NACION,
Scanavino afirmó que su salida se debió a que se opuso a las prácticas que
implementó La Cámpora desde su llegada al organismo.
Scanavino se convirtió así en el
segundo ex funcionario de la IGJ que denuncia, con nombre y apellido, los
presuntos delitos e irregularidades que observó dentro del organismo que depende
del Ministerio de Justicia, en línea con lo que dijo la ex directora del Registro
Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que LA NACION publicó el domingo
pasado.
Según Scanavino, la discusión
también "era cómo se podía limitar el acceso a la información a la Justicia. Porque
las respuestas a los oficios tampoco quedaban para el común de los abogados. Se
encargaba la jefa de nuestra área", precisó, en alusión a Graciela Susana
Junqueira, titular del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades
Comerciales, a cargo de dar respuesta a los oficios enviados por los jueces.La
influencia creciente de La Cámpora dentro de la IGJ también abarcó la selección
del inspector que supervisaría las asambleas de las entidades "sensibles" para el
Gobierno, según indicaron Scanavino y una segunda fuente que aún trabaja dentro
del organismo. Casi todas quedaron en las manos de un inspector que milita en
esa agrupación oficialista (de lo que se informa por separado).
Scanavino afirmó, además, que el
control de la información se plasmó incluso a "los expedientes calificados como
sensibles, que se movían por las oficinas de manera informal". Así, en el sistema
informático de la IGJ, por ejemplo, "aparecía que el legajo de The Old Fund [por la
misteriosa sociedad controlante de la ex Ciccone] lo tenía un inspector, pero
estaba sobre el escritorio de nuestra jefa".
Antes de su enfrentamiento final, sin
embargo, a Scanavino lo creyeron "tropa propia". Por eso primero le preguntaron
si no quería sumarse a La Cámpora. Y luego lo invitaron al "ateneo" que creó
Berner para que lo proveyeran de ideas, propuestas y fundamentos. Por ejemplo,
para "buscar la manera de que el solicitante [de datos] acredite legitimación, cuyo
grado de complejidad varía según la información que requiere", según consta en
las copias de algunos de los mails que cruzó el grupo.
El debate entre los colaboradores de
Berner pasó por cuáles datos debían ser "de acceso directo", cómo lidiar con
"quienes son terceros completamente ajenos a la entidad" sobre la cual pedían
datos, fijar un umbral algo más "general" para quienes figuren como "socios
minoritarios, mayoritarios, vinculadas, etc." de la empresa sobre la que piden
datos, y "algo especial para profesionales, especialmente abogados, escribanos y
contadores".
Enfrentado ya con sus superiores por
varias de esas prácticas, sin embargo, Scanavino terminó por recibir una carta
documento, el 20 de noviembre pasado, por la que se le comunicaba su salida de
la IGJ, aunque aun así lo
mantuvieron dentro del listado que
recibía los mails del grupo de "expertos" de Berner.
"Fui el primer abogado despedido sin
causa de la IGJ desde los años 90, con Carlos Menem, sin sumario ni sanción
previa", relató. Y, también en línea con lo que afrontó Martínez, cuando volvió al
organismo para pedir explicaciones y retirar sus cosas se encontró con que ya no
tenía clave de acceso ni usuario informático.
La notificación formal de su despido,
sin embargo, no la firmó él, sino su jefa, Junqueira, que obligó a los demás
inspectores de su área que firmaran la hoja y estamparan sus sellos. "Fue una
forma de enviarles un mensaje, de amedrentarlos", sostuvo Scanavino, que aun
así recibió una nota de apoyo firmada por todos sus compañeros de oficina, con la
excepción de su jefa y del inspector de La Cámpora.
Al igual que Martínez, también,
Scanavino intentó recurrir al ministro de Justicia, Julio Alak, y a distintas
dependencias, como la Secretaría de Derechos Humanos, el Inadi -donde se
negaron al principio a recibirle su presentación- y hasta la Presidencia de la
Nación. No obtuvo respuestas formales. Sólo recibió una llamada telefónica, para
informarle que se había concluido que no se le había afectado un derecho
humano.
-Primero Martínez y ahora usted
exponen lo ocurrido dentro de la IGJ desde que estalló el caso Ciccone...
-[Interrumpe] Pero ojo porque hubo
varios desplazados más y otros muchos a los que "vacacionaron".
-¿"Vacacionaron"? ¿Para qué?
-Para reemplazarlos con gente propia
y silenciar y controlar al resto, a los díscolos. Porque si no pueden dominarlos, hay
que eliminarlos porque son peligrosos.
-¿Comprende que lo citará la Justicia
por lo que está diciendo?
-Sí, estoy dispuesto a declarar. Lo que
digo lo puedo acreditar.
Los pasos del encubrimiento
La IGJ ocultó información contra el
vicepresidente
Retaceo de datos
Según el ex inspector de la IGJ,
Fernando Scanavino, luego de la llegada de La Cámpora a la conducción del
organismo, se montó un "cepo informativo" para evitar que información vinculada
con el vicepresidente Amado Boudou llegara a manos de jueces, legisladores
opositores y periodistas. "La orden era proteger a Boudou", denunció
Scanavino.
Respuestas demoradas
Según el denunciante, una de las
maniobras consistió en demorar la respuesta a los oficios, para lo cual se
designaba a un jefe de área para atender los requerimientos de la Justicia
Selección de inspectores
Otra de las maniobras que se le
adjudican a la IGJ es la selección de inspectores para supervisar las asambleas de
las entidades "sensibles" para el interés del Gobierno. Según la denuncia, todas
quedaron en manos de un funcionario militante de La Cámpora.
Otros casos
Según el denunciante, además, el ex
titular de la IGJ Norberto Berner fue quien tomó la decisión de encubrir el caso
Ciccone y otros, como la denuncia sobre el uso ilegal de fondos para la
construcción de viviendas, a cargo de Madres de Plaza de Mayo.
Cabe poner de manifiesto que la
diputada Elisa Carrió en función del conocimiento de las decisiones tomadas por la
IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou en el "caso Ciccone", ya en el
año 2013 realizo una denuncia penal por los presuntos delitos de "encubrimiento
agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público"
que habrían sido cometidos por sus autoridades.
La Diputada centró su denuncia en el
ex titular de la IGJ y actual secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y
distintos agentes del organismo, puesto que llego la información que montó un
"cepo informativo" para obstaculizarles a jueces, legisladores y periodistas el
acceso a los legajos societarios.
La denuncia quedó en manos del juez
federal Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano, quienes deberán determinar si
los funcionarios bajo la órbita del Ministerio de Justicia delinquieron para proteger
a Boudou.
Distintos dirigentes políticos hacen
incapie en la necesidad de citar por parte de la justicia a ex funcionarios de dicha
entidad a los efectos que aporten detalle de irregularidades y delitos cometidos a
partir de la total injerencia de miembros de la Campora. Uno de ellos sería la ex
titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Bullrich y otro el ex inspector de
Legales Fernando Scanavino
Por su parte el titular de la Inspección
General de Justica, Luis Rodolfo Tailhade, defendió el "cepo informativo" y afirmó
que continuará hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre su
validez.
También señalo que "No soy el autor
de las circulares", en alusión a la polémica normativa interna que bloquea el
acceso público a los registros societarios. "Pero mantengo el criterio. No creo que
sea función primordial e la IGJ entregar información al que se le ocurra",
explico.
Por todo lo expuesto, es que vengo a
solicitar de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Firmante | Distrito | Bloque |
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BIANCHI, IVANA MARIA | SAN LUIS | COMPROMISO FEDERAL |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia) |