La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profunda preocupación respecto de los cada vez más frecuentes femicidios perpetrados en los barrios populares del Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, atribuídos al accionar del narcotráfico y la trata de blancas; abogando por el pronto esclarecimiento de los crímenes y por la urgente actuación preventiva de las autoridades de la jurisdicción.

Señor presidente:

Los asesinatos de Micaela Fernandez, Nancy Fernandez, Alexandra Ramírez y Tamara López, ocurridos en la localidad de Tigre en los últimos meses, han generado una profunda preocupación, no sólo en los vecinos de la zona sino en toda la ciudadanía. Aumenta la gravedad de la situación los números que se dieron a conocer en una publicación periodística independiente: ascenderían a 37 las mujeres asesinadas en los últimos dos años en los barrios más pobres de la jurisdicción.

Tamara López, una joven de 21 años fue encontrada atada y con signos de haber recibido golpes. El hallazgo ocurrió el 24 de enero de este año en un terreno del frigorífico Rioplatense del Barrio Las Tunas. Luego el caso de Nancy Fernandez que fue localizada sin vida en su casa el 2 de mayo de 2014, luego de haber denunciado en la comisaría que su hija falleció víctima de una red de trata de personas.

Estos casos y muchos otros guardan similitudes que permiten observar una conexidad entre las distintas muertes que revisten características propias de la trata de personas y del accionar de distintas redes delictivas instaladas en la zona.

Los Barrios más castigados han sido y siguen siendo Las Tunas, Ricardo Rojas y La Paloma, y la preocupación de los vecinos se evidenció en la movilización multisectorial del viernes 20 de febrero del corriente año, donde además de solicitar a las autoridades el esclarecimiento de los múltiples crímenes, se reclamó por el avance de la venta de drogas, la prostitución infanto juvenil, la violencia de género y los femicidios.

El aumento de la inseguridad ha puesto en evidencia el mal funcionamiento del monitoreo municipal, ya que en la mayoría de los casos, cuando fueron solicitadas las filmaciones en las zonas de los crímenes, las cámaras correspondientes no se encontraban en funcionamiento. Estas irregularidades habían sido puestas en conocimiento de las autoridades en un petitorio firmado y presentado por los vecinos de los barrios afectados, juntamente con otras tantas ocurridas en los procedimientos policiales y judiciales, especialmente al encontrarse los cuerpos de las víctimas.

Preocupa asimismo sobremanera la falta de cobertura de estos asesinatos por parte de los medios locales, cuando lo habitual es que estos casos se den a conocer con lujo de detalle, sospechando quienes vienen siguiendo de cerca la problemática que se encuentren implicadas las fuerzas policiales de la zona.

Este tema debe hacernos reflexionar, como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, sobre la necesidad de que se reglamente la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, ley nro 26.364, sin perjuicio de la responsabilidad que le cabe a las autoridades de la jurisdicción

Es por ello que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.