La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Ministerio de Seguridad de la Nación para que informe, a través de quien corresponda, acerca de las tareas de inteligencia llevadas a cabo por la policía catamarqueña en los departamentos Tinogasta, Belén y Andalgalá contra organizaciones sociales.

Señor presidente:

Motiva este pedio de informes al Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré nuestra preocupación por las tareas de inteligencia realizadas por la policía catarmarqueña contra ciudadanos de esa provincia que ejercen legítimamente su derecho a manifestarse por cuestiones de defensa del medio ambiente. Al respecto, queremos señalar que no está en nuestro espíritu tomar partido por la causa que inspiran dichas protestas -las supuestas malas prácticas de las empresas mineras- y no estamos de acuerdo con los piquetes, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Por el contrario, consideramos que frente a un descontento debe prevalecer la ley y el dialogo por encima de la fuerza.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, llama la atención que en los últimos días se vienen observando en Catamarca episodios de violencia y maltrato de los manifestantes, los cuales, en algunos casos terminaron con lesiones físicas por la represión policial y fueron procesados por la justicia. A ello se agrega que el día 13 de febrero un grupo de ambientalistas del departamento de Andalgalá, han sido atacados por una patota de empleados estatales en el marco del actual conflicto suscitado en la provincia en torno a la cuestión minera. De ser comprobada la actuación de esta patota oficial, estaríamos frente un fenómeno de utilización de violencia paraestatal con aval gubernamental.

En este contexto, nos anoticiamos ahora que la policía provincial está realizando tareas de inteligencia en los departamentos Tinogasta, Belén y Andalgalá, tal como admitió públicamente recientemente el comisario de la policía local, Juan José Palomeque. Dichas tareas de inteligencia se llevan a cago, justamente, en los departamentos en donde se vienen verificando los incidentes con los manifestantes.

Las tareas de inteligencia llevadas por la policía provincial están prohibidas y atentan claramente contra las garantías constitucionales, y en particular, por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, la cual, en el artículo 6 establece claramente que solo podrán hacer inteligencia: la Secretaría de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Asimismo, el artículo 4, inciso 2 de la mencionada ley prescribe que ningún organismo de inteligencia podrá: "Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción". A éste se agrega el artículo 11, que afirma que: "queda prohibida la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes y grupos de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquiera de sus etapas asignadas por la presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional".

Por último, la ley es muy precisa en cuanto al control de la actividad de inteligencia. En tal sentido, el artículo 31 crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Según el artículo 32, los organismos pertenecientes al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados por la Comisión Bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, verificando la estricta observancia y respeto de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional.

Por todo lo expresado Sr. Presidente, es que le solicitamos la aprobación del presente pedido de resolución.