La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que por donde corresponda, informe sobre las cuestiones que se explicitan a continuación, todas ellas relacionadas con la litigiosidad en el sistema previsional argentino.

1. Cantidad de expedientes por impugnaciones de resoluciones de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL que ingresaron mensualmente a los Juzgados federales de Primera Instancia de la Seguridad social durante el año 2006 y los tres primeros meses del corriente año.

2. Cantidad de amparos judiciales vinculados con cuestiones previsionales que ingresaron mensualmente a los Juzgados federales de Primera Instancia de la Seguridad Social durante el año 2006 y los tres primeros meses del corriente año.

3. Deberá discriminarse qué porcentaje de expedientes corresponden, por los períodos señalados, a reajustes de haberes de las fuerzas armadas y de seguridad, qué porcentaje corresponde a reajuste de haberes de los regímenes especiales, qué porcentaje corresponde a reajuste de haberes de los regímenes generales de jubilaciones y pensiones. Qué porcentaje se refiere a cuestiones vinculadas con el art. 24 de la ley 23.660 y qué porcentaje corresponde a cuestiones vinculadas a ejecuciones de créditos de la seguridad social. Discrimínese qué cantidad de causas se vinculan a cuestiones derivadas de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo.

4. Especifíquese qué cantidad de causas se iniciaron en el período señalada en el punto 1 por denegatoria de beneficios previsionales.

5. Especifíquese qué cantidad de expedientes judiciales referidos a reajustes y denegatorias de beneficios en general se sustanciaron desde 1997 hasta la actualidad. En su caso, qué cantidad de sentencias judiciales fueron obtenidas a favor de la ANSES y qué cantidad de sentencias fueron dictadas a favor de los beneficiarios.

6. Especifíquense las sumas abonadas en el decenio 1997 a 2007 por sentencias judiciales y discrimínese de esos montos qué sumas se pagaron por intereses, multas, astreintes o cualquier otro rubro que no se hubiere liquidado de haberse abonado la movilidad en legal forma y tiempo.

7. Especifíquese del decenio 1997 a 2007 qué cantidad de sentencias fueron abonadas y dentro de ese número qué cantidad de sentencias fueron abonadas a los herederos del beneficiario.

8. Acompáñese un cuadro de situación sobre ingreso de expedientes a los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social que indique la evolución de la actividad desde su creación hasta marzo del 2007.

Señor presidente:

Los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Seguridad Social fueron creados con el objetivo de descomprimir el desborde de reclamos que sufría la Cámara de la Seguridad Social (ver fundamentos Ley 24.655), cámara que fue transformada en Cámara Federal de la Seguridad Social cuando el Estado Nacional se apropia de los entes de gestión de la seguridad social y de la administración de sus recursos.

Desde la creación de este complejo de juzgados federales y Cámara Federal y atento sus competencias son mayormente aquellas donde el estado se ha constituido en único deudor, la actividad jurisdiccional se ha acrecentado desmesuradamente por la cantidad de pleitos que genera el organismo gestor estatal, al punto de desbordar la capacidad de los mencionados juzgados.

Las reformas operadas en la Ley 24.463 con el objeto de acelerar las causas en trámite y dar cumplimiento a compromisos internacionales asumidos por el estado nacional ante la Comisión Americana de Derechos Humanos no han resuelto el problema, por cuanto los incumplimientos de las obligaciones que el estado asumió desde la reforma del capitulo VI del decreto 2284/91 se han generalizado y agudizado a tal punto que los reclamos judiciales han aumento exponencialmente produciendo un verdadero colapso en el sistema judicial.

En el entendimiento que es competencia de este cuerpo legislativo el cabal conocimiento de la crisis judicial que hace imposible la administración de justicia en forma rápida y eficaz, como lo manda en forma expresa el Pacto de San José de Costa Rica, es que formulamos el presente pedido de informes.

Esta petición requiere suma celeridad ya que las cuestiones debatidas en el fuero mencionado son de carácter alimentario. Pero no es sólo la justicia social lo que se pone en juego, sino también el propio sistema republicano con el colapso de unos de sus poderes y la seriedad de la Nación ante sus compromisos internacionales.

Por todo ello, reiteramos, propiciamos el presente pedido de informes.