El Senado y Cámara de Diputados...

RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DEL SUR

El Senado y la Cámara de Diputados sancionan con fuerza de Ley:

Artículo 1.- Se ratifica en todas sus partes el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, firmado en Porlamar, Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, el día 26 de septiembre de 2009, por los Presidentes de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma; de la República Federativa de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado; de la República del Paraguay, Fernando Lugo Méndez; de la República Oriental del Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas y de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

Artículo 2.- de forma

Señor presidente:

Cuando en el año 2008, comenzó una de las crisis más profundas del sistema financiero, se puso nuevamente en discusión el papel de las instituciones multilaterales, que trabajan de acuerdo con los principales bancos que integran el sistema financiero, ya que no se podía ignorar como tales organismos, han sido desde siempre un eficaz instrumento para condicionar, manipular y definir la política económica de los países de América del Sur. El ejemplo más claro es la actuación del Fondo Monetario Internacional, seguido por el llamado Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que articularon sus políticas en función de los intereses del sistema financiero transnacional.

Las recetas del FMI fueron ejecutadas impiadosamente desde la década del 70, con el consiguiente aumento de la pobreza, la indigencia, la desarticulación de políticas de industrialización, estableciéndose la necesidad de privatizar los recursos más importantes de la economía para favorecer el interés privado, que actuaba de consuno con el Fondo y con los otros organismos multilaterales.

Las cartas de intención, prolijamente elaboradas por el FMI, eran presentadas como la voluntad del país para solicitar préstamos que invariablemente eran utilizados en políticas públicas de desnacionalización y desinversión, ya que el llamado eufemísticamente "ajuste estructural", encubría la verdadera intención de dejar al país en manos de las empresas transnacionales.

Más allá de algunas críticas superficiales que se han hecho al papel que tuviera el FMI durante la década del 90 en nuestro país, es imposible ignorar que su influencia fue factor determinante para todas las decisiones que se adoptaron a los efectos de proceder al achicamiento del Estado.

Aunque este organismo multilateral es solo en apariencia una institución que se dedica a la cooperación monetaria, en realidad tiene una estructura y un poder mucho mayor aún que un estado soberano. Si bien el FMI no tiene regulada ni establecida ninguna responsabilidad internacional por las acciones que realiza, es el que decide y consolida espacios de poder a través de la maniobrabilidad del dinero recaudado en los estados tributarios del sistema, generando un esquema plutocrático sin ninguna bandera ni frontera específica, que ha manejado los esquemas económicos del mundo entero mediante la eufemística justificación de la existencia de un mundo globalizado, donde la interdependencia de los estados hace posible el funcionamiento de estos mecanismos de control. Si se recorre el documento donde está establecido su funcionamiento, se podrá ver que goza de todo tipo de inmunidades, aún respecto de la acción que puedan ejecutar gobiernos que eventualmente se sientan damnificados por alguna decisión de su directiva.

El acta constitutiva del FMI indica que fue creado para: a) la cooperación monetaria internacional, b) facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio, contribuyendo a mantener altos niveles de ocupación y de ingresos reales, además de desarrollar recursos productivos; c) fomentar la estabilidad cambiaria y d) infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición los recursos generales del Fondo para corregir sus desequilibrios y su balanza de pagos. Sin embargo, en la historia de ésta institución se puede constatar una realidad sustancialmente distinta que muestra que este organismo siempre estuvo dedicado a proteger los intereses de la banca y de los mercados financieros internacionales, aún a expensas de los estados miembros que sustentan la propia economía del FMI.

El FMI se apartó del Derecho Internacional y, utilizando la debilidad estructural de los pueblos latinoamericanos, diseñó un sistema que determinaba que todo plan económico tuviera que ser proyectado de acuerdo con las pautas generadas desde dentro del organismo y que estuvieran de acuerdo con las proyecciones elaboradas por sus técnicos.

Quizás previendo que esa situación iba a ocurrir en el corto plazo, es que la Argentina no adhirió a los acuerdos de Bretton Woods, lo que el Dr. Alfredo Gómez Morales explicó muy claramente en su libro sobre la política económica del peronismo, al decir que "La teoría que fundamentó la creación del Fondo Monetario y la del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, respondió más a las conveniencias de los países industriales y, en menor escala, a la de los países tradicionalmente abastecedores de alimentos y materias primas (...) Para nosotros no era lo importante obtener libras esterlinas sino libras en combustible y maquinarias (...) Nuestra irrenunciable aspiración a la independencia económica nacional y a una distribución más justa de la riqueza entre los hombres que la producen, determinaba esa preferencia por los bienes de capital y de las materias primas y combustibles necesarios para nuestra industria y nuestro agro, necesidad que se satisfacía a través de los distintos tipos de cambio (...) Por eso la Argentina llegó a ser la única nación latinoamericana que no integró los organismos instituidos en Bretton Woods"

Con la revolución de 1955, cambió el destino económico de la Argentina. A través de un decreto del presidente Aramburu, se decidió en 1956 la incorporación del país al FMI. En ese momento, un gran jurista, el Dr. Arturo Sampay, advirtió que la Argentina abandonaba la posibilidad de ser un Estado independiente para ingresar en la esfera de la dependencia del FMI. La profecía de Sampay se cumplió y fue así que este organismo se convirtió en custodio de los países deudores y en el representante incuestionable de los grupos financieros internacionales.

Es por eso que cabe advertir que el FMI se metamorfoseó cambiando su condición original, ya que los créditos que otorgaba y supervisaba estaban sujetos -como ahora lo están- a una condicionalidad irritante, que va más allá de los aspectos monetarios o fiscales al imponer políticas muy definidas, que alguien definiera como "a new big stick" (nueva política del garrote).

Cuando el sistema de la deuda colapsó en la década de los 80 y se produjo la primera gran crisis, los países endeudados no pudieron pagar y renegociaron sus obligaciones en notorias condiciones de inferioridad, debiendo aceptar la implementación de las llamadas políticas de ajuste estructural, para continuar insertos en el esquema internacional. Los principales puntos de esos programas de ajuste, que regirían implacablemente a partir de 1989 en el país, serían: a) ajuste de precios (política de shock) para reducir drásticamente la inflación, reduciendo la demanda; b) abrir los mercados del país a los productos extranjeros; c) la privatización de la totalidad de las empresas del Estado; d) la reducción del gasto público, y e) aumentar la presión impositiva para reducir el déficit, sin establecer las diferencias en cuanto a la magnitud económica del contribuyente.

El resultado de la aplicación de estos programas de ajuste determinó el notable deterioro de nuestra calidad de vida, que se vio involucrada en medio de un sistema en el cual los indicadores de crecimiento de la productividad, la generación de empleo y los índices económicos en general mostraron una abrupta e indetenible caída. El sueldo real de los trabajadores disminuyó al producirse recortes de salarios, mientras se flexibilizó la legislación laboral para permitir que el empresariado nacional y extranjero manejara discrecionalmente el empleo sin limitaciones de carácter legal que pudieran encarecer lo que ellos llamaban sus costos de producción. Se redujeron los servicios sanitarios y educativos; reaparecieron con más fuerza las llamadas enfermedades de la pobreza (dengue, paludismo, cólera, etc.) y aumentaron los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles, gas) debido a los procesos de privatización. Hubo una apreciable transferencia de recursos a la economía informal, como consecuencia de los despidos o en razón de la falta de puestos de trabajo, lo que determinó un auge exponencial del cuentapropismo. Creció la desocupación, la subocupación y los contratos laborales "basura".

Si nos manejáramos dentro de la lógica del derecho que no es precisamente la que opera en las finanzas internacionales, deberíamos considerar la inequidad del sistema impuesto en nuestro país por el FMI y las graves consecuencias que trajo su instauración, siendo una de las más graves la concerniente a la privatización de las empresas del Estado, con la consecuente sustracción de recursos que resultaban fundamentales. Hasta Henry Kissinger, uno de los ideólogos de la globalización neoliberal escribió en el año 2001 que "El FMI no logra controlar el impacto político de sus acciones. En nombre de la ortodoxia del mercado libre intenta habitualmente, de una manera casi académica, eliminar de una vez por todas las debilidades del sistema económico del país afectado, independientemente si esas debilidades son o no causa de la crisis". A su vez Charles Calomiris, uno de los redactores del informe sobre el FMI, preparado por disposición del Congreso de los Estados Unidos, criticó que el gobierno de ese país acomode al FMI y a las instituciones multilaterales de crédito para satisfacer objetivos de política exterior y propugnó que antes de que comiencen las reformas estructurales de estas organizaciones, se opere con efectivos mecanismos económicos que tengan credibilidad y se vuelva a capturar la confianza de los contribuyentes que financian esas operaciones (Le FMI et la Banque Mundial devront faire preuve de plus de transparence, Le Monde, 17-2-2000)

Joseph Stigliz, alguien suficientemente conocido y con autoridad para desmenuzar el funcionamiento del FMI, expresó que "los equipos que visitan los países para realizar auditorías son bien conocidos por preparar sus informes antes de la visita" y Steve Hanke, profesor del Cato Institute, puntualizó que el FMI "interfiere demasiado en las políticas domésticas de los países a los que asiste. Es más, sus políticas no generan prosperidad ni alivian la pobreza".

En suma, que el análisis de la forma de operar del FMI muestra que en ningún caso hubo un mejoramiento de las condiciones económicas de los países asistidos, sino un notorio empeoramiento de las mismas. Lo ocurrido en nuestro país es un claro ejemplo de ello, y la responsabilidad que cabe a las autoridades de ese organismo multilateral en el endeudamiento y en la modificación de toda la política económica no puede ser soslayada, ya que colaboraron en todos los planes de privatización de las empresas públicas poniendo especial énfasis en todo aquello que tuviera que ver con los hidrocarburos estableciendo, además, un plan muy concreto para asociar las reestructuraciones de la deuda pública con esas privatizaciones, constituyéndose así en un brillante negocio para las compañías extranjeras que operaban en el sector y aquellas instituciones financieras que iban a participar en el negocio.

Resultaría innecesario efectuar una descripción de lo ocurrido en el país durante la década del 90, que determinó el desguace del Estado nacional. Sin embargo, para las autoridades del FMI, lo que se hizo fue un verdadero ejemplo de las políticas a seguir. Al respecto son conocidas las expresiones del que fuera director del FMI, Michel Camdessus, quien en la sede la institución dijera el 1 de octubre de 1998 "Argentina tiene una historia que contar al mundo: una historia sobre la importancia de la disciplina fiscal, los cambios estructurales y una política monetaria que se aplica rigurosamente". Pero resulta más ejemplificador el informe específico sobre la situación del país preparado bajo la dirección de Michel Mussa, consejero económico y director de estudios del FMI, en 1999, donde al analizar la situación decía "Argentina es uno de los países (de América Latina) que más ha avanzado en la reforma estructural. El proceso de reforma se inició en 1989/90 y cobró impulso a partir de 1991 al establecerse el régimen de convertibilidad, piedra angular del programa de estabilización emprendido por el gobierno. En los años siguientes, se lograron progresos sin precedentes en tres campos importantes. En lo que respecta a la reforma del sector público, se privatizaron prácticamente todas las empresas estatales y se reformó el sistema de seguridad social; sumadas a la desregulación generalizada. En lo que respecta al sector externo, se eliminaron las restricciones a la cuenta de capital y se rebajaron en alrededor del 10% las tasas medias de los aranceles de importación, lo cual facilitó la expansión del comercio y la integración financiera a la economía mundial. Al mismo tiempo se cerraron varias instituciones privatizadas, subcapitalizadas, se privatizaron varios bancos públicos provinciales y se amplió la participación de grandes bancos internacionales en los mercados de créditos externos -que ahora supera la de los bancos nacionales- con lo cual se reforzó la confianza en el sistema financiero" (Perspectivas de la Economía Mundial -octubre de 1999- Estudios Económicos y Financieros, Fondo Monetario Internacional, págs. 58/59). Luego de tal análisis y al establecer las proyecciones para los años siguientes, el FMI solo acentuaba la necesidad de que "el gobierno que resulte electo en los comicios de octubre deberá asumir una conducción macroeconómica firme y actuar con la clara determinación de llevar adelante nuevas reformas estructurales" (ibidem, pág. 26)

Como se puede comprobar a través de los hechos de público conocimiento, a partir del año 2000 todas esas bondades de las "reformas estructurales" no se tradujeron en una mejora de la situación general, sino en una acentuación de las dificultades económicas y financieras. Y en lo que respecta a éste último aspecto, el predominio de los grandes bancos transnacionales y las empresas del mismo origen -lo que para el FMI era una condición indispensable de las reformas- determinaron una mayor vulnerabilidad del sistema, al poner en manos de ellos un sistema operativo solo destinado a la transferencia de capitales y no a la inversión productiva, de todo lo cual puede deducirse sin mayor esfuerzo que esas "políticas" aconsejadas por el FMI solo lograron aumentar los índices de exclusión social y de pobreza, acentuando la vulnerabilidad económica del país.

El Banco Mundial, aún cuando sus objetivos resultan de distinta naturaleza a los del FMI, fue un colaborador eficaz de las políticas de ajuste estructural, facilitando numerosos créditos para viabilizar tales políticas, además de facilitar otros préstamos para las reales necesidades que tenían los países de financiar proyectos de infraestructura, de promoción educativa, promoción industrial,. minera etc. Aunque en la Argentina, todavía se encuentra pendiente una investigación de la deuda pública, la República del Ecuador realizó una prolija auditoría que mostró no solo los manejos del FMI, sino cómo los préstamos del Banco Mundial, otorgados para determinadas obras, eran canalizados al pago de la deuda pública, además de contratarse consultoras propuestas por la referida institución que en muchos casos significaban erogaciones que insumían casi el 80% del crédito otorgado. A eso hay que sumar las llamadas "comisiones de compromiso", las clausulas de renuncia a la soberanía del país, el sometimiento a otras jurisdicciones para el caso de controversia, etc. Una verdadera arquitectura para condicionar cualquier proyecto a los reales objetivos que eran favorecer invariablemente a las empresas multinacionales y a los inversores privados asociadas a estas. Con el Banco Interamericano de Desarrollo, las operaciones eran similares, las consultoras operaban de manera parecida, mientras nuestros países continuaban con el crecimiento exponencial de la pobreza y el subdesarrollo.

Con el objetivo de terminar definitivamente con un anclaje a instituciones que no beneficiaban a nuestros países, sino por el contrario, resultaban instrumentos que perpetuaban inaceptables condicionamientos económicos, se planteó entre varios países latinoamericanos la idea de crear un banco que, a diferencia del Banco Mundial, sirviera de factor de desarrollo para nuestros pueblos, colaborando en la integración de sus economías, y que ejerciera un función distinta para encarar proyectos bajo otra forma de gestión, con costos diferentes y movilizando recursos reales, sin los condicionamientos a los que nuestros países debían someterse.

Esa idea tuvo principio de ejecución el 9 de diciembre de 2007, cuando los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner; de Bolivia, Evo Morales; de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; de Ecuador, Rafael Correa Delgado; del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos; del Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Venezuela, Hugo Chávez, firmaron en Buenos Aires el Acta de fundación del Banco del Sur, mediante la cual acordaron "crear un banco de desarrollo con el carácter de persona jurídica de derecho público internacional, el que tendrá como objeto financiar el desarrollo económico y social de los países de la Unión de Naciones Sudamericanas, miembros del Banco, en forma equilibrada y estable, haciendo uso del ahorro intra y extra regional; fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover la equitativa distribución de las inversiones dentro de los países miembros del Banco".

El Banco del Sur tendrá por funciones, en beneficio de los países suramericanos, miembros del Banco, entre otras: financiar proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía orientados a mejorar la competitividad y el desarrollo científico y tecnológico, agregando valor y priorizando el uso de materias primas de los países miembros; financiar proyectos de desarrollo en sectores sociales para reducir la pobreza y la exclusión social, así como financiar proyectos que favorezcan el proceso de integración suramericana, y crear y administrar fondos especiales de solidaridad social y de emergencia ante desastres naturales; todo ello mediante la realización de operaciones financieras, activas, pasivas y de servicios.

El Banco del Sur deberá ser autosostenible y gobernarse conforme a criterios profesionales de eficiencia financiera para garantizar que su actuación no resulte en dispendios adicionales, sino en la generación de nuevos recursos para ser reinvertidos en los países miembros.

De conformidad con lo acordado, el Banco tendrá su sede en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con subsedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Paz, República de Bolivia.

Después de este acto fundamental, se iniciaron conversaciones entre los países fundadores para instrumentar las modalidades del funcionamiento del Banco, y esto determinó las existencia de largas discusiones, exámenes técnicos sobre las diferentes propuestas de los países, hasta que finalmente se llegaron a acuerdos básicos y se firmó el Convenio Constitutivo el 26 de septiembre de 2009, en Porlamar, isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela. En el mismo, se ha determinado un capital autorizado de 20.000 millones de dólares, pero el capital suscripto será solamente de 7.000 millones, aportando la Argentina, Brasil y Venezuela, 4000 millones de dólares, y los 3.000 millones restantes serán aportados por los restantes miembros en las proporciones señaladas en el documento. Al respecto es preciso destacar que el capital suscripto se irá pagando gradualmente en diez años, por lo que no resulta imperioso un desembolso inmediato de la totalidad de las sumas suscriptas.

El Convenio fue ratificado por la Asamblea Nacional de Venezuela en noviembre de 2009, y por la Asamblea Nacional del Ecuador el 1 de junio de 2010, faltando la ratificación de los parlamentos de los restantes países signatarios de la creación del Banco.

Creemos que, más allá de las inevitables diferencias que existen entre las economías de los países sudamericanos, una institución como la que se ha creado, supone modificar el sistema de constante peregrinaje a los organismos multilaterales, y poder financiar proyectos autosostenibles de desarrollo donde los países no se encuentren anclados a un sistema que los hacía dependientes de decisiones que les eran ajenas, y que se tomaban en función de la conveniencia del sistema financiero, que se encontraba permanentemente protegido por organismos que en su origen debieron tener otra función.

No escapará al criterio de esta honorable Cámara, que el funcionamiento del Banco permitirá ocuparse de cuestiones como el cuidado de la salud, la soberanía alimentaria y energética; la concreción de proyectos fundamentales de infraestructura para el desarrollo de un anillo energético, de presas, gasoductos y oleoductos, ya que tenemos un potencial hidroeléctrico muy importante y reservas de gas y petróleo que deberían ser exploradas, buscando las formas más eficientes de una explotación racional que beneficie a los países del continente. A esto se suman las posibilidades de construcción de redes de ferrocarriles y nuevas carreteras para lograr una más eficaz integración entre nuestros pueblos, posibilitando ello generación de riqueza y una mejor distribución de la misma.

El Banco del Sur constituye un verdadero desafío para romper con los moldes de una vieja política económica instrumentada desde los centros de poder, donde se establecían las condiciones en que debía desarrollarse cada país determinando quienes debían ser nada más que productores de materias primas y quienes tenían la posibilidad de industrializarse, quienes podían usufrutuar sus recursos naturales y quienes debían entregarlos a la voracidad de compañías que se los llevaban en su totalidad, afectando -además- el medio ambiente.

Creemos que es un comienzo de importante significación para marginar definitivamente el poder de organismos multilaterales, que no han traído beneficios para los países sudamericanos, sino que han sido instrumento de intereses privados, que han visto crecer su patrimonio de manera exponencial en detrimento de la riqueza y el trabajo de nuestros pueblos.

También el Banco servirá para ir forjando una indispensable integración económica y financiera que permita hacer realidad lo que alguna vez soñaron nuestros Libertadores, y que los intereses de las grandes potencias y la mediocridad de las clases dirigentes llevó a una fragmentación territorial y económica que es preciso revertir definitivamente.

Por todo lo expuesto, es que solicito a los Señores Diputados que acompañen la aprobación del presente proyecto de Ley.-