La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y el más enérgico repudio por la designación del Señor Alberto Daniel García en la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).

Señor presidente:

La cuenca del río Matanza- Riachuelo, que abraca a los partidos bonaerenses de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, es la más contaminada de la Argentina. Es una de las cuencas más contaminadas de nuestro territorio, donde descargan a sus efluentes sin tratamiento innumeradas industrias, y donde vive una octava parte de la población total del país en condiciones sanitarias y ambientales degradantes, que obliga al estado nacional de modo imperioso al saneamiento de la cuenca.-

Con la sanción de la ley 26.168, se crea la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) como ente de derecho público interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente de la Jefatura de Gabinete, el que dispone de un presupuesto anual de 186 millones de pesos. Es un organismo tripartito que integran el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno nacional acaba de designar como director de Asuntos Jurídicos en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) a Alberto Daniel García, un funcionario procesado por el escándalo del caso Greco, en el que la justicia investiga una maniobra por la cual el Ministerio de Economía estuvo a punto de pagar en el año 2006 una deuda de 500 millones de pesos , que se encontraba sospechada de ser ilícita.-

Como se explica en la nota "Designación contaminada en la limpieza del Riachuelo" publicada con fecha 9-2-10 en el Diario Critica, Alberto Daniel García "formó parte del grupo de técnicos encabezados por la ex directora de Asuntos Jurídicos, Yolanda Eggink, y el ex subsecretario legal de Roberto Lavagna, Osvaldo Siseles, que quedaron involucrados en distintas causas investigadas por la Justicia. Cuando se conoció el caso Greco, Eggink y García perdieron su cargo en Economía pero mantuvieron su puesto como parte de la planta permanente. Entonces, la ministra Felisa Miceli abrió sumarios sobre los funcionarios que habían intervenido en el expediente, acusó a los tres experimentados abogados de haber avalado el pago en forma ilegal y aseguró que en el monto que habían acordado pagar ignoraron 164 millones de pesos que el Estado ya había desembolsado. Hoy cargan con un procesamiento del juez federal Sergio Torres que fue ratificado por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones como "responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en grado de coautores". En el fallo de segunda instancia, además, el tribunal trabó un embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la suma de un millón de pesos. Para Torres, "los funcionarios nombrados maniobraron dentro del procedimiento administrativo y del judicial, aparentando ejercitar competencias que no tenían, y con desconsideración de la normativa vigente persiguieron, a través de estos medios, la satisfacción de un interés distinto del público y claramente reprochable", comprometiendo al Estado a pagar al Grupo Greco más de 330 millones de pesos en bonos de consolidación de deuda que al momento de abortarse el pago alcanzaban un valor efectivo mayor a 600 millones de pesos".

La designación de este funcionario en la Acumar, los antecedentes del funcionario, y el tiempo político que requiere de las instituciones de la república, exige de las instituciones y de los funcionarios que las integran respuestas efectivas y transparentes hacia la ciudadanía que entendemos en este caso no se cumplen.

Por lo expresado, solicito se apruebe el presente proyecto.