La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Al Año 2006 como " Año de repudio al golpe de Estado que sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976", que costó la vida a miles de personas y del cual se cumplen treinta años.

Y declarar de interés legislativo las jornadas que en su conmemoración se efectúen.

Señor presidente:

Durante el año 2006 se cumplen treinta años del repudiable Golpe de Estado militar efectuado el 24 de Marzo de 1976 que derrocó ilegítimamente a un gobierno elegido por el pueblo y puso en marcha un plan sistemático y generalizado de persecución, detención, tortura y desaparición de personas, apropiación de niños y niñas y saqueo de bienes personales. De modo que este lamentable hecho significó un atentado contra las instituciones democráticas de nuestro país y posibilitó la violación planificada de los derechos humanos de gran parte de los integrantes de nuestra sociedad civil a través del terrorismo de Estado.

Cabe remarcar que en el Informe "Nunca Más" de la CONADEP se comprueba que hubo 8.960 desaparecidos; pero muchos casos no fueron denunciados en su momento y, es por ello, que los organismos de derechos humanos que han profundizado la tarea de investigación estiman que el número total de desaparecidos se eleva a 30.000 personas.

La desaparición era precedida del secuestro de la víctima por parte de miembros de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad. Los detenidos eran alojados en uno de los 340 centros clandestinos siendo sometidos a condiciones infrahumanas y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sobre estos centros se ha dicho que "[l]as características edilicias [...], la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano" (Informe de la CONADEP, Nunca Más, Septiembre de 1984).

La desaparición forzada de personas no sólo es un delito de lesa humanidad (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas), sino que es "negar la posibilidad de morir como ser humano, desdibuja la identidad de los cuerpos en los que la muerte puede dejar testimonio de que ése que murió había tenido vida" (Héctor SCHMUCLER, Ni siquiera un rostro donde la muerte hubiera podido estampar su sello, Revista "Confines", 1996, año 2, nro. 3, p. 9).

Estamos convencidos que estos graves hechos no deben ser jamás olvidados perpetuándose en la memoria colectiva para evitar su reiteración. En este sentido se ha afirmado que "[l]as grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado" (Informe de la CONADEP, Nunca Más, Septiembre de 1984).

Es por ello que resulta fundamental que el Estado implemente medidas tendientes a mantener tales hechos en la memoria, especialmente cuando se cumplen el trigésimo aniversario de Golpe de Estado militar. Téngase en cuenta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros) c. Perú" del 30/11/2001 ordenó al Estado peruano a construir un monumento recordatorio de las víctimas.

El sentido de este proyecto de declaración reside, así, no sólo en fulminar lo actuado por militares antidemocráticos en aquellos años, sino también en recordar para no recaer en el horror. Todo lo que sirva para que la sociedad no olvide el terrorismo de Estado debe ser alentado.

Si bien se mira, se trata de puntos nodales de un sistema de valores por los que ya ha optado la sociedad argentina. Se trata, en suma, de defender la democracia como modo de vida de los argentinos y de saber que nuestras fuerzas armadas y de seguridad sólo en la democracia y sometidas a la ley en el marco del Estado de derecho hallan su fundamento y su razón de ser. Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.