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PROYECTO DE TP
Expediente 0068-D-2009
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LA EJECUCION DEL REGIMEN FEDERAL DE PESCA, LEY 24922.
Fecha: 02/03/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 1
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, para que
brinde un informe detallado sobre:
Si la ley 24.922 del Régimen Federal de
Pesca sancionada en 1997 fue implementada de manera que permita tener una efectiva y plena
aplicación, asegurando una administración racional de los recursos originados en la pesca.
Si la administración y preservación de
los recursos ictícolas, ha logrado la sustentabilidad de la actividad pesquera como sector relevante
de la economía.
Si fue determinado el ordenamiento
definitivo del caladero nacional y las zonas de pesca establecidas por la ley citada.
Si fueron adoptadas las
recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)
como referente técnico y científico de la administración pesquera nacional, en lo referido a las
capturas máximas permisible de cada especie.
Si las decisiones del Consejo Federal
Pesquero que hacen al otorgamiento del sistema de cuotas individuales por debajo de la captura
máxima permisible (CMP) han seguido las pautas fijadas recomendadas por el INIDEP.
Si la Autoridad de Aplicación ha
procedido a cumplir con las normativas que fija la ley 24.922, en especial el sistema de control
estricto de los permisos de pesca, y el otorgamiento de las autorizaciones a las embarcaciones
pesqueras de distintos tipos, sean estas de menor calado, fresqueros, barcos congeladores, así
como las zonas operativas de cada una.
Si la Autoridad de Aplicación ha
mantenido la equidad y transparencia necesaria al otorgar los permisos de pesca y autorizaciones
a las embarcaciones remitiéndose a lo establecido ante la ley vigente.
Si la Autoridad de Aplicación procedió a
implementar un sistema de control estricto de los permisos de pesca, que evite la depredación de
los recursos.
Si la Autoridad de Aplicación para lograr
la preservación de los recursos ictícolas y la sustentabilidad de la actividad pesquera, en especial
con especies como la merluza y el calamar, ha elaborado un Plan de manejo de dichos
recursos.
Si la Autoridad de Aplicación ha dado
continuidad al sistema de monitoreo satelital que había sido contratado oportunamente, y la
instrumentación posible del sistema en su reemplazo por el cual todos los buques debían contar
con un sistema de monitoreo satelital con acceso a los datos por parte de las autoridades.
Si las conclusiones de la Auditoría
realizada en el año 2001 por el equipo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
fueron tenidas en cuenta y qué decisiones se adoptaron para solucionar las graves violaciones a
las normas vigentes.
Si la Autoridad de Aplicación como
control del sector pesquero ha instrumentado un sistema de seguimiento de la documentación
requerida por los organismos del Estado (Prefectura, Aduana, AFIP, DGI y Pesca).
Si la Autoridad de Aplicación para
agilizar el procedimiento de aplicación de sanciones ha procedido a reglamentar la ley 25.470, y el
artículo 54 de la ley 24.922, la simplificación del procedimiento sumarial, y la creación del Registro
de antecedentes de infractores.
Si la Autoridad de Aplicación ha
desarrollado la capacitación de inspectores a través de una carrera de Inspector Nacional de
Pesca, y dotar a su estructura de los recursos humanos y materiales para el cumplimiento eficiente
de sus funciones.
Exportaciones realizadas antes y
después de la devaluación de la moneda, con cantidades por especie y destinos de las
mismas.
Todo lo referido a la administración de
los recursos ictícolas que no han sido enumerados anteriormente.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anteriormente se presentaron proyectos en el mismo
sentido para conocer la información sobre una actividad clave en el desarrollo económico del país,
mediante expediente 3680-D-2006, 1334-F-2007 y 1166-D-2008, sin haberse logrado tratamiento
parlamentario ni conseguido respuesta alguna.
La situación actual del sector pesquero nos confronta
hoy con la Argentina que queremos dejar de ser: aquella que deja librada al arbitrio de un
funcionario circunstancial la suerte de sus recursos más importantes, en lugar de establecer reglas
de juego claras que garanticen la sustentabilidad de ese mismo recurso en el mediano y el largo
plazo.
El Régimen Federal de Pesca por el cual se estableció
un ordenamiento normativo del caladero -zona de pesca-, aunque hasta ahora nunca pudo
aplicarse. Entre las directrices más importantes aparece la necesidad de cuotificar las capturas por
barco para evitar la depredación.
En 1997 el Congreso sancionó el Régimen Federal de
Pesca, por el cual se estableció un ordenamiento normativo que -bien aplicado- garantizaría la
sustentabilidad del recurso. Pero esa ley no ha sido todavía implementada. Y, como resultado de
esta dejadez, hoy se encuentran en grave peligro especies como la merluza hubbsi, la más
significativa de nuestro mercado.
Lamentablemente, no siempre somos conscientes del
significado que tiene la pesca para el presente y el futuro de los argentinos. Inmersos en una fuerte
tradición agroganadera, perdemos de vista sectores como el pesquero, que supera a muchos otros
productos en valores de exportación
El sector pesquero fue uno de los mayores favorecidos
por la devaluación del peso. El último año se exportó por valores superiores a los 900 millones de
dólares, mas que el valor de los embarques de carnes vacunas. Del total de las capturas en el Mar
Argentino, un 90% tienen como destino el mercado externo.
Se tiene información de no haberse respetado las
recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep),
que por ley es el referente técnico y científico de la administración pesquera nacional. Tampoco se
tuvo en cuenta al Consejo Federal Pesquero ni a los otros institutos de investigación. Estos
organismos se encargan de establecer la captura máxima permisible en cada caso, fijando los
límites de explotación de la especie. Al no tomarse en cuenta esos límites, se llegó al extremo de
duplicar, en los hechos, los niveles recomendados por las instituciones.
No hace falta ser un experto en el tema para entender
cómo se llegó a esa situación. El otorgamiento de los permisos de pesca se hizo al margen de las
pautas establecidas en la ley mencionada. Es decir, se hizo a través del viejo vicio de la
duplicación de los permisos pesqueros, que permite el ingreso de buques que supuestamente
reemplazan a otros inexistentes o que admite que aquellos que deben dejar de pescar continúen
haciéndolo.
La ley le pone un freno al oportunismo a través de un
sistema de cuotas, que son otorgadas por el Consejo Federal de Pesca sobre la base de las
recomendaciones que surgen de los estudios del Inidep. Este sistema es el mismo que se aplica
en países como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. No se trata de innovar, sino de
hacer cumplir una ley sancionada hace más de cinco años en la Argentina y de eficacia probada
en países desarrollados, de reconocida seriedad en la administración de recursos
sustentables.
La administración pesquera hace más
de una década que zozobra por denuncias de corrupción e irregularidades en el
otorgamiento de las licencias de pesca con consecuencias nefastas sobre los
recursos del mar argentino.
Se tiene la convicción de que "El Estado es el principal
depredador del mar porque no controla a las empresas pesqueras"
"En 2001 una auditoría realizada por un equipo de
especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), financiados por la misma Secretaría de
Agricultura, reveló abrumadoras violaciones a las normas vigentes. Ese informe, publicado por LA
NACION y la revista Puerto, entre otros, cayó en saco roto, pues implicaba avanzar en temas
inconvenientes tanto en el plano político como en el empresarial."
"Mientras tanto, las existencias de los principales
recursos, como la merluza hubbsi, continuaron descendiendo a niveles alarmantes. Hoy, la
biomasa total y reproductiva de la especie está en los guarismos más bajos de la historia, según el
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep). Al mismo tiempo, la campaña
de pesca del calamar, segundo recurso en importancia, en determinado momento, terminó
cerrándose antes de tiempo porque no había nada para pescar."
"Hoy no hay métodos confiables de control sobre los
casi 700 buques que operan en el caladero -zona de pesca-. El sistema satelital fue desactivado
hace dos años por falta de pago a la empresa que suministraba el servicio. Nunca más volvió a
funcionar en forma integral."
"La resolución 73/04, con la que se intentó cuotificar -
como indica el régimen federal de pesca- la pesca de merluza. Pero la norma también permitía que
40 buques congeladores -algunos con irregularidades en sus permisos- operaran al norte del
paralelo 48°S. "
"Esto contradecía un decreto anterior (189/99) que
había confinado a estas grandes fábricas flotantes al sur de ese límite para preservar el recurso.
Apenas una semana después de anunciada, la norma fue suspendida. Es así como la Argentina
hoy no cuenta con un régimen de manejo de un recurso crítico como la merluza".
Posteriormente hubo nuevas normativas pero la
situación sigue siendo crítica.
El exceso de la pesca no sólo reduce la existencias de
especies, sean o no objeto de pesca, sino que también causa un fuerte impacto en el ecosistema
marino. Más aún, una mala administración sumada a esta actividad le hace perder a la industria
pesquera miles de millones de dólares de ingresos potenciales.
La pesca colateral excesiva, que con frecuencia
acompaña a esta actividad, representa costos económicos para el sector. Estos costos incluyen
producción reducida de alimentos en pesquerías que se especializan en peces adultos de
especies cuyos ejemplares jóvenes son descartados en otras pesquerías, provocando una
reducción de empleos en las plantas de procesamiento como en los locales de venta. El sector de
la pesca no es el único que experimenta costos económicos relacionados con la pesca excesiva.
Hay también costos significativos para el público.
Evidentemente, la pesca excesiva implica costos
ambientales y económicos importantes. Detener la pesca excesiva y permitir que las existencias se
reconstruyan aumentaría la productividad y maximizaría los ingresos de la industria a largo plazo.
Tal acción, es necesaria para estabilizar tanto los recursos como la industria.
Por todo lo expuesto se considera oportuno la
aprobación del presente proyecto
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| INTERESES MARITIMOS, FLUVIALES, PESQUEROS Y PORTUARIOS (Primera Competencia) |