La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que a través de los organismos correspondientes instruya y promueva la inclusión profesional del Dr. Baltasar Garzón en instituciones públicas en el país, regionales o en organismos internacionales, cuyo objeto sea la defensa y promoción de los derechos humanos.

Asimismo, manifestar su preocupación por el fallo del Tribunal Supremo de España que condenó al Juez Dr. Baltasar Garzón a once (11) años de inhabilitación para ejercer su cargo. Y expresar su solidaridad con el magistrado por haber llevado a la práctica el principio de la jurisdicción universal frente a los crímenes del terrorismo de Estado.

Señor presidente:

El pasado 9 de febrero del corriente año la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo del Reino de España dictó sentencia en el marco de la causa especial Nº 20716/2009, destituyendo de su cargo al magistrado Baltasar Garzón Real, Juez del Juzgado Central del Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional española y condenándolo a once años de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado, con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares.

El Dr. Baltasar Garzón cuenta con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos y del principio de justicia universal. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en el ámbito nacional e internacional. Asimismo se ha involucrado en la actividad docente y ha publicado libros entre los que se destaca "Un mundo sin miedo" (2005). También ha sido condecorado con innumerable cantidad de premios, entre ellos, "Premio Internacional Paz y Solidaridad" de la Fundación Ignis Ardens de Roma (1995).

Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979, aprobó las oposiciones para juez en 1981. Desempeñó diversas funciones judiciales, hasta que en 1988 tomó posesión como magistrado del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional.

Desde dicho ámbito ha participado en importantes investigaciones sobre narcotráfico, la organización terrorista ETA y su entorno, el terrorismo de Estado -entre las que se destaca el de los autodenominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)-, y casos de lavado de dinero.

En este sentido es ineludible la labor del Juez Baltasar Garzón en el campo de los Derechos Humanos, sobre todo por ser quien ha promovido con énfasis y en reiteradas ocasiones la aplicación de la doctrina de la jurisdicción universal, aquella que permite juzgar los crímenes de lesa humanidad en más de 125 países, sin importar la jurisdicción del delito.

El Juez Garzón fue reconocido internacionalmente por promover una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión Chilena de la Verdad (1990-1991) y en el caso "Caravana de la Muerte" instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.

En relación a nuestro país, Garzón en ejercicio de su jurisdicción levantó cargos de genocidio contra represores argentinos por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura de 1976-1983. Cabe señalar al respecto que durante mucho tiempo las investigaciones de estos mismos crímenes realizadas en Argentina fueron silenciadas con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos del gobierno de Carlos Saúl Menem.

En el año 1996 el Juez Garzón hizo lugar a una denuncia por genocidio contra militares argentinos presentada por Carlos Castresana, miembro de la Unión Progresista de Fiscales españoles. De esta manera, las voces de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y sociales, encontraron en España un lugar donde ser escuchadas.

El resultado de ese proceso llegó en abril de 2005, cuando la Audiencia Nacional de España condenó al represor Adolfo Scilingo a 640 años de prisión, siendo ésta la primera condena penal a un militar argentino en el extranjero. El juicio dejó no sólo una marca en la historia judicial universal, sino también abrió el camino para conocer en detalle el plan sistemático que se aplicó en la ESMA para secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos argentinos. Esta actuación del magistrado español hizo efectivo el valor de la doctrina de la Justicia Universal. Así Garzón dejó en claro que los derechos humanos están vigentes en cualquier tiempo y lugar.

En el año 2008 el Juez Garzón comenzó a recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir de la victoria franquista en la Guerra Civil Española. El 16 de octubre del 2008, Garzón emitió el primer auto declarándose competente y justificando su intención de investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Francisco Franco, instruyendo la apertura de diecinueve fosas comunes diseminadas en todo el país, entre ellas en la que se supone se encuentra enterrado el poeta Federico García Lorca.

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo puede interpretarse como una forma de persecución política hacia el Dr. Garzón, ya que no solo se lo destituye e inhabilita, sino que también se lo priva de los beneficios previsionales. Con ello se pretende poner fin a la carrera profesional de un magistrado que representa el modelo de justicia basado en la defensa de los derechos humanos, la verdad y la memoria.

Por lo expuesto, y por la deuda de gratitud que el pueblo argentino tiene para con este juez -que se atrevió a investigar y juzgar a los genocidas de las peores dictaduras de nuestra historia- , es que resulta necesario que esta Honorable Cámara le encomiende al Poder Ejecutivo Nacional realizar las gestiones pertinentes para instruir y promover la inclusión profesional del Dr. Baltasar Garzón, en instituciones públicas en el país y/o en organismos internacionales, cuyo objeto sea la promoción y defensa de los derechos humanos.

El basamento sólido del edificio institucional democrático solo puede emerger de la verdad sobre los hechos ocurridos y los crímenes perpetrados, de la memoria precisa sobre las circunstancias, autores y victimas de tales crímenes y de la justicia como reparación material y restitución simbólica de lo que una violencia masiva, brutal e injusta, expresión de una deshumanización extrema, produjera.

En este sentido, resulta imprescindible e impostergable una acción política e institucional ante esta tropelía judicial configurada con sibilinas argumentaciones y funestas conclusiones.

Corresponde a esta Honorable Cámara recordar que aquellos que clamaban en nuestro país por la firma de pactos de transición democrática "a la española" fueron los mismos que impulsaron reconciliaciones sin justicia, ni verdad, ni memoria. Y recordar con agradecimiento a quienes no lo permitieron.

Los pactos institucionales de transición con olvido de los terribles crímenes cometidos, con silencios y acuerdos de impunidad para sus perpetradores, muestran en este caso su resultado oprobioso. Los herederos y beneficiarios reales de aquel régimen han mostrado la fuerza operativa política y judicial necesaria para clausurar el intento del Juez Baltasar Garzón de llevar adelante la reparación histórica frente a los crímenes cometidos. Esta injusticia merece ser reparada.

Es por lo expuesto que solicito a mis distinguidos colegas me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.