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PROYECTO DE TP
Expediente 0126-D-2009
Sumario: REGIMEN DE SALUD MENTAL.
Fecha: 02/03/2009
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 1
El Senado y Cámara de Diputados...
LEY NACIONAL DE SALUD
MENTAL
CAPÍTULO I
DERECHOS Y
GARANTÍAS
Artículo 1°.- La presente ley tiene por
objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y
el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se
encuentran en el Territorio Nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más
beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º.- Se consideran parte
integrante de la presente ley los " Principios de Naciones Unidas para la Protección de
los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental",
adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de
1991. Asimismo, la "Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la
Salud y de la Organización Mundial de la Salud, para la Reestructuración de la Atención
Psiquiátrica dentro de los Sistemas Locales de Salud ", del 14 de noviembre de 1990 y
los "Principios de Brasilia Rectores para el Desarrollo de la Atención en Salud Mental en
las Américas", del 9 de noviembre de 1990, se consideran instrumentos de orientación
para la planificación de políticas públicas.
CAPÍTULO II
DEFINICIÓN
Art. 3°.- En el marco de la presente ley
se reconoce a la salud mental, como un proceso determinado por componentes
históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y
mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de
los derechos humanos y sociales de toda persona.
Se debe partir de la presunción de
capacidad de todas las personas.
En ningún caso puede hacerse diagnóstico
en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de:
a) Status político, socioeconómico,
pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso.
b) Demandas familiares, laborales,
falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o
creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona.
c) Elección o identidad sexual.
d) La mera existencia de
antecedentes de tratamiento u hospitalización.
Art. 4º.- Las adicciones deben ser
abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso
problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se
establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.
Art. 5º.- La existencia de diagnóstico en
el campo de la salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o
incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de
cada situación particular en un momento determinado.
CAPÍTULO III
ÁMBITO DE
APLICACIÓN
Art. 6º.- Los servicios y efectores de salud
públicos y privados, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, deben adecuarse a los
principios establecidos en la presente ley.
CAPÍTULO IV
DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON PADECIMIENTO MENTAL
Art. 7º.- El Estado reconoce a las
personas con padecimiento mental, los siguientes derechos:
a) Derecho a recibir atención
sanitaria y social integral y humanizada, a partir del acceso gratuito, igualitario y
equitativo a las prestaciones e insumos necesarios, con el objeto de asegurar la
recuperación y preservación de su salud.
b) Derecho a conocer y preservar su
identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia;
c) Derecho a recibir una atención
basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos.
d) Derecho a recibir tratamiento y a
ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus
derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria.
e) Derecho a ser acompañado antes,
durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona
con padecimiento mental designe;
f) Derecho a recibir o rechazar
asistencia o auxilio espiritual o religioso;
g) Derecho del asistido, su abogado,
un familiar o allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas
e historias clínicas;
h) Derecho a que en el caso de
internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean
supervisadas periódicamente por el Órgano de Revisión;
i) Derecho a no ser identificado ni
discriminado por un padecimiento mental actual o pasado ;
j) Derecho a ser informado de
manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten, y de todo lo inherente
a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo
las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente
se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales;
k) Derecho a poder tomar decisiones
relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades;
l) Derecho a recibir un tratamiento
personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido
siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de
comunicación;
m) Derecho a no ser objeto de
investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento
fehaciente;
n) Derecho a que el padecimiento
mental. no sea considerado un estado inmodificable
o) Derecho a no ser sometido a
trabajos forzados.
p) Derecho a recibir una justa
compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como
laborterapia o trabajos comunitarios, que impliquen producción de objetos, obras o
servicios, que luego sean comercializados.
CAPITULO V
MODALIDAD DE ABORDAJE
Art. 8º.- Debe promoverse que la
atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por
profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la
autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social,
enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes.
Art. 9 º.- El proceso de atención debe
realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de
un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención
primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos
sociales.
Art. 10.- Por principio rige el
consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones
y garantías establecidas en la presente ley.
Las personas con discapacidad tienen
derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su
comprensión.
Art. 11º: La Autoridad de Aplicación debe
promover que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las
áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen
acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe
promover el desarrollo de dispositivos tales como: consultas ambulatorias; servicios de
inclusión social y laboral para personas después del alta institucional; atención
domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios;
servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones
tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de
capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familias sustitutas.
Art. 12.- La prescripción de medicación
sólo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento
mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo,
por conveniencia de terceros, o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico
o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos sólo
puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma
automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en
el marco de abordajes interdisciplinarios.
CAPÍTULO VI
DEL EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO
Art. 13.- Los profesionales con título de
grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y
gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el
cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la
salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen
derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual
se deben desarrollar políticas específicas.
CAPÍTULO VII
INTERNACIONES
Art. 14.- La internación es considerada
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, y sólo puede llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones
realizables en su entorno familiar, comunitario o social. Debe promoverse el
mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con
sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, salvo en aquellas excepciones
que por razones terapéuticas debidamente fundadas establezca el equipo de salud
interviniente.
Art. 15.- La internación debe ser lo más
breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución
del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario debe
registrarse a diario en la historia clínica. En ningún caso la internación puede ser
indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el
Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos
competentes.
Art. 16.- Toda disposición de internación,
dentro de las cuarenta y ocho (48 ) horas, debe cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Evaluación, diagnóstico
interdisciplinario e integral y motivos que justifican la internación, con la firma de al
menos dos profesionales del servicio asistencial donde se realice la internación, uno de
los cuales debe ser necesariamente psicólogo o médico psiquiatra.
b) Búsqueda de datos disponibles
acerca de la identidad y el entorno familiar.
c) Consentimiento informado de la
persona o del representante legal cuando corresponda. Sólo se considera válido el
consentimiento cuando se presta en estado de lucidez y con comprensión de la
situación, y se considerará invalidado si durante el transcurso de la internación dicho
estado se pierde, ya sea por el estado de salud de la persona o por efecto de los
medicamentos o terapéuticas aplicadas. En tal caso deberá procederse como si se
tratase de una internación involuntaria.
Art. 17.- En los casos en que la
persona no estuviese acompañada por familiares o se desconociese su identidad, la
Institución que realiza la internación en colaboración con los organismos públicos que
corresponda, debe realizar las averiguaciones tendientes a conseguir datos de los
familiares o lazos afectivos que la persona tuviese o indicase, o esclarecer su identidad,
a fin de propiciar su retorno al marco familiar y comunitario lo antes posible. La
Institución debe brindar colaboración a los requerimientos de información que solicite el
Órgano de Revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.
Art. 18.- La persona internada bajo su
consentimiento podrá en cualquier momento decidir por si misma el abandono de la
internación. En todos los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por
más de sesenta (60) días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al
Órgano de Revisión creado en el artículo 38 y al Juez. El Juez debe evaluar en un plazo
no mayor de cinco (5) días de ser notificado, si la internación continua teniendo
carácter voluntario o si la misma debe pasar a considerarse involuntaria, con los
requisitos y garantías establecidas para esta última situación. En caso de que la
prolongación de la internación fuese por problemáticas de orden social, el Juez deberá
ordenar al órgano administrativo correspondiente la inclusión en programas sociales y
dispositivos específicos y la externación a la mayor brevedad posible, comunicando
dicha situación al Órgano de Revisión creado por esta ley.
Art 19º: El consentimiento obtenido o
mantenido con dolo, debidamente comprobado por autoridad judicial, o el
incumplimiento de la obligación de informar establecida establecida en los capítulos VII
y VIII de la presente ley, harán pasible al profesional responsable y al Director de la
Institución de las acciones civiles y penales que correspondan.
Art. 20.- La internación involuntaria de una
persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean
posibles los abordajes ambulatorios, y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo
de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que
proceda la internación involuntaria además de los requisitos comunes a toda
internación, debe hacerse constar:
a) Dictamen profesional del servicio
asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e
inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos
profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o
vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico
psiquiatra.
b) Ausencia de otra alternativa eficaz
para su tratamiento.
c) Informe acerca de las instancias
previas implementadas si las hubiera.
Art 21º: La internación involuntaria
debidamente fundada debe notificarse obligatoriamente en un plazo de diez (10) horas
al Juez competente y al órgano de Revisión, debiendo agregarse a las cuarenta y ocho
(48) horas como máximo todas las constancias previstas en el artículo 20. El Juez en
un plazo máximo de tres (3) días corridos de notificado debe:
a) autorizar, si evalúa que están
dadas las causales previstas por esta ley,
b) requerir informes ampliatorios de
los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la
evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que
justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria, y/ó
c) denegar, en caso de evaluar que
no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo
caso debe asegurar la externación de forma inmediata.
El Juez sólo puede ordenar por sí mismo
una internación involuntaria cuando, cumplidos los requisitos establecidos en el artículo
20, el servicio de salud responsable de la cobertura, se negase a realizarla.
Art. 22.- La persona internada
involuntariamente o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado. Si no
lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El
defensor podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier
momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo
momento.
Art. 23.- El alta, externación o permisos
de salida son facultad del equipo de salud que no requiere autorización del Juez. El
mismo deberá ser informado si se tratase de una internación involuntaria, o voluntariz
ya informada en los términos de los artículos 18 ó 26 de la presente ley. El equipo de
salud está obligado a externar a la persona o transformar la internación en voluntaria,
cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 16 apenas cesa la situación de
riesgo cierto e inminente. Queda exceptuado de lo dispuesto en el presente artículo,
las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el art. 34 del Código
Penal.
Art. 24.- Habiendo autorizado la
internación involuntaria, el Juez debe solicitar informes con una periodicidad no mayor a
treinta (30) días corridos a fin de re-evaluar si persisten las razones para la continuidad
de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación.
Si transcurridos los primeros noventa (90)
días y luego del tercer informe continuase la internación involuntaria, el juez deberá
pedir al Órgano de Revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya
intervenido hasta el momento, y en lo posible independiente del servicio asistencial
interviniente, a fin de obtener una nueva evaluación. En caso de diferencia de criterio,
optará siempre por la que menos restrinja la libertad de la persona internada.
Art. 25.- Transcurridos los primeros siete
(7) días en el caso de internaciones involuntarias el Juez, dará parte al Órgano de
Revisión que se crea en el artículo 38 de la presente ley.
Art. 26.- En caso de internación de
personas menores de edad o declaradas incapaces, se debe proceder de acuerdo a lo
establecido por los artículos 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de la presente Ley. En el caso de
niños, niñas y adolescentes además, se procederá de acuerdo a la normativa nacional e
internacional de protección integral de derechos
Art. 27.- Queda prohibida por la presente
ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación
monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes se deben adaptar a
los objetivos y principios expuestos, hasta su sustitución definitiva por los dispositivos
alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso puede significar reducción de
personal ni merma en los derechos adquiridos de los mismos.
Art. 28.- Las internaciones de salud mental
deben realizarse en hospitales generales. A tal efecto los hospitales de la red pública
deben contar con los recursos necesarios. El rechazo de la atención de pacientes, ya sea
ambulatoria o en internación, por el sólo hecho de tratarse de problemática de salud
mental, será considerado acto discriminatorio en los términos de la Ley 23592.
Art. 29.- A los efectos de garantizar los
derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, los
integrantes, profesionales y no profesionales del equipo de salud son responsables de
informar, al Órgano de Revisión creado por la presente ley y al Juez competente, sobre
cualquier sospecha de irregularidad que implicara un trato indigno o inhumano a
personas bajo tratamiento, o limitación indebida de su autonomía. La sola
comunicación a un superior jerárquico dentro de la institución no relevará al equipo de
salud de tal responsabilidad si la situación irregular persistiera. Dicho procedimiento se
podrá realizar bajo reserva de identidad y contará con las garantías debidas del
resguardo a su fuente laboral y no será considerado como violación al secreto
profesional.
Debe promoverse la difusión y el
conocimiento de los principios, derechos y garantías reconocidos y las responsabilidades
establecidas en la presente ley a todos los integrantes de los equipos de salud, dentro
de un lapso de noventa (90) días de la sanción de la presente ley, y al momento del
ingreso de cada uno de los trabajadores al sistema.
CAPÍTULO VIII
DERIVACIONES
Art. 30.- Las derivaciones para
tratamientos ambulatorios o de internación que se realicen fuera del ámbito comunitario
donde vive la persona sólo corresponden si se realizan a lugares donde la misma cuenta
con mayor apoyo y contención social o familiar. Los traslados deben efectuarse con
acompañante del entorno familiar o afectivo de la persona. Si se trata de derivaciones
con internación, debe procederse del modo establecido en el Capítulo VII de la presente
Ley. Tanto el servicio o institución de procedencia como el servicio o institución de
destino, están obligados a informar dicha derivación al Órgano de Revisión, cuando no
hubiese consentimiento de la persona.
CAPÍTULO IX
AUTORIDAD DE
APLICACIÓN
Art. 31.- El Ministerio de Salud de la
Nación es la autoridad de aplicación de la presente Ley, a partir del área específica que
designe o cree a tal efecto, la que debe establecer las bases para un Plan Nacional de
Salud Mental acorde a los principios establecidos.
Art. 32.- En forma progresiva y en un
plazo no mayor a tres (3) años a partir de la sanción de la presente ley, el Poder
Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas
destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10%) del
presupuesto total de salud. Se promoverá que las Provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires adopten el mismo criterio.
Art. 33.- La autoridad de aplicación debe
desarrollar recomendaciones dirigidas a las Universidades Públicas y Privadas, para que
la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde con los
principios, políticas y dispositivos que se establezcan en cumplimiento de la presente
Ley, haciendo especial hincapié en el conocimiento de las normas y tratados
internacionales en derechos humanos y salud mental. Asimismo, debe promover
espacios de capacitación y actualización para profesionales, en particular para los que se
desempeñen en servicios públicos de salud mental en todo el país
Art. 34.- La autoridad de aplicación debe
promover, en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la
colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y
supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.
Art. 35.- Dentro de los ciento ochenta
(180) días corridos de la sanción de la presente Ley, la autoridad de aplicación debe
realizar un Censo Nacional en todos los centros de internación en salud mental del
ámbito público y privado para relevar la situación de las personas internadas,
discriminando datos personales, sexo, tiempo de internación, existencia o no de
consentimiento, situación judicial, situación social y familiar, y otros datos que considere
relevantes. Dicho Censo debe reiterarse con una periodicidad máxima de dos años y se
debe promover la participación y colaboración de las jurisdicciones para su
realización.
Art. 36.- La autoridad de
aplicación, en coordinación con los Ministerios de Educación, Desarrollo Social y
Empleo, Trabajo y Seguridad Social, debe desarrollar planes de prevención en Salud
Mental y planes específicos de inserción socio-laboral para personas con padecimiento
mental. Dichos planes, así como todo el desarrollo de la política en salud mental, deberá
contener mecanismos claros y eficientes de participación comunitaria, en particular de
organizaciones de usuarios y familiares de los servicios de salud mental. Se promoverá
que las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo
criterio.
Art. 37.- La autoridad de aplicación, en
coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud, debe promover la
adecuación de la cobertura en salud mental de las obras sociales a los principios
establecidos en la presente ley, en un plazo no mayor a los noventa (90) días corridos a
partir de la sanción de la presente.
CAPÍTULO X
ÓRGANO DE REVISION
Art. 38.- Créase en el ámbito del Ministerio
Público de la Defensa el Órgano de Revisión con el objeto de proteger los derechos
humanos de los usuarios de los servicios de salud mental.
Art. 39.- El Órgano de Revisión debe ser
multidisciplinario, y estará integrado por representantes del Ministerio de Salud de la
Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, del Ministerio Público de la
Defensa, de asociaciones de usuarios y familiares del sistema de salud, de los
profesionales y otros trabajadores de la salud y de organizaciones no gubernamentales
abocadas a la defensa de los derechos humanos.
Art. 40.- Son funciones del Órgano de
Revisión
a) Requerir información a las
instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan
los tratamientos.
b) Supervisar de oficio o por denuncia
de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito
público y privado.
c) Evaluar que las internaciones
involuntarias se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del
tiempo mínimo necesario, pudiendo realizar las denuncias pertinentes en caso de
irregularidades y eventualmente, apelar las decisiones del Juez.
d) Controlar que las derivaciones que
se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones
establecidos en el artículo 30de la presente ley.
e) Informar a la autoridad de
aplicación periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las
modificaciones pertinentes.
f) Requerir la intervención judicial
ante situaciones irregulares
g) Hacer presentaciones ante el
Consejo de la Magistratura o el Organismo que en cada jurisdicción evalúe y sancione la
conducta de los jueces en las situaciones en que hubiera irregularidades.
h) Realizar recomendaciones a la
autoridad de aplicación.
i) Realizar propuestas de
modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos
humanos
j) Promover y colaborar para la
creación de Órganos de Revisión en cada una de las jurisdicciones, sosteniendo
espacios de intercambio, capacitación y coordinación, a efectos del cumplimiento
eficiente de sus funciones.
k) Controlar el cumplimiento de la
presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de los
usuarios del sistema de salud mental.
l) Velar por el cumplimiento de los
derechos de las personas en procesos de declaración de inhabilidad y durante la
vigencia de dichas sentencias.
CAPÍTULO XI
CONVENIOS DE
COOPERACIÓN CON LAS PROVINCIAS
Art. 41.- El Estado Nacional debe
promover convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones
conjuntas tendientes a implementar los principios expuestos en la presente ley. Dichos
convenios incluirán:
a) Cooperación técnica, económica y
financiera de la Nación para la implementación de la presente ley.
b) Cooperación para la realización de
programas de capacitación permanente de los equipos de salud, con participación de las
universidades.
c) Asesoramiento para la creación en
cada una de las jurisdicciones de áreas específicas para la aplicación de políticas de
salud mental, las que actuarán en coordinación con la autoridad de aplicación nacional
de la presente ley.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 42.- Incorpórase como art. 152 ter
del Código Civil
"152 ter. Las declaraciones
judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de
facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por
más de tres años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando
que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible".
Art. 43.- Sustituyese el art. 482 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
" 482. No podrá ser privado de
su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o
adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para si o para terceros,
quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio
asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer
el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por
padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e
inminente para si o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el
artículo 144 el juez podrá previa información sumaria, disponer la evaluación de un
equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de
enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos
adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad."
Art. 44.- Derógase la Ley 22914.
Art. 45.- La presente ley es de orden
público.
Art. 46.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente Proyecto de Ley Nacional de
Salud Mental tiene como antecedentes más próximos el Proyecto de Ley que hemos
presentado en el año 2007 (Expediente 276-D-07) y el Dictamen conjunto de las
Comisiones de Acción Social y Salud Pública, Legislación General y Justicia de esta
Honorable Cámara de Diputados, aprobado con modificaciones el 9 de diciembre de
2008 (incluido en la Orden del Día 1625 del 16 de diciembre de 2008), que recoge gran
parte de los aportes, modificaciones y propuestas que surgieron en el proceso de debate
del marco normativo con los actores involucrados en el campo de Salud Mental y
Derechos Humanos.
Dichos debates y aportes, no solamente
han enriquecido la propuesta inicial, sino que cabe considerarlos como una parte
constitutiva del proyecto que hoy estamos presentando nuevamente.
Destacamos el continuo acompañamiento y
aportes de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la Nación; de la Organización Panamericana de la Salud; del
Centro de Estudios Legales y Sociales; del Consejo General de Salud Mental de la ciudad
de Buenos Aires; del Movimiento Social de Desmanicomialización y Transformación
Institucional; y de muchos otros referentes latinoamericanos e internacionales;
autoridades nacionales, provinciales y municipales en la materia, legisladores y jueces
nacionales; otros integrantes de organismos de derechos humanos; autoridades e
integrantes de equipos e instituciones de salud; investigadores y docentes de
universidades públicas; integrantes de asociaciones de familiares y usuarios de atención
en Salud Mental.
Asimismo, entendemos que la activa
participación en este proceso, da cuenta de la sentida necesidad de avanzar en una
Legislación Nacional que consolide el cuidado en Salud Mental como un derecho
humano fundamental para todas las personas, en concordancia con normativas de
referencia en Salud Mental y Derechos Humanos a nivel internacional.
Este compromiso compartido, se
materializó también en la realización de la Jornada "Hacia Una Ley Nacional de Salud
Mental", convocada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y que tuvo lugar el pasado 30 de junio de 2008, en
el Auditorio y Salones del Congreso de la Nación Argentina. Dicha Jornada, fue
inaugurada por los Dres. Eduardo Luis Duhalde, Secretario de Derechos Humanos de la
Nación, Juan H. Sylvestre Begnis, Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud
Pública de la Cámara de Diputados de la Nación; y mi participación como autor del
Proyecto de Ley puesto a consideración y contó en el cierre con la presencia del Dr.
Juan Carlos Nadalich, a cargo de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios del
Ministerio de Salud de la Nación. Participaron en carácter de panelistas los Dres. Hugo
Cohen, Asesor Sub-Regional de Salud Mental, América del Sur (OMS-OPS); Itzahak
Levav, Representante de la Organización Mundial de la Salud; Antonio Eduardo Di
Nanno, Coordinador de Unidad Coordinadora, Ejecutora de Salud Mental y
Comportamiento Saludable del Ministerio de Salud de la Nación; Vicente Galli, Ex -
Director de Salud Mental de la Nación; José Luis Galmarini, Juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil. Nacional en lo Civil; los Lic. Victoria Martínez, Directora
Nacional de Asistencia Directa a Personas y Grupos Vulnerables de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, Dr. Antonio Eduardo Di Nanno, Coordinador de
Unidad Coordinadora, Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable del
Ministerio de Salud de la Nación; Ángel Barraco, referente del consejo General de Salud
Mental de la ciudad de Buenos aires y Co-coordinador del Movimiento Social de
Desmanicomialización y Transformación Institucional y Roxana Amendolaro, en
representación del Centro de Estudios Legales y Sociales.
En dicha Jornada se analizaron en
profundidad algunos de los ejes que debe necesariamente incluir una Ley Nacional de
Salud Mental, para apuntarlar las transformaciones de instituciones y prácticas que son
necesarias. Así, se trabajó conjuntamente con referentes académicos, autoridades
sanitarias e institucionales, profesionales y otros trabajadores del sector, usuarios y
familiares de personas con padecimiento mental, sobre la problemática de las
internaciones involuntarias, la situación y declaración de incapacidad de personas con
padecimiento mental, la situación de las instituciones monovalentes y el abordaje
interdisciplinario que debe atravesar las diferentes intervenciones en este campo.
En estos años, el Proyecto de Ley Nacional
de salud Mental, también fue puesto a consideración en numerosos encuentros en
distintas instituciones y jurisdicciones del país, recibiendo sugerencias, aportes y el
valioso estímulo para continuar adelante en la concreción de este marco normativo.
Dentro de estos encuentros, recordamos las presentaciones y debates en los Congresos
de Salud Mental y Derechos Humanos convocados por la Asociación de Madres de Plaza
de Mayo, en las reuniones de la Mesa Nacional de Salud Mental, Justicia y Derechos
Humanos, en la reunión de la Mesa Federal de Derechos Humanos en la Provincia de
Neuquén, en las Jornadas Institucional con motivo del centenario de la Colonia Nacional
Montes de Oca en la provincia de Buenos Aires, en diversas Asociaciones de
Profesionales de Salud Mental, en ámbitos académicos, con organizaciones de usuarios
y familiares de personas con padecimiento mental.
Esta historia reciente no nos exime de
recordar y repasar la extensa historia de desarrollos conceptuales, políticas y prácticas
en el campo de la salud mental en nuestro país, con la producción de experiencias
alternativas al manicomio, pioneras en el ámbito latinoamericano, acompañadas por
"movimientos revindicadores" de los derechos de los enfermos mentales internados. En
la segunda mitad del siglo XX, Enrique Pichón Rivière desarrolló los fundamentos de la
psicología social en nuestro país. La creación de servicios de psicopatología en
hospitales generales fue, en los años 70, un avance técnico-político para el área de la
salud mental y significó una aceptación de la insuficiencia del modelo asilar tal como se
la desarrollaba en los hospitales monovalentes. Una experiencia relevante en este
sentido fue la que se desarrolló en el "Hospital Gregorio Aráoz Alfaro" de Lanús, con la
Dirección del Dr. Mauricio Goldemberg. Las transformaciones allí realizadas y las
concepciones innovadoras en lo relativo al tratamiento del problema de la salud mental,
permitieron la constitución de un marco teórico-técnico y político-sanitario que
trascendió el ámbito médico para incorporar y legitimar, por primera vez, la presencia
de otras disciplinas, y por tanto de otros encuadres terapéuticos. La dictadura militar
- como en todas las áreas de la vida social y política de nuestro país - produjo un
abismo que desarticuló estos procesos, junto con el saldo en víctimas de trabajadores
de esas y otras instituciones.
A partir de la apertura democrática que
viviera nuestro país desde 1983, la salud mental fue caracterizada como una de las
prioridades del sector salud. En este período se puso en marcha rápidamente un
proyecto de organización nacional del área. Así fue como se crearon los denominados
"programas participativos nacionales", que instalaron la cuestión de la
desinstitucionalización. La propuesta fue acompañada por grupos de profesionales que
intentaban poner en el primer plano del escenario político sanitario la discusión acerca
de la institución manicomial. Se planteó la democratización de las relaciones de poder
institucional, a través de la generación de cambios sustantivos en los modelos de
abordaje. Esta iniciativa posibilitó la creación de propuestas alternativas en los servicios
y una fuerte tendencia a la disminución de las internaciones en los manicomios. En
distintos lugares se iniciaron experiencias puntuales de modificaciones en las prácticas
asistenciales, principalmente en salas de pacientes crónicos, intentándose modelos más
abiertos en el seno de la institución (asambleas, trabajos grupales, talleres, etc.) e
implementando estrategias extramuros (trabajo con familias, articulación
interinstitucional). Los avances que se lograron en ese contexto fueron significativos.
En primer lugar, se consolidó un "acuerdo político-técnico" que posibilitó la creación de
direcciones y/o programas de salud mental en el 90% de las jurisdicciones, además de
la construcción de un "foro federal ínter partidario, interdisciplinario e intersectorial" y la
organización de una "red de servicios asistenciales estatales". Asimismo se avanzó en la
capacitación de "equipos de conducción" de las direcciones y/o programas provinciales y
en la capacitación de funcionarios del área Metropolitana y provincia de Buenos Aires.
También se desarrollaron seminarios para los trabajadores (profesionales y no
profesionales) tanto desde la Nación, como desde las provincias y/o regiones. Un hecho
importante en la capacitación lo constituyó la creación de la "Residencia Nacional
Interdisciplinaria en Salud Mental", dirigida a médicos, psicólogos, trabajadores sociales,
trapistas ocupacionales y enfermeros con inserción en los centros de salud y los
hospitales generales.
A partir de la década de los 90s este
proceso comenzó a desarticularse. La Dirección Nacional vio relegada su injerencia en la
generación de políticas en el área y los programas pasaron a ser responsabilidad de
cada provincia. En ese contexto en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, esa
Dirección pasó a ser Instituto de Salud Mental, para posteriormente convertirse en
Unidad Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable.
A pesar de ello, en las distintas
jurisdicciones se continuaron desarrollando experiencias -algunas muy incipientes, otras
con mayor grado de consolidación- que implementaron prácticas alternativas a la
internación psiquiátrica, de los cuales los ejemplos más acabados de este modelo son la
provincia de Río Negro y la de San Luis.
También la Provincia de Tierra del Fuego
ha sostenido un modelo de atención no manicomial, en base a servicios de salud mental
en los Hospitales Generales con un dispositivo de internación compartido y de carácter
breve. La muy escasa tasa de derivaciones que se generan desde el Hospital Regional
de Ushuaia demuestra como, en un contexto de relativo buen funcionamiento de los
distintos dispositivos estatales, es posible sostener un modelo sin instituciones
cerradas.
En nuestros días, la problemática de la
salud-enfermedad atención mental se visibiliza como un problema relevante para la
salud pública y requiere ser abordado tanto en su especificidad como en forma integral
como parte indisoluble del Derecho a la Salud y los Derechos Humanos en general de
todas las personas.
Para dar contenido a esta urgencia sólo
basta mirar algunos datos de estudios de referencia internacional. Según el Informe de
la Salud en el mundo de la Organización Mundial de Salud (OMS) del año 2001, se
estima que el 25% de la población mundial padece uno o más trastornos mentales o de
comportamiento a lo largo de su vida; que una de cuatro familias tiene al menos uno
de sus miembros con padecimientos mentales (OMS, 2001); que la cargas que
representa el familiar enfermo no es sólo emocional sino económica y que el impacto de
la enfermedad mental es además de negativa, prolongada (UK 700 Group, 1999).
Según datos preliminares PROSAM- MSN,
en la Argentina existen 54 instituciones con internamiento crónico: 1 colonia nacional;
11 colonias y 42 hospitales psiquiátricos provinciales. La cantidad de personas
internadas en instituciones públicas estatales es de alrededor de 21.000 (14.000 en
colonias y 7.000 en hospitales psiquiátricos)
El Informe "Vidas Arrasadas - La
segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos - Un Informe sobre
Derechos Humanos y Salud Mental en Argentina" producto de una investigación llevada
a cabo en nuestro país por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mental
Disability Rights International (MDRI) durante los años 2004-2007, denuncia la
persistencia de situaciones de negligencia, abuso y privación de libertad de personas por
causa de su padecimiento mental.
Al mismo tiempo, investigaciones en
nuestro país y en el mundo alertan sobre el uso y abuso de psicofármacos para tratar
situaciones o problemáticas conflictivas, que profundizan la "medicalización" de la vida
cotidiana, a partir de edades cada vez más tempranas. Es así, como en tiempos
históricos de profunda desigualdad en condiciones materiales de vida de la población en
el mundo y marcadas inequidades en el acceso a derechos básicos como la
alimentación, el cuidado de la salud, el trabajo, se procura reducir el malestar y
encuadrarlos bajo rótulos psicopatológicos, mayoritariamente funcionales al orden social
hegemónico y a los intereses de la industria farmacéutica.
Lo hasta aquí reseñado, son sólo algunas
miradas posibles de la problemática salud-enfermedad-atención mental, que requiere en
forma imprescindible ser reconocido en su complejidad y abordado
interdisciplinariamente.
Continuar, promover y afianzar políticas,
acciones, investigación, a nivel nacional es una deuda que aún tiene el Estado Nacional
en el marco de la defensa de los Derechos Humanos de las personas con padecimiento
mental.
Como señalara el Dr. Eduardo Luis Duhalde
en la Apertura de la Jornada del 30 de junio del año pasado "...Si bien nadie hoy teoriza
a favor del status-quo, este se impone por fuerza de la inercia, pese a los esfuerzos y
reclamos de los profesionales y auxiliares de las distintas áreas de la salud mental, y de
las organizaciones no gubernamentales específicas. Lo cierto es que la falta de una Ley
sobre la Salud Mental, es una de las grandes deudas del Parlamento argentino, que es
hora de saldar positivamente..."
En el contexto internacional, si bien no
existen instrumentos internacionales específicos de Salud Mental vinculantes para
nuestro país, reconocemos como marcos de referencia muy valiosos los "Principios para
la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la
Salud Mental", adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1991 y la "Declaración de Caracas", en el marco de la OEA., adoptada por aclamación
por la Conferencia Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina, entre
otros.
En nuestro país, contamos con
antecedentes de varias legislaciones jurisdiccionales. A título de ejemplo, la ley 2440 del
año 1991 de la provincia de Río Negro, la ley 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sancionada en el año 2000, constituyen modelos de avance en términos de
reconocimiento del derecho de acceso a la salud y la defensa de los derechos humanos
de las personas con padecimiento mental. Asimismo, se han presentado y están siendo
discutidos proyectos de Ley de Salud Mental en varias provincias de nuestro país, como
en la provincia de Buenos Aires, Chubut, entre otros, con gran coincidencia de ideas y
propuestas.
También queremos precisar, un capítulo
que consideramos relevante al momento de establecer un nuevo régimen en base al
derecho a la salud mental de las personas, y que contiene la modificación de algunos
artículos del Código Civil que tratan sobre la declaración judicial de inhabilitación e
incapacidad. Por un lado, porque contiene términos anacrónicos y discriminatorios para
designar a las personas con diferentes padecimientos psicológicos. Por otro lado, porque
restringe las evaluaciones profesionales al campo de la medicina, eludiendo la
interdisciplinariedad indispensable para una toma de decisión adecuada en un terreno
tan complejo como la restricción de la libertad y autonomía de las personas. A su vez la
redacción actual desconoce la particularidad de cada caso y peca de establecer el mismo
remedio para situaciones diferentes. En suma, esta modificación propuesta del Código
Civil tiende a considerar a las personas que deban ser declaradas incapaces como
sujetos de derecho, cuya singularidad es necesaria considerar y atender, y a restringir
su autonomía lo menos posible y por plazos también breves sujetos a revisión.
Por lo expuesto y con la vocación de
afianzar los avances realizados en la historia de nuestro país, consolidando a la Salud
Mental como un valor humano fundamental, y reconociendo que la protección de los
derechos sociales y humanos de las personas con trastornos mentales es una obligación
del Estado, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GORBACZ, LEONARDO ARIEL | TIERRA DEL FUEGO | SOLIDARIDAD E IGUALDAD (SI) - ARI (T.D.F.) |
| SYLVESTRE BEGNIS, JUAN HECTOR | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| SEGARRA, ADELA ROSA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| MERCHAN, PAULA CECILIA | CORDOBA | ENCUENTRO POPULAR Y SOCIAL |
| FEIN, MONICA HAYDE | SANTA FE | PARTIDO SOCIALISTA |
| IBARRA, VILMA LIDIA | CIUDAD de BUENOS AIRES | ENCUENTRO POPULAR Y SOCIAL |
| CORTINA, ROY | CIUDAD de BUENOS AIRES | PARTIDO SOCIALISTA |
| CIGOGNA, LUIS FRANCISCO JORGE | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
| TORFE, MONICA LILIANA | SALTA | RENOVADOR DE SALTA |
| STORNI, SILVIA | CORDOBA | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
| JUSTICIA |
Giro a comisiones en Senado
| Comisión |
|---|
| SALUD Y DEPORTE |
| LEGISLACION GENERAL |
| JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
| Fecha | Movimiento | Resultado |
|---|---|---|
| 06/10/2009 | DICTAMEN | Aprobado sin modificaciones con disidencias |
Dictamen
| Cámara | Dictamen | Texto | Fecha |
|---|---|---|---|
| Diputados | Dictamen Sin Nro. /2009 | CON 3 DISIDENCIAS PARCIALES | 14/10/2009 |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LA DIPUTADA TORFE (A SUS ANTECEDENTES) | ||
| Diputados | SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DE LA DIPUTADA STORNI (A SUS ANTECEDENTES) | ||
| Diputados | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 11/03/2009 | |
| Diputados | CITACION SESION ESPECIAL | 14/10/2009 | |
| Diputados | CONSIDERACION Y APROBACION | 14/10/2009 | MEDIA SANCION |
| Diputados | INSERCIONES DE LOS DIPUTADOS ARETA, BERTOL, BIANCHI, DIEZ Y GORBACZ | 14/10/2009 | |
| Diputados | MANIFESTACIONES | 14/10/2009 | |
| Senado | PASA A SENADO - | ||
| Senado | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON O SIN DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 18/11/2009 | |
| Senado | MOCION DE PREFERENCIA PARA LA PROXIMA SESION CON DICTAMEN (AFIRMATIVA) | 25/11/2009 | |
| Senado | MOCION SOBRE TABLAS (AFIRMATIVA) | 24/11/2010 | |
| Senado | MOCION CAMARA EN COMISION (AFIRMATIVA) | 24/11/2010 | |
| Senado | CONFERENCIA | 24/11/2010 | |
| Senado | CONSIDERACION Y SANCION | 24/11/2010 | SANCIONADO |
| Senado | INSERCIONES DE LOS SENADORES RIOFRIO, NEGRE DE ALONSO, PARRILLI, MORALES, GIUSTINIANI Y FELLNER | 24/11/2010 |