El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º: Los organismos estatales nacionales, las entidades estatales descentralizadas, las entidades autárquicas, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y cualquier otra entidad con o sin fines de lucro, que perciben el cobro de tasas o tarifas en concepto de servicios públicos nacionales, y las entidades sindicales nacionales con personería gremial, que reciben aportes, contribuciones o cualquier otra obligación originada en convenios colectivos de trabajo, deberán contemplar la opción de pago mediante el sistema de transferencia electrónica de fondos.

Artículo 2º: Las entidades sindicales cuando en razón de convenios colectivos de trabajo, contraten seguros con terceros, deberán incluir una cláusula que obligue a la contratada a instrumentar la opción prevista en el artículo anterior.

Artículo 3º: La presente ley se implementará dentro de los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 4º: Invitase a los Gobiernos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, a adherir a la presente norma en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Señor presidente:

En la actualidad la Administración Federal de Ingresos Públicos, distintos Gobiernos Provinciales y Municipales, prestadores de servicios públicos y privados y algunas entidades sindicales, entre otros, tienen previsto para la cancelación de deudas, entre sus modalidades de pago la transferencia electrónica de fondos.

No obstante ello numerosas entidades sindicales, y prestadores de servicios públicos, no han incorporado dicha modalidad de pago, lo que hace aconsejable establecer la obligatoriedad en beneficio del cliente.

Sin dudas la opción del pago electrónico facilita tanto al usuario, como así también al empleador que debe realizar el pago de los aportes y contribuciones sindicales, que en diversos casos tienen la obligación de pago en una única entidad bancaria, lo que provoca particularmente en muchos lugares del interior del país, la necesidad de traslado a otras ciudades.

Paralelamente no podemos dejar de mencionar que la implementación de la presente norma contribuirá a una mayor celeridad y seguridad.

Por los argumentos expuestos, se solicita la aprobación del presente proyecto.