El Senado y Cámara de Diputados...

REMUNERACIÓN POR POSGRADO

PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

Artículo 1°.- Incorpórese el punto 7, al inciso c) del artículo 24 de la ley n° 24.600:

7. Títulos de doctorado, maestrías o especializaciones que demanden uno o más años de estudios del cuarto nivel, obtenidos en universidades argentinas o del extranjero, 30% de la remuneración de la respectiva categoría.

Artículo 2°.- De forma.

Señor presidente:

El presente proyecto de ley tiene como fundamento, la capacitación de los trabajadores del HCDN en estudios post universitarios. La exigencia de contar con una educación de mayor calidad es una demanda de la sociedad actual, un imperativo del mundo en que estamos inmersos, para lo cual se requiere de mayor preparación. Como antecedente de este proyecto debo mencionar el del Diputado MC Alberto Herrera, Expte. 1165-D-01. En la misma línea, mi proyecto apunta a alentar a los empleados de esta casa a proseguir sus estudios, como forma de superación personal y social, incorporando un plus en los trabajadores que accedan a un título de posgrado.

Sabido es que las Instituciones de Educación Superior y las Universidades desempeñan un rol fundamental en la formación de recursos humanos de alto nivel. Nuestra tarea como legisladores nos reconoce inmersos en disímiles temas, de variado tenor y complejidad. Para responder adecuadamente a los requerimientos de nuestra ciudadanía, se constituye en una aspiración, el estudio y la adquisición del conocimiento, siendo una herramienta imprescindible de desarrollo en el campo legislativo. Nuestro desafío es el de enfrentar un mundo que se encuentra en permanente transformación y no pocas veces en contradicción. Debido a ello los legisladores necesitamos colaboradores competentes, con cada vez mayor grado de capacitación.

La sociedad moderna, se ha tornado dependiente en grado creciente del conocimiento. Un conocimiento que aumenta exponencialmente, lo que conlleva a la exigencia de una formación adecuada para conocer, comprender y operar en los fenómenos de las realidades sociales, incierto en un entorno rápidamente cambiante.

Asimismo, la creciente internacionalización de los mercados laborales en el ámbito profesional y técnico, exige que los diplomas otorgados en un país puedan ser reconocidos en los demás, de manera de facilitar la movilidad de la propia fuerza laboral más altamente calificada y de atraer a estudiantes del extranjero por lo cual la evaluación de la calidad de las instituciones y programas de Educación Superior se ha transformado en un imperativo de alcance mundial.

El cambio en la orientación de la valoración social se pone de manifiesto en los cambios de valores que ha experimentado la sociedad toda; hoy se enfatizan valores como la calidad de los productos, la competencia, la responsabilidad pública, la transparencia y la eficiencia. El usuario asume en propiedad su rol de "ciudadano" y exige bienes y servicios de calidad, incluyendo una legislación que satisfaga sus expectativas.

Los cambios y transformaciones del entorno de la educación superior repercuten de manera directa en los sistemas de gestión, dirección y organización de las instituciones de la República. Existe una exigencia social de información, derivada del interés que manifiestan las familias y los ciudadanos por la educación, se unen otros motivos relacionados con las condiciones económicas actuales. Se compartan o no las tesis de la Teoría del Capital Humano, no cabe duda de que la formación de las personas que participan en los procesos productivos constituye un factor fundamental para el desarrollo de los países. De ahí deriva una seria preocupación por formar y actualizar los conocimientos de los colaboradores del Legislador, por cuanto constituyen la oferta formativa básica al servicio del conjunto de la población.

En la actualidad, los recursos dedicados a educación suponen una parte tan importante de los presupuestos nacionales que su ritmo de crecimiento no parece fácilmente sostenible. Existiendo una clara conciencia de que dichos recursos no son ilimitados y de que los efectos de su distribución y empleo no son indiferentes, es lógico que crezca la demanda de información acerca de cómo se utilizan y qué resultados producen. De ahí se deriva, asimismo, el desarrollo de diversos modelos de rendición de cuentas, bien sea a cargo de los poderes públicos, de los profesionales o de los consumidores, según se efectúe su regulación respectivamente por el Estado, la sociedad civil o el mercado (Kogan, 1986).

Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de que la profundización del conocimiento conllevará a sabias y mejores leyes, es que solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.