La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la brevedad a través del organismo que corresponda sobre los siguientes puntos:

1. Si se ha establecido algún tipo de política concreta sea ella de tipo preventiva o represiva respecto a la trata de personas en el territorio nacional.

2. Si se ha previsto algún tipo de estudio que contenga estadísticas, lugares, zonas u otras características referidas al mencionado delito.

3. Si el Estado Nacional ha previsto algún tipo de ayuda o contención a las víctimas de tan aberrante delito, sea dada por lugares de alojamiento, ayuda profesional especializada u otras formas.

4. Si se está cumpliendo con la legislación internacional, que nuestro país se haya adherido, referida al tema en cuestión.

Señor presidente:

El concepto de tráfico o trata de personas se encuentra necesariamente diferenciado del contrabando o traslado ilícito de personas, ya que el primer concepto involucra la violación de los derechos humanos de la víctima en el marco de un proceso de abuso y explotación, esclavitud que incluye el uso de la fuerza u otros métodos de coerción, con destino, principalmente, al comercio de pornografía y prostitución ajena.

La trata de personas, y en particular de niños, niñas y adolescentes, se nutre de redes que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad social y de género, para la captación de personas, mediante engaños y abuso de confianza, cuando no de delitos como el secuestro.

El tráfico de personas es considerado uno de los tres negocios delictivos más redituables del planeta, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, aunque mucho menos abordado por los medios de comunicación que estos últimos. En la actualidad, Naciones Unidas estima que el tráfico de personas mueve actualmente entre 5 y 7 billones de dólares por año.

Nuestro país no es ajeno a este flagelo, y si bien no exhibe el grado de incidencia del delito de otros países de América latina y el Caribe, es preocupante el crecimiento de casos de prostitución de menores, esclavizadas en distintos centros urbanos de distintas provincias.

Han tomado estado público investigaciones sobre redes de pornografía infantil que promueven el turismo sexual hacia diferentes regiones, entre las que comienza a figurar la Argentina.

Si, como hemos señalado, además de la falta de un cuadro normativo que sancione y castigue el tráfico de personas con mayor dureza, juntamente con estrategias de las fuerzas de seguridad destinadas a mejorar la eficacia en el seguimiento de estos delitos, las redes de trata de niños, niñas y adolescentes, mayoritariamente mujeres, se nutre de la vulnerabilidad social de las víctimas, es que consideramos que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en la prevención de esos cuadros, que debe atender en forma prioritaria, para no incurrir en incumplimiento de sus compromisos internacionales en relación con los derechos humanos.

En tal sentido es que formulamos este pedido de informes, ya que es necesario contar con información, datos y seguimiento adecuado de la problemática de la trata de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a visualizar y estimar en su real dimensión el tráfico de personas. Asimismo, la prevención de este flagelo debe ser acompañada por el mejoramiento de las medidas persecutorias de estos delitos, constituyendo un abordaje integral del problema.

Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.